La Comisión Europea confirmó que algunas de las condiciones impuestas a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa son incompatibles con la legislación comunitaria y pidió a las autoridades españolas su retirada antes del 10 de enero. Entre las medidas ilegales figura mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación, y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.