El Gobierno articulará un sistema de avales públicos para reforzar las garantías de empresas privadas que se asuman un endeudamiento para entrar a financiar la construcción de infraestructuras públicas.
El objetivo de esta medida es facilitar que las constructoras que se adjudiquen contratos de infraestructuras públicas puedan obtener en los mercados de capitales la financiación necesaria para abordarlos.