El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo ha dado hoy su conformidad a la puesta en marcha de un Sistema Institucional de Protección (SIP) con Cajastur (que integrará a CCM), Caja Extremadura y Caja Cantabria, que dará lugar a la creación de la tercera caja y el quinto grupo financiero del país.

El acuerdo se ha adoptado atendiendo a la oportunidad de negocio que constituye la integración de las cuatro cajas con el objetivo de crear una entidad fuerte, solvente y bien posicionada para competir en el actual contexto financiero, que combinará la fortaleza de la presencia local de cada una de las entidades con su complementariedad geográfica y sectorial.

El Consejo de Administración CAM da así el visto bueno al protocolo de intenciones suscrito este lunes por los presidentes y directores generales de las cuatro entidades. Los miembros del Consejo han valorado de forma muy positiva el liderazgo del nuevo grupo financiero con presencia en todo el territorio nacional a través de una red de más 2.300 oficinas sin apenas solapamientos y con una cuota de mercado superior al 20% en los territorios naturales de implantación y superior al 5% a nivel nacional.

Los consejeros han valorado también el importante avance que supone esta operación en la vertebración financiera del país, al integrar a entidades de probada solidez y capacidad de gestión de cinco comunidades autónomas diferentes, sin perder el valor de sus marcas ni su compromiso territorial.

El Consejo de Administración ha felicitado expresamente al presidente de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo, y a su director general, Roberto López, por las gestiones realizadas para la consecución de este acuerdo, así como por los nuevos roles de liderazgo que asumirán en adelante en calidad de director general y presidente, respectivamente, de la entidad resultante.

El presidente de CAM, Modesto Crespo, ha informado al Consejo que a partir de este momento, se inicia el proceso de construcción y formalización del SIP según el calendario establecido y de acuerdo con la normativa fijada por el Banco de España, con la convicción de que el acuerdo favorece los intereses de clientes, empleados y la sociedad en general.