Asmismo, el Gobierno de Pedro Sánchez también estudia recortar deducciones fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y Sociedades.
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, se trata de un impuesto indirecto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.
El impuesto recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición. El Gobierno estima que recaudará unos 850 millones de euros anuales.
El impuesto no afecta al mercado primario, por lo que no tendrá impacto en las empresas que salieran por primera vez a Bolsa. Entre las adquisiciones que estarán exentas de dicho gravamen, destacan, además de las operaciones del mercado primario, las necesarias para el funcionamiento de infraestructuras del mercado, las de reestructuración empresarial, las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
La liquidación del Impuesto será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual.
La patronal bancaria CECA ha explicado que "la aprobación de un impuesto de esta naturaleza afectará a la competitividad de las empresas y de los mercados financieros españoles y, en general, al crecimiento económico y al empleo".
"El impuesto discrimina a la empresa española frente a las empresas extranjeras, puesto que únicamente grava la adquisición de acciones españolas. Por tanto, es previsible que genere una deslocalización de inversiones hacia otras jurisdicciones. Para mitigar los efectos colaterales derivados del establecimiento unilateral del impuesto en España, su implantación debería llevarse a cabo de manera global o al menos coordinada en todos los países de la UE", añaden.
En el mismo sentido se ha expresado la patronal de las gestoras de fondos y planes de pensiones Inverco. La asociación lamenta la determinación del Gobierno de aprobar la 'tasa Tobin' en tanto que este desincentivará la inversión en la renta variable española.
"En la medida en que los planes de pensiones y fondos de inversión inviertan en empresas cotizadas españolas, este impuesto tendrá un impacto en su rentabilidad", mantiene el presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama. La patronal ha recordado que, según sus datos, esta 'tasa Tobin' hará perder un 7,4% del patrimonio de los fondos de inversión y un 5,6% de los planes de pensiones en los próximos 25 años.
Tasa 'Google' descafeinada
El Consejo de Ministros también ha aprobado el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como tasa 'Google'.
El impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. El tipo de gravamen del impuesto es del 3% y se aplica a tres conceptos: la prestación de servicios de publicidad en Internet; servicios de intermediación en Internet; y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea; y las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el proveedor no actúa como intermediario, apunta el Gobierno en un comunicado.
La recaudación estimada es de 968 millones de euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral. Sin embargo, de manera excepcional, este primer año el pago se efectuará a partir de diciembre. El objetivo del Gobierno es llegar a un consenso con más países, y que EEUU no tome represalias con las importaciones españolas. El Gobierno ha rebajado la recaudación de 1.200 millones hasta 968 millones.
El Ejecutivo compuesto por el PSOE y Unidas Podemos también ha puesto en marcha el Proyecto de Ley de medidas para la transformación digital del sistema financiero, que prevé la implantación de un espacio controlado de pruebas o 'sandbox' regulatorio. El 'sandbox' permitirá llevar a la práctica proyectos tecnológicos de innovación en el sistema financiero con pleno acomodo en el marco legal y supervisor. Tanto la Asociación Española de la Banca (AEB) como la CECA han aplaudido la medida, al ser un proyecto muy esperado por las entidades y las fintech.
