La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió 13 expedientes sancionadores en 2008, 9 más que en 2007, que implicaron 22 presuntas infracciones, ocupando el primer lugar las relativas a abuso de mercado y el segundo lugar la información incorrecta de carácter financiero y la información sobre OPAs. Del total de expedientes, se concluyeron 7 frente a los 9 de 2007, de los que uno había sido iniciado en 2002, uno en 2006 y cinco en 2007. Las resoluciones sancionadoras más relevantes, por el número de expedientes a los que afectan, fueron incumplimientos que constituyen prácticas de uso de información privilegiada. El resto, se centraron fundamentalmente en conductas relacionadas con el incorrecto suministro de la CNMV y el mercado de información regulada de carácter financiero o de información de procesos de ofertas públicas de adquisición.
Moody's Investors Service advirtió el martes que la división de tarjetas de crédito de Citigroup probablemente necesitará nuevas inyecciones de capital de su empresa matriz, debido a sus considerables pérdidas. Moody's espera, además, que los resultados por operaciones -y los del sector de tarjetas de crédito en Estados Unidos en su conjunto- sean afectados adversamente por las presiones sobre los ingresos tras los cambios regulatorios que el presidente Barack Obama convirtió el viernes en ley. Los cambios impondrán medidas drásticas sobre la capacidad del sector de elevar las tasas de interés y cobrar comisiones a los consumidores. Moody's dijo que las pérdidas por tarjetas de crédito de Citi son comparativamente altas. La agencia espera que las pérdidas sigan aumentando y se mantengan en niveles altos, a medida que la tasa de desempleo continúa alta en el 2009 y el 2010.
El presidente de Afirma Grupo Inmobiliario, Félix Abánades, reconoció hoy que tendrá que volver a renegociar su deuda, que a 31 de marzo ascendía a 1.441,3 millones de euros. En declaraciones a los medios de comunicación, tras su intervención en la Conferencia Inmobiliaria de Madrid (CIMA), en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) 2009, Abánades dijo que "siendo realistas hay que refinanciar, todas la compañías deben sentarse con las entidades financieras", especialmente las que refinanciaron antes del fin de 2008.
Afirma solicitará a sus bancos acreedores renegociar su deuda, que ascendía a 1.441 millones de euros a cierre de marzo, dijo el martes el presidente de la compañía, Félix Abánades. "Siendo realistas, hay que refinanciar. Todas las compañías tienen que sentarse con las entidades financieras", señaló Abánades a periodistas tras una conferencia. Afirma ya refinanció su deuda en junio de 2008. "Se refinanció con unas perspectivas que han empeorado. Al menos, los que hemos refinanciado antes del final de año tendremos que refinanciar", dijo. La inmobiliaria tiene los primeros vencimientos de su deuda a finales de 2010, y Abánades dijo que la compañía intentará extender ese plazo.
Santander acordó el martes pagar 235 millones de dólares para resolver una reclamación interpuesta por el fideicomisario que está liquidando la extinta Madoff. De ser aprobada por el tribunal de bancarrota que supervisa la liquidación de la compañía Madoff, el acuerdo del banco con el fideicomisario elevaría el importe recuperado para los inversores en Madoff a más de 1.200 millones de dólares.
El presidente de Afirma Grupo Inmobiliario, Félix Abánades, auguró hoy que las inmobiliarias perderán dinero en sus cuentas de resultados durante 2009 y 2010, periodo en el que también verán sus activos deteriorados y en el que su deuda permanecerá. Durante su intervención en la Conferencia Inmobiliaria de Madrid (CIMA), en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), Abánades explicó que durante los próximos dos años la mitad de las empresas del sector desaparecerán y que, entre las que continúen operativas, habrá concentraciones para optimizar costes y sumar sinergias.
La Comisión Europea ha solicitado a las autoridades españolas nueva información sobre la intervención en Caja Castilla-La Mancha (CCM) y está a la espera de recibirla, mientras continúa el análisis de la aportada anteriormente. Fuentes comunitarias explicaron a Efe que el objetivo de la Comisión es determinar si la operación llevada a cabo por las autoridades españolas en la caja castellanomanchega implica una ayuda pública, en cuyo caso requeriría autorización de Bruselas. Las fuentes no precisaron, sin embargo, el tipo de información demandada ni el plazo que tiene Madrid para responder a la solicitud. El Gobierno español ya remitió a Bruselas un informe sobre la intervención de CCM poco después de efectuarla, a finales de marzo, y también envió información sobre la situación de la caja que le había sido reclamada algunas semanas antes del rescate. El Banco de España intervino la caja castellanomanchega ante sus problemas de liquidez, para garantizar los ahorros de los clientes y los derechos de los acreedores. El supervisor aportará a la entidad hasta 9.000 millones de euros, partiendo de un aval concedido por el Tesoro
Reyal Urbis ha enviado un comunicado a la CNMV en el que confirma que está negociando con sus entidades acreedoras la "adaptación de su plan de negocio a las circunstancias de mercado", y por consiguiente, añade, la "refinanciación de su deuda financiera". Esta mañana, desde Caja Madrid apuntaban sobre la inmobiliaria que "nos ha llamado porque no se está cumpliendo el plan de negocio".
Al martes cerca del mediodía, General Motors había recibido la aprobación de un porcentaje inferior al 5% de los portadores de bonos para aprobar la oferta de la automotriz de una participación del 10%, informó Reuters, citando fuentes familiarizadas con la situación. La mayoría de estos que aceptaron la oferta y han presentado sus bonos a cambio de acciones en un GM reestructarada fueron inversores minoristas, indica el informe. GM enfrenta la fecha tope del martes a la medianoche para que logre que al menos el 90% de los tenedores de bonos participe en el canje de deuda por acción si la compañía desea evitar tener que acogerse al código de quiebras para el 1 de junio, lo cual es condición del grupo especial para el sector automotriz creado por el presidente Barack Obama.
La plantilla de la multinacional Cadbury aceptó hoy de forma mayoritaria las condiciones preacordadas la semana pasada por el comité de empresa para el cierre de la planta de chicles Trident en El Prat de Llobregat (Barcelona), lo que supondrá el despido de 156 trabajadores y el traslado de la producción a Polonia. El 81% de la plantilla votó a favor de este pacto, que prevé prejubilaciones para una cincuentena de trabajadores a partir de los 50 años e indemnizaciones de 60 días por año con un máximo de 42 mensualidades y un mínimo de 25.000 euros que percibirán todos los despedidos.
