Fuentes del Gobierno explicaron que el Ejecutivo no ha realizado esta cálculo y que el resultado es el previsto por algunos servicios de estudios de entidades privadas, aunque desde el Ministerio de Economía y Hacienda estos cálculos se consideran "bastante razonables". Las mismas fuentes añadieron que la deducción de 400 euros en el IRPF, la medida que tendrá una mayor repercusión en el crecimiento del PIB, beneficiará a un total de 16,4 millones de contribuyentes, con un coste total para las arcas del Estado de 6.000 millones de euros.Concretamente, precisaron que la paga de 200 euros mensuales que recibirán en julio estos declarantes tendrá un coste de 2.225 millones de euros, mientras que en los seis meses siguientes (los otros 200 euros se prorratearán entre julio y diciembre) Hacienda dejará de ingresar los 3.775 millones restantes. Desde el Gobierno se reconoce que estos menores ingresos supondrán un recorte del superávit en la misma cuantía, pero indica que la previsión de superávit público prevista para este año (el 1.15% del PIB) parte de un escenario mejor del inicialmente previsto, dado que en 2007 el superávit fue superior al estimado. Junto con la deducción de 400 euros, el Ejecutivo suprimirá, desde el 1 de enero de 2008, el Impuesto de Patrimonio que actualmente pagan 1 millón de contribuyentes, mediante una ley que se aprobará este año con efectos retroactivos. Este supresión supondrá una merma para los ingresos de las comunidades autónomas, que tienen transferido el impuesto, de 1.800 millones de euros. En este sentido, el Ejecutivo indica que el Ministerio de Hacienda, en el marco de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica que tendrá que comenzar a debatirse este año, buscará algún mecanismo para compensar a los gobiernos regionales de esta merma de recaudación. De hecho, está previsto que a mediados de mayo se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y, aunque en el orden del día no figurará este punto, es posible que puedan comenzar a debatirse los primeros pasos del nuevo modelo de financiación autonómica.