Caja Madrid y Bancaja van a crear la primera caja de ahorros por volumen de activos después de que los consejos de ambas entidades hayan dado el visto bueno a su fusión fría mediante el “SIP” (Sistema de Protección Institucional). Con este pacto, ambas entidades sumarán más de 300.000 millones de euros que se incrementarán si se tiene en cuenta a otras entidades, como Caja Segovia, Caja Avila, Caja Rioja, La Caja Insular de Ahorros de Canarias y Caixa Laietana, además de Caja Madrid y Bancaja. Este tipo de unión “significa que las entidades mantienen su personalidad pero las cuentas y patrimonios se consolidan a través de un banco
”, explica Francisco Sanz, responsable de publicaciones de ADICAE.

Este experto también observa que “las cajas de ahorros durante estos años se han comportado como entidades de crédito y bancos: han vendido los mismos productos financieros, han hecho los mismos sistemas de ventas y comercialización y no hemos percibido que las cajas hayan sido esas entidades sociales que responden a las necesidades del consumidor medio” por lo que, “que se fusionen, puede suponer que haya una menor competencia entre ellas y, que sea a través de un SIP, nos hace temer que pueda ser la antesala de una privatización y bancarización de las cajas de ahorros”.

Además, estas entidades van a pedir 4.500 millones de euros al FROB, un fondo de ayudas públicas creado con dinero de los ciudadanos españoles. Este préstamo “se deberían devolver pero no sabemos hasta qué punto va a ser posible porque el sistema financiero esté atascado o tenga gran necesidad de parches”, advierte Sanz, por ello, el experto refrenda que “a la larga, los consumidores van a ser los que paguen esto a través de un aumento de comisiones y productos financieros que tendremos que contratar, entre otras cosas”.

En el corto plazo Sanz dice que “el cliente que tiene cuentas en estas entidades no va a apreciar ningún cambio en la gestión pero, a medio plazo, tendremos un sistema financiero más caro, siendo más complicado acudir a las entidades”.

Teniendo en cuenta el actual panorama financiero español, en ADICAE no dudan que “se necesita una reestructuración financiera y económica”, pero también defiende que “es necesaria una modificación de la ley de 1985 en la cual los impositores figuran como representantes en las juntas en un porcentaje muy alto, pero su participación efectiva es minúscula”. Ante esta infrarrepresentación “los partidos políticos y las castas tecnócratas de las cajas son las que mangonean en un paso más hacia esa tecnocratización y burocratización, por lo que debería haber una reforma que nos implicara más a los impositores para tomar decisiones más democráticas respondiendo al verdadero espíritu de las cajas”.

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