Por fin llegó la reforma financiera y llegó apremiando al cambio. En tan sólo unos meses las entidades bancarias de nuestro país tendrán que provisionar fuertemente sus activos tóxicos inmobiliarios y los créditos al promotor corrientes de pago. Se abre la veda a las fusiones, las conversiones de activos, el recorte de dividendos, las caídas de cotización… Intentamos predecir las consecuencias de la operación a corazón abierto de las financieras españolas.

Si destripamos el sector financiero español veremos que su cartera inmobiliaria total está valorada en 323.000 millones de euros, de los cuales en torno a un 54% son problemáticos, 175.000 millones (suelo, promociones no terminadas, promoción terminada y viviendas adjudicadas). Con esta reforma, el Gobierno quiere evitar una posible debacle del sistema obligando a provisionar 50.000 millones en dotaciones extra, lo que cubriría sólo el 25% de los 175.000 millones de euros de activos tóxicos. En torno a la mitad de esos 50.000 euros se destinará a aprovisionar los activos problemáticos sobre beneficios. 15.000 millones servirán para constituir un colchón de capital sobre el 20% de la cartera expuesta al suelo y un 15% sobre las promociones en curso, dotación que se llevará a cabo sobre capital. Todo ello, antes del 31 de diciembre de 2012.

Pero estas exigencias ofrecen varias dudas. Por ejemplo, los activos inmobiliarios sobre los que se exigen las dotaciones están valorados a precios de hace años, probablemente en su mayoría sobrevalorados teniendo en cuenta el descuento actual del mercado. Para Roberto Vázquez, analista de Hanseatic Brokerhouse, “esto es el principal problema porque los bancos no han corregido en sus hojas de balance las valoraciones de mercado como se debería de haber llegado a cabo en base a dotar provisiones por la pérdida de valor de sus activos y por los posible créditos de dudoso cobro que no se han contabilizado correctamente”.

Además de las dotaciones extra sobre los activos problemáticos, bancos y cajas tendrán que hacer una dotación del 7% de los créditos al promotor, a pesar de que éstos estén al día de pago. ¿Por qué entonces? “esta dotación adelanta que se espera un empeoramiento de la situación, con incremento de los préstamos problemáticos y mantenimiento elevado de la morosidad”, justifica Javier Flores, responsable servicio de estudios y análisis de ASINVER.

Consecuencias de las exigencias: ventas, créditos, inversión exterior y cotización

Con estas dotaciones se acepta una pérdida de valor importante de los activos inmobiliario con el objetivo de sanear el balances de las entidades, “lo que permitirá que asistamos por fin a operaciones de venta de activos adjudicados y carteras crediticias, al disminuir el gap hasta ahora insalvable entre precio ofertado por inversores y precio contable de las entidades, que no estaban dispuestas a impactar negativamente sus cuentas de resultados salvo en contadas excepciones”, indica José de Ochoa, Senior Director de Álvarez & Marsal, consultora. Con ello se pretende que gran parte de la cartera inmobiliaria salga a la venta a precios de mercado acutales pero, para que la sociedad pueda acceder a estas viviendas más baratas es necesario que fluya el crédito. Sin embargo, este objetivo ahora parece imposible. Según De Ochoa, “dado el drástico efecto que la reforma tendrá sobre los niveles de capitalización de todas las entidades sin excepción, no cabe esperar que el credit crunch actual mejore mínimamente durante los próximos 18 meses, sino que previsiblemente empeorará, y cada entidad deberá focalizarse más si cabe en la correcta asignación de recursos, así como la gestión optimizada de los activos ponderados por riesgo y los activos adjudicados, máxime teniendo en cuenta el agravamiento de la situación económica del país, con negativas previsiones de evolución del PIB y paro”. No obstante, Natalia Aguirre, analista de Renta 4, cree que “a medio plazo supondrá una limpieza de balance y que fluya el crédito”.

Si finalmente este medida consigue con el tiempo lavar la cara de las entidades “convencerá a los inversores extranjeros de que el sector está limpio y que la situación fiscal nacional no va a ponerse en peligro porque no se aportará dinero público”, dice Aguirre. “Todo ello redundará sin duda en una importante mejora de la percepción del sector en el exterior, posibilitando de nuevo el acceso a los mercados mayoristas, si bien no cabe esperar que esto se produzca en el corto plazo ni simultáneamente para todas las entidades, sino una vez comprobados la aplicación y los efectos de la reforma a nivel individual así como el nuevo mapa financiero que surja”, opina De Ochoa.

En el mercado de renta variable, aquellas financieras que cotizan “podrían experimentar bajadas en este tiempo, dado que su empeño se concentrará en limpiar sus hojas de balance "sí o sí" y, por tanto, será un buen momento para introducir posiciones inversoras y no especuladoras”, dice Roberto Vázquez.

Fusiones: vía de escape para las pequeñas entidades

Las dos grandes entidades se configuran como los vencedores de esta batalla contra el mercado inmobiliario. Como se han jactado de presumir los cabecillas de los principales bancos españoles, no tendrán mucho problema en cumplir con las exigencias de capital. De hecho, ya se están adelantando a ellas con dotaciones extra a cargo de beneficios, desinversiones en negocios menos estratégicos y conversiones de preferentes en acciones y bonos convertibles. Pero esta reforma podría llevar a que algunas entidades pequeñas y las apodadas 'zombis' tuvieran que colgar el cartel de 'rebajas' pues, “aquellas entidades que queden con escasos fondos propios tras las provisiones se verán obligadas a echarse en brazos de entidades más sólidas”, adelanta Ignacio Trigo, analista del banco de inversión ONEtoONE Capital Partners. Así pues, “las grandes comprarán entidades y cajas a un precio totalmente descontando. Si consiguen sanear los problemas financieros de estas entidades adquiridas en el corto plazo con cargo a beneficios de la entidad adquirente tendrán grandes posibilidades de crear negocio en el futuro, y además, tendrá una repercusión directa en la economía real”, dice Vázquez.

¿Qué posibles fusiones maneja el mercado?
Sonaba con fuerza el matrimonio Bankia y CaixaBank, sin embargo, Juan Fernando Robles, experto en banca internacional, critica que “Bankia ya viene de una fusión con entidades de diferente solvencia y, ¿cuántas veces vamos a fusionarla? quizás éste no sea el camino. Ya se sabe, si ponemos una manzana podrida en el cesto, podríamos pudrir todo el cesto”.

Ángel Cano, CEO de BBVA, advirtió que el banco no está dispuesto a participar en la reordenación del sector si tiene que asumir pérdidas pero, no ocultó su interés por CatalunyaCaixa, “La vamos a analizar con muchísimo detalle y tomaremos una decisión”. De llevarse a cabo una fusión entre ambas entidades, se podría crear el grupo financiero con mayor cantidad de activos, unos 376.000 millones de euros.

Si Santander tuviera o quisiera adoptar alguna entidad, los expertos dan por hecho que ésta sería su propia filial, Banesto, lo que daría lugar a un macro grupo financiero con 316.000 millones de activos. Sin embargo, Jorge del Canto, analista independiente, considera que “Banesto no va a tirar por el lado de las fusiones, creo que más bien podría llevar a cabo un venta de activos en cartera –activos inmobiliarios- y no descarto una salida de la cotización de Banesto en Bolsa para reorganizar su estructura de capital”.

En el caso de Bankinter, Carlos Ladero, analista de Estrategiasdeinversion.com., dice que “hay rumores de que podría adquirirlo Crédit Agricole”. Y Banca Cívica “caerá también en manos de alguien, se rumorea que podría ser con el Popular o KutxaBank.”

Roberto Vázquez cree que, al final “asistiremos a un escenario financiero en España con cinco o seis grandes bancos, debido al plan de reconversión que necesita la economía española. Entre ellos estarán BBVA, Banco de Santander y Banco Popular. El resto se configurarán mediante fusiones unas con otras (incluidas las cajas). Incluso ya hay pequeñas cajas que están aplicando el modelo de negocio de Ing Direct”.

El 'trato de favor' a las entidades fusionadas

Las financieras que comenzaron a fusionarse después de septiembre de 2011 contarán con un trato de favor en el tiempo en el que podrán cumplir con las exigencias del Gobierno. Éstas serán Popular, que está en proceso de integración de Pastor; Sabadell, que está digiriendo CAM; Unicaja, que está en proceso de integración con Caja Duero y Caja España; y Kutxabank (BBK, Vital y Kutxa). En estos grupos financieros los activos problemáticos podrán cargarse contra patrimonio y el saneamiento podrá hacerse en 2 años, entendiendo que la integración lleva su tiempo en cerrarse y dar frutos.

Aquellas entidades que necesiten, a partir de ahora, fusionarse, tendrán hasta el 30 de mayo para comunicar sus intenciones al Gobierno, presentando, eso sí, un plan de gobierno corporativo (salarios máximos anuales de directivos de 300.000 euros), el compromiso de ampliación del crédito y un plan de viabilidad económica (que permita un aumento del balance del 20% y canalizase a través de operaciones societarias, no SIP). Aquellas nuevas fusioines tendrán hasta 24 meses de plazo para realizar las provisiones necesarias que les cubran gran parte de los activos inmobiliarios que tienen en sus balances.Además, aquellos grupos que no puedan asumir el coste de las nuevas provisiones podrán solicitar dinero al FROB. En este caso, el Estado les aportará dinero mediante los cocos (bonos contingentes convertibles), dinero que tendrán que devolver con un 8% de intereses. Según Sara Pérez Frutos, directo general de Dracon Partners EAFI, “es permitir que la banca emita un nuevo tipo de instrumento para hacerle más solvente, con una serie de plazos, y si la banca no puede devolver ese bono se convertirá en acciones. Es un sistema que sería computable como solvencia.”. Sin embargo, los recursos del FROB se aumentarán con 6.000 millones procedentes del Tesoro Público, lo que va en contra del compromiso de De Guindos de no poner un céntimo de dinero público en esta reforma y, aunque esos 6.000 millones no cumputen como déficit, sí lo harán como dedua pública.