Las tensiones entre Iberdrola y ACS aumentaron a principios de este año, cuando Iberdrola, en un intento por bloquear lo que podría haberse materializado en una oferta de adquisición hostil por parte de ACS, solicitó a la Comisión Nacional de Energía que limitara los derechos de voto y el aumento de la participación de su accionista mayoritario ACS. Iberdrola respaldaba esta solicitud apelando a la normativa que impide a un inversor ejercer derechos de voto por encima del 3% en más de un grupo del sector energético.