La administración concursal de Martinsa-Fadesa considera que la compra y posterior integración de Fadesa por parte de Martinsa fue una operación de "elevado riesgo", según consta en el informe que los tres administradores de la inmobiliaria en concurso de acreedores han presentado al juez. El informe indica que Martinsa tuvo que comprometer "una cifra muy cercana a sus recursos propios" para afrontar los gastos de la adquisición de Fadesa, "por lo que necesitó financiar el proyecto al completo". "Tarea ésta que, al menos, hay que considerar de elevado riesgo por depender su éxito de una evolución favorable del mercado inmobiliario", indican los administradores en su informe, entregado al juez el pasado martes, y al que tuvo acceso Europa Press.
Los administradores del concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa pedirán la anulación de parte del acuerdo suscrito por la inmobiliaria con sus bancos acreedores el pasado 7 de mayo, a través del que se refinanció una deuda de 4.000 millones de euros, por considerarlo perjudicial para la compañía. Así consta en el informe de los administradores concursales -al que tuvo acceso EFE el jueves-, que explica que lo que se pretende eliminar de ese acuerdo hace referencia a unas garantías que aún coleaban del préstamo sindicado de 4.100 millones concedido en febrero de 2007, con el que la inmobiliaria madrileña Martinsa pudo comprar a la gallega Fadesa.
Las cajas de ahorros españolas han sido las entidades financieras que más dinero prestaron a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, ya que representan el 78% de los 4.433 millones de euros que la inmobiliaria debe a la banca, y el 48,8% del total de deudas del grupo, que incluyen también a los dueños de los pisos. Así se desprende del listado de acreedores elaborado por los administradores concursales y presentado el pasado martes ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de La Coruña, junto al informe sobre la situación patrimonial de la compañía. El listado refleja que 32 cajas de ahorros tenían prestados 3.473 millones de euros a la inmobiliaria, que debe a 15 bancos acreedores 6.744,2 millones de euros. Caja de Madrid es el principal acreedor, con un total de 983,6 millones de euros adeudados. A continuación se mantiene La Caixa, con 684,6 millones de euros, seguida del grupo Bancaja -Bancaja y Banco de Valencia-, con 330,4 millones de euros; Caixa Galicia, con 325,05 millones; Caixa Catalunya, con 318,8 millones de euros.
Martinsa-Fadesa cuenta con activos inmobiliarios valorados en 7.733,4 millones de euros, según la valoración que acaban de realizar para la compañía las tres firmas independientes Tecnitasa, Valmesa y Thirsa, informó hoy la inmobiliaria. Este importe contrasta con la valoración de 8.672 millones de euros a la que ascendía la suma de los activos inmobiliarios de Fadesa y Martinsa a cierre de 2007.
Martinsa-Fadesa cuenta con activos inmobiliarios valorados en 7.733,4 millones de euros, según la valoración que acaban de realizar para la compañía las tres firmas independientes Tecnitasa, Valmesa y Thirsa, informó hoy la inmobiliaria.
Este importe contrasta con la valoración de 8.672 millones de euros a la que ascendía la suma de los activos inmobiliarios de Fadesa y Martinsa a cierre de 2007.
En cuanto a la valoración de activos inmobiliarios de 10.804,50 millones de euros, efectuada por la consultora CB Richard Ellis, también a cierre del pasado mes de diciembre, y que transcendió cuando el grupo se declaró en concurso el pasado mes de julio, está realizada por un sistema de valoración distinto respecto a las dos anteriores, dado que parte de expectativas de mercado y no del valor real.
La deuda de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, actualmente en concurso de acreedores, se eleva a 7.155,9 millones de euros, en tanto que el valor de sus activos asciende a 7.336,9 millones, según el informe concursal presentado el martes por los administradores en un juzgado de La Coruña. La deuda supera en 1.495 millones de euros la declarada por la compañía al cierre del tercer trimestre, en tanto que el valor de sus activos, según las tasaciones de tres sociedades diferentes, es 2.637 millones inferior al contabilizado a 31 de septiembre. Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el informe de la administración concursal detalla que el patrimonio neto asciende a 181 millones, frente a los 1.527 millones que publicó la compañía en sus cuentas relativas al tercer trimestre.
Martinsa-Fadesa soporta una deuda total de 7.155,9 millones de euros, importe que equivale al 97,5% del total de sus activos, valorados en 7.336,9 millones de euros netos según las tasaciones realizadas por tres sociedades independientes. Así consta en el informe que los administradores concursales de la inmobiliaria han realizado sobre la empresa, que el pasado mes de julio protagonizó la mayor suspensión de pagos de la historia ante las "graves dificultades de financiación" a las que se enfrentaba, según indicó entonces Martinsa.
Martinsa-Fadesa soporta una deuda total de 7.155,9 millones de euros, importe que equivale al 97,5% del valor total de sus activos, fijado en 7.336,9 millones, según las tasaciones realizadas por tres sociedades independientes.
Así figura en el informe que los administradores concursales de la inmobiliaria han realizado sobre la compañía, que el pasado mes de julio protagonizó la mayor suspensión de pagos de la historia.La deuda que figura en el informe, entregado hoy en el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña, es también superior a la de 5.200 millones que Martinsa declaró cuando solicitó el concurso.
Estos datos arrojan que el patrimonio neto de la compañía que preside Fernando Martín se sitúa en 181 millones de euros.
La administración concursal de Martinsa-Fadesa presentará mañana martes ante el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña el informe que ha elaborado sobre la situación de la empresa, la mayor declarada en concurso de acreedores con una deuda de unos 5.200 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.
El plazo de presentación del informe concluye hoy lunes 1 de diciembre, pero los tres administradores concursales cuentan hasta las 15:00 horas del martes para entregar la documentación.
El informe incluirá la valoración de los activos de la empresa, de su pasivo, una historia jurídica, una económica y una memoria de las actuaciones realizadas por la administración concursal.
Asimismo, la Ley Concursal establece que los administradores deben presentar, en caso de que así lo consideren, una lista de las actuaciones y decisiones que la empresa haya realizado en los dos últimos años que, en su opinión, sean reintegrables, esto es, que haya que rescindir por ser perjudiciales aunque no haya existido intención fraudulenta.
La inmobiliaria Martinsa-Fadesa recomendó hoy a casi una veintena de afectados por el concurso de acreedores de la compañía denunciar a las cajas acreedoras para poder cobrar sus avales bancarios, en el caso de que la compañía no entregue las viviendas en el plazo pactado.
Así lo explicaron a EFE varios afectados de la promoción Parque Colmenar, en Colmenar Viejo (Madrid), después de mantener una reunión con la administradora concursal de Martinsa-Fadesa Antonia Magdaleno en la sede de la inmobiliaria en Madrid.
Según relataron los perjudicados, la empresa, que rechazó hacer alguna declaración al respecto, les sugirió hoy en su primera reunión con los afectados la posibilidad de acudir de forma conjunta a un bufete de abogados para obtener el cobro de los avales y trasladar posteriormente a las entidades financieras el coste de estos servicios jurídicos.
Los afectados denunciaron que la mayoría de las entidades financieras "están dando largas" a los perjudicados y no están devolviendo sus avales, con la única excepción de Caixa Penedès.
Estos compradores se quejaron de no conseguir la devolución de los avales contraídos con entidades como Caja Madrid, Caja Duero, Caixa Galicia y La Caixa.
No obstante, los afectados explicaron que la mayoría de los 56 compradores de esta promoción no cuenta con avales, de forma que "perderán todo el dinero que invirtieron", que en muchos casos asciende a más de 100.000 euros por vivienda, si la inmobiliaria no les entrega los inmuebles que compraron.