El Gobierno considera que las garantías que el Tesoro otorgará al Banco de España para la inyección de fondos por importe máximo de 9.000 millones de euros con el fin de garantizar la liquidez de Caja Castilla-La Mancha (CCM) no tendrán impacto en las cuentas públicas, ni a través de un incremento de los gastos ni por disminución de los ingresos estatales. Así consta en la memoria económica que acompaña al decreto ley remitido al Congreso de los Diputados, a la que tuvo acceso Europa Press, y en la que se indica que esta operación está dentro del límite máximo de avales públicos fijado por los Presupuestos Generales del Estado para 2009, fijado en 100.500 millones de euros.  El importe de los avales otorgados por la Administración General del Estado no puede exceder del límite establecido para cada año por la Ley General Presupuestaria, que para este año se cifró en 100.500 millones de euros como consecuencia del plan de apoyo al sector financiero puesto en marcha por el Ejecutivo socialista a finales de 2008.