El plan portugués pretende facilitar el acceso al crédito a las entidades, mediante la concesión de garantías estatales a sus operaciones de emisión de deuda (hasta final de 2009), por un importe máximo total de 20.000 millones de euros.

En principio, el plazo máximo de vencimiento de la deuda debe ser de tres años, aunque podrá elevarse a cinco en casos excepcionales.

Aunque la medida constituye una ayuda de Estado, Lisboa ha introducido salvaguardas para limitar el perjuicio a la competencia.

En concreto, Bruselas destaca que su duración y alcance son limitados, el acceso a las ayudas no es discriminatorio y los beneficiarios pagarán por los préstamos un interés cercano al del mercado.

Según las disposiciones establecidas por Lisboa, en caso de ejecución de la garantía, ésta tendrá que ser reembolsada en su totalidad o canjeada por acciones preferenciales, y la entidad afectada tendrá que acometer un plan de viabilidad.

El plan sueco también consiste en la concesión de garantías estatales para las operaciones nuevas de financiación mediante emisión de deuda (hasta el 30 de abril de 2009), con una cobertura máxima de 1,5 billones de coronas suecas (en torno a 150.000 millones de euros).

También fija un plazo máximo de vencimiento de tres años, ampliable en casos excepcionales a cinco años para algunos tipos de bonos.

Este mecanismo también es una ayuda pública, pero incluye disposiciones suficientes para asegurar su adecuación y proporcionalidad en función de las circunstancias, tal como establece la normativa comunitaria.

En concreto, el plan está abierto a todos los bancos y entidades hipotecarias solventes que operan en el mercado sueco y se pagará a un precio de mercado.

También se limita la capacidad de crecimiento vinculado a la obtención de la garantía, se prohíbe utilizarla para operaciones de expansión y se establecen controles sobre la política de remuneración.

Bruselas llegó a la conclusión de que el plan resulta apropiado para restaurar la confianza y para estimular la financiación interbancaria y valoró las estrictas condiciones incorporadas para garantizar que la ayuda se reduce a lo mínimo necesario.

En un comunicado, la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, consideró que el caso sueco demuestra que si las autoridades nacionales siguen las orientaciones marcadas por Bruselas, pueden obtener rápidamente autorización a sus planes de ayuda.