El pasado noviembre de 2015, Abengoa se acogía al preconcurso asfixiado por una deuda con sus acreedores que superaba los 8.500 millones de euros.

La prórroga de siete meses que concedieron las instancias judiciales fue el primer factor de importancia para evitar su desaparición y desatar así el mayor concurso de acreedores que se iba a conocer en la historia de España. El aplazamiento sirvió para homologar el plan de rescate que concluye el viernes de esta semana, el 28 de octubre. Con todo, deberá salvar con éxito el proceso de adhesión.

Las negociaciones entre la firma andaluza, las entidades bancarias acreedoras y los fondos no consiguieron alcanzar un acuerdo para llevar a cabo la reestructuración financiera de la compañía y un plan de viabilidad hasta mediados del mes de agosto. Por ese motivo, el periodo de adhesión al plan comenzó el 26 de septiembre, obteniendo una prolongación hasta este martes.

Los términos de la reestructuración consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97% en el valor nominal, manteniéndose el 3% con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.

Sin embargo, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70% del nominal del total de la deuda existente a cambio del 40% del capital de la nueva Abengoa. De tal forma, el 30% restante de la deuda se convertirá en un bono o préstamo que tendrá la consideración de senior o júnior en función de si la entidad participa o no en los tramos de dinero nuevo.

Para conseguir la meta de esquivar de manera definitiva el concurso de acreedores, la compañía necesita el visto bueno de los tenedores de al menos un 75% de la deuda.

Desde el inicio del proceso la compañía se ha mostrado "razonablemente tranquila" y confiada en alcanzar ese objetivo de adhesiones a un plan que permitiría a Abengoa sobrevivir "en unos términos buenos", señalaron fuentes conocedoras del proceso.

El acuerdo ha sido suscrito por los fondos Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, the D. E. Shaw group, Elliott Management, Hayfin Capital Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management y Värde, mientras que por los bancos acreedores han participado en el rescate Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Crédit Agricole y CaixaBank.

Asimismo, se encuentra entre los bancos acreedores las entidades públicas del ICO y CESCE, que es previsible que terminen apoyando este plan de rescate para el grupo andaluz.
 

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