Las nuevas medidas, en respuesta a la grave crisis financiera, permitirán al estado intervenir todos los bancos, obligarlos a fusionarse o a declararse en bancarrota."Estamos ante la posibilidad de que toda la economía nacional sea arrastrada a las profundidades de la crisis bancaria global y que la nación se declare en bancarrota", declaró en un discurso televisado el primer ministro conservador, Geir Haarde.Haarde justificó la necesidad de las medidas por la gravedad de la situación y advirtió de que "muchas personas" perderían dinero.El acuerdo llegó horas después de que el Gobierno había garantizado los depósitos en bancos comerciales y cajas de ahorro nacionales y culminó días de intensas negociaciones con oposición y sindicatos, que parecían incapaces de ponerse de acuerdo.Pero los acontecimientos del lunes "negro" precipitaron los hechos: la Bolsa de Reikiavik suspendió todas las operaciones con valores de los bancos y la corona islandesa se desplomó un 23 por ciento frente al euro, alcanzando un nuevo mínimo histórico.El Gobierno ya había nacionalizado el Glitnir, tercer banco del país, hace una semana, al adquirir el 75 por ciento de sus acciones para contrarrestar su falta de liquidez.Islandia, un país de apenas 300.000 habitantes que ha vivido años de "boom" económico, es uno de los más afectados por la crisis mundial, debido a la fragilidad de su economía, muy dependiente del sector financiero, que representa ocho veces el PIB nacional.
Rusia concede a Islandia un crédito de 4.000 millones de euros
Rusia ha concedido a Islandia un crédito de 4.000 millones de euros para ayudar al pequeño país insular a salir de la crisis financiera que amenaza con la quiebra de su sistema bancario.
Un portavoz del Banco Nacional de Islandia anunció hoy en Reykiavik la concesión del crédito extraordinario, que tendrá un plazo de vencimiento de cuatro años.
El anuncio de la concesión del crédito se produjo horas después de que el Gobierno y la oposición islandeses aprobaran anoche de urgencia varias reformas legales que implican de facto el control estatal de todo el sistema bancario.
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