La morosidad pública de Ayuntamientos, Comunidades y Organismos públicos dependientes en general es, desde hace unos años, noticia por los impagos y la morosidad de los mismos. Para las empresas y autónomos, trabajar para la administración es abocarse a grandes retrasos en los pagos e incluso no cobrar.
Esto ya venía siendo normal e incluso ha sido el motivo de cierre de muchas empresas y el cese en el trabajo de muchos autónomos. Esta situación se pretende solucionar con un acuerdo alcanzado con la banca y el gobierno, que inyectarán cerca de 50.000 millones de euros para pagar facturas pendientes de Ayuntamientos y Comunidades principalmente. Con ellos se pretende revitalizar la maltrecha economía de las corporaciones municipales y autonómicas, al tiempo que revitalizar la economía real de estas miles de empresas “enganchadas” por los impagos. Algo que podrá solucionar sus problemas, en una primera parte.

Esta liquidez tendrá un coste de, aproximadamente, un 5% y una carencia de pago de dos años de intereses, debiendo pagar lo prestado en los diez años restantes. Pero esta operación como todo, tiene su letra pequeña, siendo lo principal que los proveedores cobrarán directamente de las entidades financieras y además cobraran en primer lugar los que asuman una quita de la deuda.

Las entidades recibirán los fondos en cinco años y el Estado avalará la operación al sindicado bancario, que la formalizará con la garantía de que no recibirán la parte que les corresponde en su financiación estatal si no están al día en sus pagos. Con ello parece cerrarse un círculo virtuoso que permitirá cerrar un motivo muy importante de cierres de empresas y la consiguiente sangría de personas que aumentan las listas del paro. Y al mismo tiempo reactivará la economía real que lleva demasiado tiempo afectada por esta crisis económica.

Esta solución a la que han llegado el Gobierno y las entidades financieras tiene un aspecto muy importante pero que no se publicita y que afecta de lleno a las empresas que vayan a cobrar sus facturas pendientes. Y es que a su vez las entidades financieras tienen en su mano el cobro de operaciones de financiación impagadas en su mayor parte por estos impagos de administraciones públicas. Las entidades fomentarán esos pagos por varias razones: en primer lugar, porque tienen el cobro asegurado. O paga el Ayuntamiento ó la Comunidad ó paga el Estado avalista. Y en segundo lugar, en su mayor parte cobrará a un moroso que tenían contabilizado y que era la financiación o anticipo de estas propias facturas.

Tremenda jugada para las entidades financieras. No se sabe por dónde ayudarlas más, las inundamos de financiación con el aval del Estado, y ahora les ayudamos a cobrar parte de sus morosos, por impagos de la propia Administración. El empresario o autónomo tiene ante sí un importante dilema “realicé el trabajo y no me pagaron. Ahora que ya estoy hundido quieren que les haga una quita de esa deuda de hace años y encima me paga el banco con el que tengo la deuda. En resumen, me pagan pero no cubro la deuda en su totalidad y sigo debiéndole al banco que la ha cobrado del Estado, con lo que sigo estando igual de mal”.

Estas iniciativas no ayudan mucho a las empresas y siguen siendo un parche que apoyan las entidades financieras porque son los principales beneficiarios de la operación. Este movimiento debería ir acompañado de muchos condicionados para que los bancos no se aprovechen más de las circunstancias y sirva únicamente para reducir su morosidad.

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Rafael Montava Molina
Consultor Empresarial
rafaelmontava@hotmail.com