La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)de Colombia ha dado luz verde, con ciertas condiciones, a la fusión entre Movistar y Tigo en el país. Esta operación, valuada en 368 millones de euros, marca un hito en la venta de la filial de Telefónica en Colombia.
Telefónica acordó la venta del 67,5% de su negocio en Colombia a Millicom por 368 millones de euros. Millicom, a su vez, posee alrededor del 50% de Tigo, la segunda operadora más importante en Colombia, superando a Movistar, que se encuentra en la tercera posición, mientras que Claro lidera el mercado.
A pesar de la autorización de la fusión por parte de la SIC, aún quedan asuntos por resolver. El Estado colombiano debe vender a Millicom el 32,5% restante de la filial de Telefónica en Colombia para que la venta del 67,5% se concrete. Por otro lado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) debe concretar la venta de su participación del 50% en Tigo a Millicom, quien busca adquirir el 100% de Movistar y Tigo para fusionarlas y competir con Claro.
La titular de la SIC, Cielo Rusinque, destacó la aprobación condicionada de la fusión de Movistar y Tigo, enfatizando en los beneficios económicos, legales y sociales que motivaron la decisión. Rusinque afirmó: "Hemos estudiado la operación desde una perspectiva de derechos, buscando ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura y garantizar tarifas justas para todos los usuarios, orientando las eficiencias generadas hacia una competencia más eficiente".
En una rueda de prensa, Rusinque mencionó que tener un solo operador dominante no es lo ideal y que imponer condiciones a esta fusión traerá beneficios en términos de cobertura, calidad de servicio y precios competitivos.
La SIC identificó que la fusión permitirá consolidar una sola infraestructura, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa. Los ahorros resultantes se destinarán a inversiones necesarias para el sector, promoviendo una competencia más equitativa frente al operador líder del mercado.
Las condiciones establecidas para autorizar la fusión de Tigo y Movistar en Colombia tienen como objetivo proteger a los consumidores y evitar la desaparición de infraestructuras o la imposición de tarifas restrictivas. Ambas compañías deberán mantener separados sus núcleos de red y someterse a auditorías externas para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas.
