La presión demócrata llega en medio de crecientes temores de que General Motors Corp. pueda enfrentar una crisis financiera antes de que Obama asuma la presidencia el 20 de enero. El Gobierno de Bush se ha negado a extender el rescate de Wall Street a las automotrices, alegando que no cuenta con la autorización del Congreso para hacerlo.

En respuesta, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, dijo ayer que promoverá un proyecto de ley que les daría a las automotrices acceso limitado a los fondos del Programa del Departamento del Tesoro para Compra de Activos Tóxicos (TARP, por sus siglas en inglés).

Al mismo tiempo, Obama, quien en principio se abstuvo de implicarse públicamente en el asunto, está presionando para que el Gobierno libere inmediatamente fondos a través del Tesoro, el Departamento de Energía y la Reserva Federal. Además, está estudiando opciones adicionales, desde concesiones en las reglas laborales hasta el nombramiento de nuevos miembros en las juntas de las automotrices que reciban ayuda.

Para Obama, la crisis en la industria automotriz de Estados Unidos se está convirtiendo en la prueba de fuego de su liderazgo. Los sindicatos, incluyendo el que agrupa a los trabajadores de las automotrices, invirtieron bastante en la campaña de Obama.

La Casa Blanca no cerró totalmente las puertas a la posibilidad de usar los fondos de rescate. "Si el Congreso se dispone a cambiar la ley, veremos cómo planea hacerlo", dijo el vocero de la Casa Blanca, Tony Fratto.

Los colaboradores de Obama y Pelosi aclararon que ambos impondrán condiciones significativas a cualquier ayuda federal. Las automotrices que reciban asistencia tendrán que ofrecerle al Gobierno una participación en su reestructuración, con valores o garantías, y deberán aceptar las mismas reglas sobre compensación ejecutiva que los bancos.

Las automotrices que reciban ayuda también tendrían que aceptar reglas rígidas para la fabricación de autos "más ecológicos y menos contaminantes", dijo un asesor de Obama. Los asesores de Obama dicen que están presionando por tres ángulos: un acceso más rápido a los US$25.000 millones en préstamos que el Departamento de Energía ha ofrecido para convertir la flota de Detroit en vehículos de uso de combustible más eficiente; acceso al fondo de rescate de US$700.000 millones para Wall Street; y préstamos de emergencia de la Reserva Federal.

El presidente no quiere que su primera tarea sea barrer las cenizas de la industria automotriz, que ha sido la columna vertebral del sector industrial del país por más de un siglo, según sus asesores.

Los senadores republicanos, que tienen suficientes votos para bloquear cualquier acción, han mostrado gran reticencia a los planes de estímulo propuestos por los demócratas. Pero el asunto de las automotrices podría ganar apoyo republicano si los demócratas moderan el paquete de estímulo.

Un grave problema es que al Tesoro sólo le quedan US$60.000 millones de los US$350.000 millones de su primera entrega. Si el Tesoro pide una nueva entrega, eso ayudaría a los demócratas del Congreso a solicitar su extensión a la industria automotriz.

El futuro legislativo de un rescate para Detroit podría depender de si los demócratas están dispuestos a desligarlo de su objetivo de obtener un gran paquete de estímulo económico, algo que ha causado un impasse de semanas entre la Casa Blanca y los líderes del Congreso. Bush, en cambio, está pidiendo la aprobación de un plan de libre comercio con Colombia, algo que incluso mencionó el lunes en su reunión con Obama.

Para Obama, una intervención pública a favor de Detroit supone apostar su capital político en nombre de compañías que han perdido la confianza de los inversionistas y muchos consumidores, algo que se refleja en la reticencia de los bancos a concederles crédito a estas compañías y en la erosión de su participación de mercado.

Los demócratas ahora enfrentan la potencial debacle que supondría la pérdida de hasta 3 millones de trabajos en la industria automotriz si las automotrices de Detroit colapsan.