Fundación Naturgy ha presentado el estudio “Energías renovables: desarrollo e integración social y territorial”, elaborado por el Institut Cerdà, que analiza los retos y oportunidades del despliegue de infraestructuras renovables en España desde una perspectiva social, territorial y de política pública. El documento analiza el contexto climático y energético actual, el proceso de implantación de proyectos renovables y su relación con el territorio, identificando beneficios, barreras y buenas prácticas. Además, pone el foco en la importancia de integrar los proyectos en el territorio y en las comunidades locales como condición imprescindible para avanzar hacia una transición energética eficaz, justa y sostenible.
La transición energética se ha consolidado como una prioridad ineludible para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, seguro y competitivo. En este contexto, el despliegue de energías renovables —con especial protagonismo de la solar fotovoltaica, la eólica y los gases renovables como el biometano— es clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la seguridad del suministro y cumplir con los compromisos climáticos asumidos por España y la Unión Europea.
El informe destaca que España cuenta con uno de los mayores potenciales en energías renovables de Europa, gracias a sus condiciones naturales y a su capacidad industrial y tecnológica. En este sentido, los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marcan una hoja de ruta ambiciosa hacia 2030 y 2050. No obstante, alcanzar estas metas exige un despliegue masivo de infraestructuras energéticas, acompañado de redes, sistemas de almacenamiento y soluciones que aseguren la estabilidad del sistema.
Este despliegue, subraya el documento, tiene un impacto directo sobre el territorio y las comunidades locales, especialmente en el ámbito rural, donde se concentran la mayoría de las instalaciones. Si bien las energías renovables generan importantes beneficios económicos, sociales y ambientales —como la creación de empleo, el impulso al desarrollo local y la mejora de la autonomía energética—, también plantean retos ligados al uso del suelo, la protección del paisaje, la biodiversidad y la convivencia con las actividades tradicionales.
Por ello, la aceptación social y la integración territorial se convierten en factores determinantes para el éxito de los proyectos. El informe pone el acento en la responsabilidad compartida de mantener un proceso continuo basado en el diálogo temprano, la transparencia, la escucha activa y la generación de beneficios tangibles para el entorno. La falta de una gestión adecuada del componente social puede derivar en conflictos, retrasos administrativos y judicialización de proyectos estratégicos para la transición energética.
Finalmente, el estudio propone un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones dirigidas a todos los actores, como empresas, administraciones públicas, tejido social y agentes técnicos y económicos. Todas ellas coinciden en un mensaje clave: solo desde la corresponsabilidad, la planificación rigurosa y la colaboración entre todos los actores será posible convertir el despliegue de las energías renovables en una oportunidad real de desarrollo territorial, cohesión social y lucha efectiva contra el cambio climático.
Durante la presentación del estudio, Marta Bellera, directora del Área de Gestión de Riesgos del Institut Cerdà, ha explicado que el despliegue acelerado de renovables “está transformando profundamente el territorio y las dinámicas socioeconómicas locales”. Según Bellera, “la clave no es solo dónde se implantan los proyectos, sino cómo se planifican, cómo se comunican y cómo se distribuyen sus beneficios”. El informe subraya que España cuenta con un extraordinario potencial renovable, pero advierte de que la complejidad administrativa, la judicialización de proyectos y la falta de aceptación social pueden ralentizar el ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos.
Compromiso con el territorio
El coloquio posterior ha reunido a representantes de la administración pública, el ámbito empresarial, el análisis territorial y el gobierno local. Francés Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha señalado que “la implantación de las energías renovables no responde a una solución mágica ni uniforme, porque hablamos de territorios únicos, con realidades, estructuras y sensibilidades muy distintas. Hoy nadie puede discutir que necesitamos la energía renovable, pero su desarrollo debe partir del conocimiento profundo de cada territorio y de lo que esperan las personas que viven en él”.
Por su parte, Jorge Barredo, director general de Generación Renovable de Naturgy, ha afirmado que el grupo lleva más de 25 años conviviendo con el entorno rural a través de parques que siguen operativos. “Nuestra estrategia pasa por optimizar el uso del suelo, reacondicionar los espacios y garantizar que, una vez finalizada la vida útil de las plantas, el entorno pueda recuperarse y volver a su estado original. En este sentido, las renovables deben entenderse como una reserva del territorio a largo plazo y no como una usurpación. Estas instalaciones permiten vertebrar el medio rural, generar empleo y desarrollar actividades compatibles como la ganadería o la agricultura. La clave está en coexistir, colaborar con el territorio y cumplir de forma rigurosa con unas declaraciones de impacto ambiental cada vez más exigentes”.
Desde la perspectiva territorial, Lluís Inglada, director del Área de Gestión e Innovación del Territorio del Institut Cerdà, considera “necesario que el territorio sea un actor activo en los proyectos energéticos, pero procurando que la respuesta no sea únicamente emocional, sino basada en la estrategia y la lógica. La complejidad de estos procesos recae muchas veces sobre los decisores públicos, que son los que pueden equilibrar los intereses individuales de los ciudadanos y evitar la paralización de los proyectos. Es por ello que las empresas han evolucionado en los últimos años incorporando elementos sociales y mejorando la forma en la que explican los proyectos”.
El ámbito municipal ha estado representado por José Díaz Ibáñez, alcalde de Tabernas (Almería), quien ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos en el despliegue renovable. Díaz Ibáñez ha señalado que “los proyectos renovables suponen una oportunidad real de atraer inversión, generar empleo y dinamizar la economía local. Aun así, sigue siendo fundamental mejorar la información y la comunicación, además de reforzar el compromiso de las compañías con el empleo local y la restauración de los terrenos una vez se termine la actividad, para que la integración de las plantas sea aún más aceptada por la población”.
La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, quien ha destacado que “la transición energética es un desafío colectivo de primer orden que no se puede abordar solo desde una óptica técnica o regulatoria”. Villaseca ha subrayado que “integrar las renovables en el territorio, escuchar a las comunidades locales y generar valor compartido es esencial para garantizar la viabilidad de los proyectos y reforzar la confianza social en la transición”.
Fundación Naturgy
Fundación Naturgy tiene, entre sus líneas de actuación, transferir conocimientos especializados sobre las nuevas tecnologías energéticas y las claves de la transición hacia un sistema de energía más sostenible, así como divulgar valores de preservación del medio ambiente y el consumo responsable de energía. Creada el año 1992 por la compañía energética, también desarrolla programas de acción social, incidiendo especialmente en actuaciones destinadas a paliar la vulnerabilidad energética, así como un programa educativo referente en materia de energía, y formación profesionalizadora para la mejora de la empleabilidad en el sector y contribuir a la promoción del empleo verde.
Este estudio se enmarca en el compromiso de Fundación Naturgy con la investigación y divulgación de soluciones sostenibles frente a los retos energéticos y medioambientales. La entidad impulsa proyectos que promueven la resiliencia y la transición hacia modelos más sostenibles, colaborando con expertos y universidades para aportar conocimiento riguroso y útil a la sociedad.
