Además, se establece la obligación de distribuir el 90 por ciento de los beneficios procedentes del alquiler de los inmuebles y el 50 por ciento de las plusvalías derivadas de la eventual venta de dichos inmuebles, dividendos que no estarán sometidos a retenciones. No existe un límite de participación máxima de un solo accionista, aunque se mantiene la obligación de cotización de la sociedad en un mercado regulado. El proyecto de ley explica también que el porcentaje mínimo que la sociedad debe tener invertido en inmuebles es del 85 por ciento.
Con la puesta en marcha de las SOCIMI el Gobierno pretende impulsar el mercado del alquiler, mejorar la competitividad de los mercados de valores españoles y contribuir a la mejora del sector inmobiliario. Las SOCIMI ofrecen además a los pequeños y medianos accionistas la posibilidad de invertir en activos inmobiliarios sin tener que asumir el coste de la adquisición de activos
