La Corte Suprema de Estados Unidos aplazó la venta de Chrysler a Fiat a solicitud de fondos de pensiones de Indiana y grupos de consumidores que se oponen a la transacción. Antes de la decisión, Chrysler y el Gobierno Federal advirtieron una intervención de ese tipo podría conducir a la liquidación de la compañía.

Pero la corte superior, en un fallo breve, indicó que extenderá la orden de aplazamiento temporal ordenada por una corte de apelaciones para tener la oportunidad de recibir y revisar las apelaciones de rutina procedentes por grupos que se oponen a la venta.

Fiat fijó previamente el 15 de junio como plazo para el cierre de la transacción. El aplazamiento de la venta ordenado por la Corte Suprema probablemente esté vigente por varios meses.

Las apelaciones más recientes contra la venta fueron presentadas durante el fin de semana luego que la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York aprobara la adquisición de la mayoría de los activos de Chrysler por parte de un grupo encabezado por Fiat. Sin embargo, esa corte bloqueó la venta hasta el lunes, para dar tiempo a que los fondos presentaran su caso ante la Corte Suprema. A principios de la semana pasada, un juez federal de bancarrota había aprobado la ventas.

"No hay otro licitante por los activos de Chrysler", afirmó la automotriz en un documento legal. "La única otra alternativa viable es que Chrysler proceda con la liquidación de sus activos que no reintegrará más de 800 millones de euros a todos los constituyentes".

Chrysler mencionó el plazo del 15 de junio establecido por Fiat para cerrar la venta que dijo se basa en el "frágil estado y erosión diaria en el valor" de la compañía.

Según la documentación de Chrysler, los fondos de Indiana que están impugnando la legalidad del acuerdo perderían sólo 5 millones bajo los términos de la compra de Fiat. Los fondos invirtieron US$17 millones en deuda de Chrysler y recibirán 12,2 millones de dólares concluida la transacción, afirma la automotriz. El fondo de pensiones, en su propia presentación, estimó las pérdidas en "millones de dólares".

Los fondos plantean que la venta, orquestada por los Gobiernos de Estados Unido y Canadá, es inconstitucional y que el Gobierno Federal excedió con su vinculación el poder investido bajo el Programa de Alivio de Activos Depreciados, TARP, por sus siglas en inglés.