El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desglosó a finales de julio la Agenda España Digital 2025 que movilizará una inversión público-privada de 70.000 millones de euros durante el actual trienio (2020-2022) para espolear el proceso de digitalización, al que posiciona estratégicamente como “una de las palancas clave para la recuperación económica y la modernización del tejido productivo, el aumento de la productividad y el cierre de las brechas sociales y territoriales”. El esfuerzo inversor estatal será de 20.000 millones y estará alineado con el plan de la UE, entre el que se incluyen los nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation. Agencia que, a juicio de Moncloa y del Ministerio de Economía que, desde el inicio de esta legislatura, ha incorporado el elocuente apellido de Transformación Digital, será el vehículo de reconversión hacia la conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de la capacidad en ciberseguridad, la digitalización de Administraciones Públicas y de las empresas, en particular las pymes, el impulso de España como hub de producción audiovisual, el desarrollo de la economía del dato y la Inteligencia Artificial y la garantía de los derechos digitales de la ciudadanía. La propuesta oficial prevé el desarrollo de proyectos tractores para la digitalización del modelo productivo en sectores estratégicos, contribuirá a relanzar el ritmo de crecimiento económico, reducir la desigualdad y aumentar la productividad. La agenda incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, en colaboración con más de 15 ministerios y organismos públicos y más de 25 agentes económicos, empresariales y sociales.
La inversión pública en el periodo 2020-2022 se situaría en torno a los 20.000 millones de euros, de los que 15.000 millones, aproximadamente, corresponderían a los diferentes programas y nuevos instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation EU, que establece que la digitalización tiene que ser uno de los ejes principales para movilizar estos recursos. El sector privado aportaría los 50.000 millones restantes.
En la presentación de la iniciativa española participó el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que calificó la agenda de “ambiciosa e innovadora” y destacó que “anticipa las reformas estructurales necesarias y las inversiones futuras y asegura, al mismo tiempo, la continuidad de las políticas tradicionales para desplegar infraestructura, aumentar la conectividad y hacer que nuestras empresas, especialmente las pymes, sean más digitales”. Para Sánchez, “este plan no es uno más, es un pilar estratégico sobre el que debe asentarse la recuperación económica, la creación de empleo, el repunte de productividad y la conquista de mercados exteriores”.
El road map hispano está constituido por cerca de 50 medidas que se articulan en torno a diez ejes estratégicos.
1.- Conectividad digital. Garantizada para toda la población y dirigida a suturar la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la sociedad civil tenga cobertura de 100 Mbps en 2025.
2-. Liderar el despliegue de la tecnología 5G en Europa. E incentivar su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Se fija como objetivo que en 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G.
3.- Reforzar las competencias digitales. De trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. El objetivo es que en 2025 el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellas sean mujeres.
4.- Intensificar la capacidad española en ciberseguridad. Con 20.000 especialistas en ciberseguridad, Inteligencia Artificial y datos en 2025 gracias, entre otros aspectos, al polo de actividad empresarial del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
5.- Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas. En ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales por la modernización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones.
6.- Acelerar la digitalización de las empresas. Con especial atención a las micropymes y a las start-ups. Se fija como meta que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.
7.- Acelerar la digitalización del modelo productivo. Mediante proyectos tractores de transformación digital en sectores económicos estratégicos como el Agroalimentario, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o Energía, entre otros. Estos proyectos tienen como meta una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización en 2025.
8.- Mejorar el atractivo de España como plataforma audiovisual europea. Para generar negocio y puestos de trabajo, con una meta de incremento del 30% de la producción audiovisual en 2025.
9.- Transitar hacia una economía del dato. Garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial con el objetivo de que, al menos, el 25% de empresas usen la IA y el Big Data dentro de cinco años.
10.- Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital. Y, en particular, los derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas. En este ámbito se fija como objetivo la elaboración de una carta de derechos digitales.
Además, España Digital 2025 pretende contribuir -explica el documento- “a cerrar las brechas digitales que se han ensanchado en los últimos años, ya sea por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales”, y que se han puesto de manifiesto durante la pandemia. Misión que se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para lo cual, se creará un Consejo Consultivo para la Transformación Digital, que tendrá carácter público-privado y facilitará la participación de los distintos agentes económicos y sociales para la transformación digital del país. El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) contribuirá también a la agenda proporcionando información pública en materia de transformación digital y apoyando la elaboración de informes para la evaluación y actualización de las actuaciones desarrolladas en el marco de esta agenda.
El posicionamiento digital de las cotizadas españolas
Los avances en digitalización en España se enmarcan también en un escenario cambiante en el panorama global. Con EEUU y Europa investigando posiciones de dominio de big-tech y en un clima de transformación, también desde la óptica normativa. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete ha sido explícito en una reciente intervención virtual en el FT-ETNO Summit 2020 en Londres, en el que participó el comisario de Interior de la CE, Thierry Breton. Álvarez-Pallete reclamó en este foro valentía a los reguladores frente a las grandes tecnológicas para garantizar una competencia en igualdad de condiciones. “Sean valientes -pidió el dirigente de Telefónica a los reguladores europeos- y permitan que compitamos todos con las mismas reglas. Es una cuestión de valores y de derechos en el mundo digital”. Instantes antes de solicitar a las autoridades una “desregulación del mercado de las telecomunicaciones” que “deje de agotar los recursos del sector”. Álvarez-Pallete también envió un mensaje claro sobre el 5G. “No se centren en maximizar los ingresos en las subastas de 5G porque el dinero gastado en espectro no se invertirá en las redes. Necesitamos nuevas reglas de competencia que permitan la creación de operadores fuertes y mercados sanos en Europa. Esto es crítico”. A su juicio, “es irónico que el año en el que se ha hecho más patente que nunca que la conectividad desempeña un papel esencial en la nueva economía, los ingresos de las telecomunicaciones siguen cayendo y su valor está en su punto más bajo”. La desregulación del sector telco debe ser “el próximo desafío” de las autoridades comunitarias, afirmó Álvarez-Pallete, que acogió “con beneplácito” la iniciativa de la Comisión Europea de regular a los guardianes del mundo digital. “Ése es el camino correcto”, explicó. Porque debemos avanzar hacia el “fin de la expropiación de las redes de nueva generación imponiendo el acceso de terceros con precios regulados. Esas redes se han construido en un entorno competitivo y en ocasiones, con coinversión”, recordó.
El escenario digital de España no es del todo desalentador. A pesar de la brecha tecnológica que mantiene con los países de su entorno. Al menos en transformación digital de la Administración Pública. Un reciente informe de la OCDE, sobre Gobierno Digital, le otorga el séptimo lugar de su ranking. En su informe, el club de las potencias industrializadas analiza los resultados y las tendencias de las políticas públicas para la transición del gobierno electrónico al gobierno digital de 33 países, entre los que se incluyen la mayoría de sus socios más de Uruguay, Brasil, Panamá y Argentina. La calificación de España es de 0,621 sobre 1, por encima de la media de la OCDE, del 0,501, y destaca especialmente en tres de las categorías que analiza el informe: digital desde el diseño, sector público basado en datos, y proactividad, en los que ocupa la cuarta posición. Por su parte, logra situarse en el octavo puesto en la categoría gobierno como plataforma y en la duodécima plaza en lo que se refiere a los servicios centrados en el usuario, mientras obtiene una nota inferior a la de la media de la OCDE en el bloque abierto por defecto, lo que sitúa a los servicios públicos españoles en el puesto 23. Corea del Sur es el país más avanzado en cuanto a gobierno digital, seguido de Reino Unido y Colombia, en el tercer peldaño. Dinamarca, Japón y Canadá ocupan el cuarto, quinto y sexto lugar, por delante de España, mientras que completan el top-ten Israel, Portugal y Francia. El diagnóstico de la institución se basa en la metodología de evaluación y la encuesta empleada en el Marco normativo para el gobierno digital que elaboró en 2014. Un dato que rubrica la Comisión Europea que, el pasado mes de junio, publicaba su Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés) en el que España obtuvo el segundo lugar de la UE en mejores servicios públicos digitales, con un avance de dos posiciones respecto al año anterior en la categoría que mide los niveles de administración electrónica, datos abiertos y servicios digitales de la Administración para ciudadanos y empresas. Si bien en la nota global del índice DESI, ocupa el decimoprimer peldaño de entre los 28 socios en 2019, aunque por delante de Alemania, Francia o Italia. Ha mejorado, además, en la mayoría de indicadores de las cinco dimensiones que mide este informe que, entre otras fortalezas, ha destacado en su última edición el destacable despliegue de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), del 80%.
En este contexto, siete empresas cotizadas españolas explican su estrategia y su visión de estos cambios y sus apuestas, muchas de ellas en curso y a la vanguardia del proceso evolutivo ya en marcha, hacia la transformación digital.
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