El Ministerio de Industria ha eliminado el derecho de veto a posteriori que se reservó la Comisión Nacional de la Energía (CNE), para cuestiones que afecten negativamente al interés general, cuando autorizó con condiciones la adquisición del 24,9% de Endesa por la eléctrica italiana Enel. El departamento que dirige Joan Clos considera que la posibilidad de vetar determinadas decisiones "es un control que va más allá de la ley", indicaron fuentes ministeriales.
Para adoptar esta decisión, se ha tenido en cuenta el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de abril pasado que permitió a Enel ejercer sus derechos políticos en Endesa hasta el 24,9%, pese estar participada por el Estado italiano, explicaron las mismas fuentes. La única condición que impuso entonces el Gobierno fue la de recibir información sobre los aspectos de la estrategia adoptada por Enel en Endesa que afecten a la seguridad del suministro energético. Con la decisión de hoy Industria ha estimado el recurso de alzada presentado por Endesa en mayo pasado. La eléctrica que preside Manuel Pizarro solicitó entonces que se modificaran parcialmente tres exigencias acordadas por el regulador energético. Estas exigencias eran la obligación de anticipar el orden del día de sus consejos de administración y de enviar información a la CNE, la obligación de mantener su sede social en España y de cumplir sus planes de inversión, y el mencionado derecho de veto a posteriori sobre decisiones que afecten negativamente al interés general. En cuanto al primero de los requisitos, Industria mantiene la obligación de que Endesa informe a la CNE sobre sus planes en actividades reguladas cada vez que el organismo se lo requiera o cada seis meses, pero le exime de la condición de enviar con carácter previo del orden del día de sus consejos de administración. Mediante esta condición el regulador energético se había reservado la potestad de revocar los acuerdos del máximo órgano de la eléctrica si tenían impacto negativo para el interés público. Asimismo, el Ministerio ha atendido la petición de Endesa de que se consideraran como orientativos los aspectos de sus planes de inversión recogidos en la planificación energética en vez de vinculantes, como estipuló la CNE. Industria mantiene la obligación de que Enel mantenga la sede social de Endesa en España. El Ministerio tiene que resolver antes del 3 de noviembre próximo otro recurso presentado conjuntamente por Enel y Acciona contra algunas de las condiciones acordadas por el regulador energético para autorizar su opa sobre Endesa en julio. En este recurso, Enel y Acciona también solicitan a Industria, entre otros asuntos, que se elimine el veto a posteriori acordado también en este expediente al considerar que la CNE se extralimitaba en sus funciones y la modificación parcial de las otras dos condiciones cambiadas hoy por el departamento que dirige Joan Clos. La CNE autorizó con condiciones a Enel a elevar su participación en Endesa hasta el 24,9% el pasado 26 de abril y dio su visto bueno a la opa por el cien por cien de la italiana y Acciona el 4 de julio.