La morosidad, tanto pública como privada, estuvo detrás del cierre del negocio de uno de cada cuatro autónomos y microempresas en el seno de la UE durante el último año, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En este contexto, la asociación lamenta que la línea del ICO puesta en marcha para acabar con la morosidad de los ayuntamientos sólo haya beneficiado al 50% de los autónomos que la han solicitado, debido a que han sido muchas las corporaciones locales que no han querido reconocer la deuda contraída.

"Hay empresas que presumen de responsabilidad social corporativa, pero que están ahogando a cientos de trabajadores autónomos y microempresas pagando a más de 90 días, y en algunos casos a 180 días", asegura la organización, que constata además que "hay ayuntamientos que cumplen ya un año sin pagar a sus proveedores".

Por todo ello, ATA considera necesario avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de Morosidad, de manera que tanto el sector público como el privado paguen sus facturas en un plazo no superior a 60 días.