El Ecofín dejó claro que, en caso de crisis grave en una entidad europea con actividad transfronteriza, tendrán prioridad las soluciones aportadas por el sector privado y descartaron recurrir a los fondos públicos para cubrir las pérdidas.Los ministros sólo contemplan la utilización de dinero público para prevenir un perjuicio serio a la economía y cuando el beneficio para la sociedad sea claramente mayor que el capital público invertido.Recalcaron, además, que cualquier intervención pública para rescatar a una entidad en crisis tendrá que respetar la legislación europea sobre competencia y ayudas de Estado.También abogaron porque, cuando un grupo financiero opere en varios Estados miembros, las autoridades de los mismos traten de aumentar la coordinación en su labor supervisora y acuerden previamente cómo repartirían la responsabilidad en caso de quiebra.Los ministros creen que quizá sea necesario revisar el marco regulatorio para promover la cooperación entre los países y facilitar el intercambio de información y pidieron a la Comisión que evalúe la idoneidad de introducir cambios legislativos.En concreto, plantearon modificar las reglas que regulan los procesos de quiebra de las entidades bancarias y definir procedimientos de insolvencia adaptados a los grupos transfronterizos.También sugirieron revisar la regulación de los fondos de garantía de depósitos y eliminar aquellos elementos que dificulten su utilización en caso de quiebras que afecten a más de un país.Respecto a las ayudas públicas, pidieron a la Comisión que clarifique los factores para considerar que una crisis bancaria puede "provocar un disturbio grave a la economía" y que establezca mecanismos de análisis urgente para esos casos.El ministro portugués de Finanzas, Fernando Teixera dos Santos, cuyo país preside este semestre la UE, explicó al término de la reunión que, con estas medidas, los Veintisiete tratan de introducir más transparencia en el mercado financiero y destacó la preocupación generalizada por conocer el grado de exposición de las entidades a los riesgos de crédito.Teixera aludió, asimismo, a las dudas suscitadas en torno al funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos y recordó que la Comisión y el Comité Económico y Financiero ya están estudiando la cuestión.El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, coincidió en la necesidad de más transparencia e indicó que las turbulencias que sacudieron los mercados financieros el verano pasado han puesto de manifiesto "algunos fallos".Solbes se refirió a las propuestas presentadas por la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, entre las que figura la estandarización de los productos financieros derivados y el aumento de la transparencia en los "hedge funds" (fondos de inversión alternativa).El vicepresidente se mostró partidario de mejorar la supervisión y la coordinación entre los reguladores, pero subrayó que ello no debe implicar restricciones a la innovación financieraDestacó que un sistema financiero "enormemente imaginativo" ha permitido una gran innovación, lo que ha repercutido positivamente en el crecimiento económico en Europa y en el mundo.Por eso, aunque se mostró partidario de establecer sistemas "para conocer mejor la realidad" de los productos financieros, advirtió ante el riesgo de acabar "matando a la gallina de los huevos de oro".