El encuentro se enmarca en la aprobación, tras una amplia mayoría política conseguida el pasado martes, de 22 nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo para el futuro del sistema público de pensiones.
Suficiencia, sostenibilidad y equidad. Estos han sido los términos sobre los que se ha articulado la conversación entre Rafael Doménech y José Ignacio Conde-Ruiz, ambos miembros del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, que organizaba el evento.
La preocupación por el sistema pública de pensiones está a la orden del día entre la sociedad española. Y, aunque hay que esperar al cierre para conocer el estado de las cuentas de la Seguridad Social, tal y como señala Doménech, lo cierto es que “el déficit previsto será del 1,3% y será mayor si no se cumplen las previsiones de crecimiento del PIB”, añade. Lo cual se traduce en un aumento de 4,2 puntos porcentuales sobre el déficit de 2019.
Por su parte, poniendo el foco para el análisis de los datos en la demografía, Conde-Ruiz sostiene que “el Pacto de Toledo no está teniendo en cuenta la equidad intergeneracional”. En un país como España, cuya esperanza de vida se sitúa en los 83 años con previsión de que aumente, actualmente hay 3,5 trabajadores por pensionista, pero en las próximas dos décadas apenas habrá 1,5 trabajadores. Resulta de una importancia trascendental que este contrato intergeneracional no se rompa, ya que lo que propone el Parlamento hoy lo tienen que cumplir las siguientes generaciones mañana. El subdirector de Fedea denuncia que el Pacto de Toledo no tiene en consideración de una manera real y efectiva a los jóvenes del futuro.
Que el Pacto se oponga a una transformación radical de nuestro sistema de pensiones no es nada sorprendente, de hecho, la recomendación preliminar se puede interpretar como toda una declaración de intenciones al reafirmarse “en su compromiso para defender el mantenimiento y la mejora del sistema”. Al hilo de esta recomendación, “a veces, todo se puede perfeccionar” o, al menos, así lo sostiene Doménech, que mira con cierto optimismo la transformación gradual, a diferencia de Conde-Ruiz, que sentencia que nuestro sistema de pensiones está abocado a un cambio radical ya que “la suficiencia sin sostenibilidad no es nada”.
En este sentido, entra en juego el principio de contributividad en el que se basa el sistema. ¿Cómo se van a financiar las pensiones con algo que no son cotizaciones? “Cuando se rompe la caja única, se rompe este principio”, apunta el subdirector de Fedea, quien interpreta la undécima recomendación como la posibilidad de traslado de un sistema Bismarckiano, como el actual, hacia un sistema de corte Beveridge -anglosajón-, donde “el sistema se podría financiar con impuestos”. No obstante, defiende la necesidad de preservar la caja única y la contributividad.
Aquello de tanto cotizas, tanto recibes, para Doménech queda preservado con las nuevas recomendaciones pero, además, “deja abierta la posibilidad de los pagos con impuestos”.
Al amparo de la primera recomendación, donde queda recogida la separación de fuentes y el traspaso de gastos “impropios” para financiarse vía impuestos, Conde-Ruiz alude a la cantidad de desembolsos que se van a trasladar excusados con esa calificación, del mismo modo que Doménech sentencia que supondría “trasladar el problema de sitio”.
En cuanto al mantenimiento adquisitivo de las pensiones y su revalorización con el IPC, sobre el que ya existe un preacuerdo desde 2018, Conde-Ruiz argumenta que esto no resuelve el problema, sino que lo traslada al futuro. De este modo, “si no garantizas la suficiencia, no garantizas nada”, por lo que alude a la necesidad de buscar un mecanismo igual de potente que la congelación y a “tomar medidas compensatorias para evitar el aumento del déficit” y que el gasto en las próximas décadas se mantenga en el 12.
Según Doménech y su lectura de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la solución que igualaría la balanza radica en el tiempo de carrera laboral: “aumentar la edad de jubilación es el mecanismo más poderoso para equilibrar el sistema de pensiones”. Además, mira con optimismo la existencia de un modelo de cuentas nocionales, muy comunes en los países nórdicos. De una manera más drástica, Conde-Ruiz recalca la necesidad de una reforma más profunda del sistema ya que, sin ella, “no vas a conseguir que todas las generaciones vayan aumentando su edad de jubilación” y considera importante un sistema de cuentas nocionales. El presidente de Fedea recuerda que, actualmente, existen muchos trabajadores con 38 años y medio de cotización que se pueden jubilar a los 65 años, a pesar de que la edad legal está fijada en 67.
Por su parte, el director del Instituto Santalucía puso sobre la mesa de debate otra variable sustancial, enmarcada en los recién publicados informes del Banco de España y del Instituto de Actuarios Españoles: la suficiencia y/o generosidad del sistema público de pensiones. Doménech se muestra optimista, aunque matiza dos realidades. Por un lado, “si hablamos de generosidad de las pensiones mínimas relativas a las necesidades de una persona mayor, el sistema no es generoso y hay que esforzarse en aumentar la pensión mínima” pero, por otro lado, en términos de equilibrio actuarial (la relación entre la pensión y lo cotizado), “el sistema español es muy generoso”, explica.
En este sentido, teniendo en cuenta que la tasa de sustitución en España, aquella que mide la pérdida de poder adquisitivo entre la pensión media y el salario medio, se sitúa en el 70% frente al 45% de la UE, Conde-Ruiz afirma que “si anticipas que las pensiones no van a ser tan generosas como las de ahora, porque eso va a suceder, e impulsas el segundo pilar puedes contribuir a elevar el ahorro”.
De la mano del ahorro vienen los planes empleo, considerados por el Pacto de Toledo como el segundo pilar del sistema de pensiones y muy extendidos en países como el Reino Unido. Pero, ¿qué pasa en España? Doménech se muestra convencido de que el motivo de que la previsión social en los planes de empleo no se haya asentado en nuestro país es que “tenemos un tejido productivo atomizado, mucho paro, mucha temporalidad” y, al tener dificultades para acceder a una estabilidad laboral “esto desincentiva el ahorro para la vejez”, añade. En términos educativo-financieros, Conde-Ruiz cree que la gente no toma la iniciativa de ahorrar “porque son conceptos complejos y la mayor parte no sabe cómo hacerlo”.
Volviendo al sistema de cuentas nocionales, donde se permite la proyección de la jubilación a distintas edades, Doménech señala que es la manera más gradual y acertada de alcanzar los objetivos de la declaración del Pacto de Toledo, donde un sistema de reparto sobre la base de cuentas nacionales garantizaría la suficiencia, equidad y sostenibilidad de las pensiones, sin “confundirlo con un sistema de capitalización o de planes privados”, matiza.
Lo cierto es que los dos participantes del encuentro virtual organizado por el Instituto Santalucía concuerdan claramente en un aspecto y es que el consenso, aunque más político que económico, en cuanto a las recién publicadas recomendaciones resulta crucial para la economía española.
No obstante, no basta con la aquiescencia y una declaración de intenciones políticas. Los resultados se traducen en consecuencias económicas y “esto no es suficiente si pretenden garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo”, concluye Conde-Ruiz. En este sentido, es cierto que las pensiones se van a revalorizar, por ley, de acuerdo al IPC, pero “en el Pacto de Toledo evitan realizar propuestas concretas, sustantivas y de calado sobre cómo mantener el sistema de pensiones a largo plazo”, critica Doménech en su valoración final sobre las recomendaciones.
Llegados a este punto, las 22 nuevas recomendaciones sobre el sistema público de pensiones pueden ser consideradas como un buen punto de salida, según el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Habrá que ver cómo será la llegada y su recepción por parte de Bruselas.
