Dicen quienes conocen la sala de máquinas de la UE que el lema que define su trayectoria en la construcción de su espacio de libertades, individuales, económicas y laborales, respetuoso con los derechos humanos y propicio para el tránsito de mercancías y capitales, resulta sumamente certero.

“Europa da dos pasos adelante, y uno hacia atrás; pero avanza”. El mensaje subyacente de esta máxima que ha acompañado la integración europea ha irrumpido sin tapujos en las citas telemáticas de sus líderes para perfilar la gestión de la crisis del coronavirus.

La rampante vuelta a la austeridad que predica la Liga Hanseática -con Alemania y Holanda al frente, junto a nórdicos y bálticos- no sólo contradice el discurso de Angela Merkel de que el Covid-19 es la amenaza de mayor riesgo desde la Segunda Guerra Mundial en el Viejo Continente sino que puede poner en peligro el paradigma sobre el que Europa pretende cimentar su futuro económico: un mercado innovador -es decir, digitalizado- y respetuoso con el medio ambiente; o, lo que es lo mismo, un espacio sustentado en la sostenibilidad.

La primera decisión, la barrera presupuestaria, descubre la persistencia de su ciclo vicioso. Como lo revela el dato de que los gobiernos mundiales, en su conjunto, apenas han
empleado un 3,3% del PIB global en ayudas fiscales directas
-que les dejan en evidencia frente a los generosos programas de estímulo monetario de los bancos centrales-, para contener los efectos del Covid-19, según el FMI.

O de algo más del 5% de la economía de todo el planeta, si se valoran también las medidas que ofrecen garantías prestamistas públicas -como calcula el G-20 por los planes lanzados por las potencias industrializadas y los grandes mercados emergentes que integran su foro y que acaparan el 90% de la actividad y el 80% del comercio internacional-, contando con los 2 billones de dólares de la mega-batería de instrumentos de respaldo a personas y empresas aprobada por el Congreso norteamericano y decretada por la Casa Blanca. De un calibre superior al 9% de la mayor economía del planeta.

Frente al pírrico 0,3% del PIB comunitario que, en su conjunto, suponen todos los mecanismos de rescate que han habilitado hasta ahora los líderes europeos. La segunda determinación en cambio, ilustran los beneficios de su senda virtuosa que, en este caso -una vez más- revela el papel estelar de las autoridades europeas en asuntos de calado multilateral, porque otorgan a Europa el estatus de ser el primer continente que asume su conversión hacia la neutralidad energética.

 

 

Con independencia de la brusquedad del aterrizaje de emergencia de la economía de la zona del euro al que ha precipitado la pandemia del coronavirus y de la posterior tardanza del despegue del siguiente ciclo de negocios, la UE, en este caso, parece tener la conciliación entre sus socios del norte y del sur para avanzar hacia la digitalización sostenibles, hacia una implantación de la Revolución 4.0 con métodos de preservación medioambiental.

Así lo atestigua un documento oficial que pulula entre la Comisión y el Consejo europeos en el que se apuesta sin tapujos por la plena compatibilidad entre las medidas de emergencia y la lucha contra el cambio climático que contiene el Green New Deal que se perfila desde las instituciones comunitarias. El momento parece idóneo. No sólo porque la neutralidad energética y las armas para combatir la catástrofe climática sean ineludibles desde el punto de vista científico. También porque la pandemia global del coronavirus ha hecho reverdecer las reivindicaciones sociales.

En un momento en el que los gobiernos han respondido con tardanza, pero con pasos impredecibles hace sólo unos meses, con cierre de ciudades, prohibiciones de viajes y naciones aisladas, la implantación de medidas extremas ha restablecido la esperanza del activismo climático por que se instauren iniciativas similares en ambición y contundencia, en el terreno de la sostenibilidad.

Es como si el Covid-19 haya activado su botón propagador, de contagio, de un Green New Deal global. Testigo que ha recogido la comunidad científica, que viene de certificar el invierno más caluroso de la historia y que inciden en que, lo mismo que el coronavirus es una amenaza para un enorme número de personas que propicia la cancelación, por primera vez en la historia, de unos Juegos Olímpicos, los gobiernos y las empresas deberían ser capaces de tomar pasos igual de drásticos para dar un cambio de rumbo en la forma de producir y de consumir la energía.

260.000 millones anuales en infraestructuras verdes

Este planteamiento científico y social tuvo su eco en la reunión telemática del Consejo Europeo de la pasada semana: “La urgencia actual es combatir la pandemia del coronavirus y sus efectos inmediatos”, asegura el documento de conclusiones de los líderes europeos.

“Pero deberíamos, sin embargo, empezar a preparar las medidas necesarias para devolver a nuestras sociedades a su normal funcionamiento y a afrontar retos como el del crecimiento sostenible, la integración de la transición energética verde y la transformación digital, porque todas ellas son lecciones de la crisis” del Covid-19.

Europa se ha comprometido a registrar emisiones cero de CO2 en la mitad de este siglo a través de un Green Deal que modificará todo el sistema productivo de la Unión, desde el transporte, a la generación energética, la industria o la agricultura.

 

 

“Por primera vez en la historia de la UE, sus dirigentes disponen de un road map bien pertrechado sobre cómo será su modelo económico a largo plazo porque su proyecto ecológico es factible, se asienta sobre unas bases sólidas y está diseñado en una dirección correcta, la de un drástico cambio del patrón de crecimiento”, explica a la agencia Bloomberg Nick Robins, catedrático de Finanzas Sostenibles en la London School of Economics.

Sobre todo, si se ve acompañado de los necesarios recursos para su instauración y de la concienciación de los gobiernos de sus distintos socios, alerta Robins. Aunque la dotación, en este terreno, no puede defraudar como ocurre con los 37.000 millones de euros del Fondo de Inversión del Corona, un alegato de insolidaridad comunitaria. Sino que requerirá de una “estrategia coordinada, de un plan de recuperación comprensible y de fondos de inversión sin precedentes, explican Grégory Claeys, Simone Tagliapietra y Georg Zachmann en un reciente informe en Bruegel, think-tank de marcado cariz paneuropeo y partidario, entre otras medidas, de la implantación de los eurobonos desde la crisis de la deuda europea, en 2012.

“La promoción de una profunda descarbonización exige una estrategia inteligente que sea capaz de acompañar la transformación económica e industrial con mecanismos de inclusión social en todo su proceso”, así como como de “transmitir que el New Green Deal ofrecerá criterios fiables de su tránsito hacia la neutralidad energética, de que es tecnológicamente factible y económica y políticamente viable”, escriben los tres expertos de Bruegel.

Según cálculos extraoficiales de Bruselas, pero con la vitola de certeros del mercado, los socios comunitarios necesitarían movilizar 260.000 millones de euros anuales en la próxima década si la apuesta por la construcción de infraestructuras verdes va en serio. Los augurios son propicios. Porque en el mercado, antes de la crisis del coronavirus, ya se apreciaba la inclinación inversora por los proyectos verdes.

La apuesta de Blackrock y TCI

El hedge fund considerado el más rentable del pasado ejercicio -TCI Fund Management, del milmillonario británico Chris Hohn- ha adoptado una agresiva estrategia de inversión a favor de empresas sostenibles tras cimentar sus beneficios de 2019, de 8.400 millones de dólares, en activos verdes.

Una revisión estratégica que también pregona Larry Fink, el CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, que convirtió en viral una carta que dirigió ya en 2018 a los máximos dirigentes de las empresas más representativas del mundo, en la que les alertaba del compromiso de BlackRock por los valores verdes y por el compromiso, la capacidad de influir en las decisiones financieras, pero también en las políticas, donde enmarca los cambios regulatorios que requieren los New Green Deals como el europeo, pasaba a ser un objetivo ineludible de su firma. Además de una exigencia para las empresas en las que invierte BlackRock en todo el mundo.

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