Así lo aseguró tras reunirse con los representantes de las grandes entidades financieras y de las patronales del sector. Ya durante su intervención en la Comisión, Ocaña reconoció que hay una "dificultad" para que la financiación llegue a los ciudadanos que deriva de que ha habido una contracción importante del crédito y que debido a la situación económica los ciudadanos y las empresas no se animan a pedir dinero. Así, subrayó que el problema ahora es de "expectativas", ya que los posibles destinatarios de las ayudas prefieren esperar, y añadió, en este aspecto el Gobierno no puede hacer nada. En cualquier caso, se mostró optimista al respecto y señaló que hay que dejar que el sistema financiero funcione y que si bajan los tipos de interés la situación se irá arreglando.
Ocaña subrayó que el Gobierno no puede intervenir directamente en la concesión de créditos porque "eso no funcionaría". Asimismo, admitió que uno de los problemas "más serios" de la economía es que esa liquidez llegue donde tiene que llegar. El secretario de Estado recordó durante su comparecencia los datos de la ejecución presupuestaria hasta octubre, que ya había expuesto el pasado 25 de noviembre en el Congreso de los Diputados, y que tuvo un déficit de un déficit de 8.585 millones de euros, el 0,78 por ciento del PIB, debido a la intensa desaceleración que sigue mostrando la economía.
Además, reiteró que si el Gobierno no hubiera acometido una política fiscal "agresiva" las cosas estarían peor de lo que están. Asimismo, señaló que el coste de la deducción fiscal de 400 euros no estará "muy lejos" de los 6.000 millones previstos por el Ejecutivo. Por otra parte, Ocaña mostró su satisfacción por la evolución del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, que gracias a su actuaciones de control, ha permitido recaudar 21.258 millones de euros desde su puesta en marcha en 2005 hasta el pasado mes de octubre
