Las acciones contra Español responden a operaciones formalizadas con Jatroil y otras en Túnez y Rusia, mientras que a Soler Padró se le destituyó por el quebrantamiento de los deberes inherentes a su cargo, con supuestas filtraciones a la prensa. En declaraciones a Europa Press, Joan Itarte, de UGT, explicó que no cabía esperar otra actitud de los accionistas y consejeros de la empresa. "Alguien debía asumir responsabilidades", aseguró. Con todo, destacó que ahora lo importante es garantizar que el plan de reestructuración permita conservar fábricas y puestos de trabajo, y mientras no se aplique, llegue dinero para mantener operativas las factorías.
En la misma línea se manifestó Francisco Moraleda, de CC.OO en La Seda, que sostuvo que estas destituciones eran "lo que tocaba" y consecuencia de su gestión, pero consideró que ahora lo más urgente es que el consejo adopte las vías necesarias para asegurar el futuro del grupo, que pasa primero por resolver un "problema meramente financiero".
Según Moraleda, recibir el crédito de 15 millones del ICF constituye un primer eslabón para poder mantener las fábricas de El Prat y Tarragona produciendo mientras no llega el acuerdo para renegociar el crédito sindicado. "Los 15 millones no son la solución, pero si determinantes para estas factorías", recordó.
El sábado, tras cinco intensas horas de junta, los accionistas acordaron iniciar una acción social de responsabilidad contra el ex presidente, además de otro directivo, Aurelio González-Isla.
El actual presidente, José Morlanes, prometió trabajar por el futuro de la empresa, que recordó que es viable, y que pasa por acometer un plan de reestructuración con venta de plantas y una ampliación de capital de 150 millones a la que Caixa Geral ya ha dicho que acudirá. También tiene sobre la mesa la deuda de 22 millones que le adeuda su principal accionista, Matos.
