El organismo de supervisión bancaria "Bafin" calcula que el volumen de títulos tóxicos asciende actualmente a unos 200.000 millones de euros.

Las entidades financieras que opten por este modelo recibirán bonos de deuda que el Estado garantizará por un máximo de veinte años.


El valor de los bonos se regirá por la última cotización que tenían los títulos, total del que se restará un diez por ciento.

Además deberán comprometerse a asumir parte de las pérdidas que se deriven de los activos tóxicos irrecuperables.

Los bancos interesados tendrán tan sólo medio año a partir de que la ley entre en vigor para crear estas sociedades.

El ministro de Finanzas, Peer Steinbrück, ha optado por un modelo voluntario, en contra de algunas voces críticas en su propio Partido Socialdemócrata, que exigían que se obligara a todos los bancos con problemas a recurrir a este instrumento.