El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias previas ante la posibilidad de que la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pudiera suponer un delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social.
Así lo ha manifestado el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, para remarcar que este juzgado ya ha ordenado que se investigue la posible comisión de delito, a raíz de la admisión a trámite de la denuncia que presentó contra el Ayuntamiento gestionado por Ana Botella y la EMVS por esta enajenación de viviendas.
"Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", recoge el auto para remitir a la Fiscalía, destaca la agencia Efe.
Por su parte, el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, quien interpuso la demanda ante la Justicia ha acogido esta decisión como un paso que puede “parar el atropello” de la alcaldesa. Los vecinos que residen en las viviendas de protección oficial que han sido adquiridas por los denominados “fondos buitre” han recuperado la esperanza en que se suspendan los desahucios a quienes no pueden pagar los precios y condiciones impuestas por los nuevos propietarios.
