La economía será verde y telemática. El golpe sobre la mesa de los líderes europeos, con acuse de recibo a Budapest y Varsovia, permite iniciar un itinerario que será complejo. Porque, antes, deben encenderse los motores de la maquinaria económica del club comunitario tras el Covid-19, en medio de alertas de los bancos centrales sobre el riesgo de la asimetría -contemplada de nuevo en noviembre- entre los mercados y la coyuntura real de los países. Para España, los 140.000 millones de euros del Plan Marshall europeo -de los 750.000 que movilizarán en toda la Unión las líneas financieras aprobadas y que han tratado de paralizar los dos Estados del Este- supone un balón de oxígeno para sus empresas. En nichos de negocios donde han mostrado su rentabilidad y su visión estratégica. El Gobierno habla de una segunda ola modernizadora de la economía -tras su periplo durante la transición- para anticipar la transición a otro modelo productivo. Siguiendo las directrices de Bruselas. Para lo que pretende movilizar medio billón de euros con los que espera generar 800.000 puestos de trabajo y una aportación adicional al PIB de dos puntos y medio en el próximo trienio.
La cumbre europea del pasado 10 de diciembre volvió a convertirse en una disputa contrarreloj del club comunitario que se resolvió sobre la bocina. Una de tantas de las que ponen en jaque la integración de la UE que, en esta ocasión, coincidió en el día con el cónclave del BCE en el que la autoridad monetaria tenía parte de sus antenas de percepción puestas en la negociación de los jefes de Estado y de Gobierno. Entre otras razones, por una cuestión de confianza en el futuro y en la consolidación de su política monetaria dirigidos desde el inicio de la Gran Pandemia hacia programas de estímulo que han contenido los efectos de la recesión y mantenido abierto el grifo prestamista en la zona del euro. La oficialidad de su estrategia se puso en duda por la reticencia conjunta de los gobiernos húngaro y polaco, que estuvieron a punto de dinamitar la gestión de los ingentes recursos monetarios y fiscales habilitados casi al unísono por Bruselas y Fráncfort por primera vez en su historia. Pero los 1,8 billones de euros en juego del Plan de Reconstrucción de la pandemia y del programa presupuestario plurianual de la UE no son el único asunto de alta tensión creado por Budapest y Varsovia. Detrás está también la posibilidad real, que ha cobrado fuerza en 2020, de mutualizar la deuda -al menos, la surgida por la mayor recesión en tiempos de paz, el efecto colateral económico de la crisis del coronavirus- y avanzar hacia la unificación fiscal de la UE. O, con mayor precisión, de los socios monetarios europeos. Evocando la doctrina hamiltoniana -en honor al Secretario de Tesoro americano alexander Hamilton quien, en 1789, durante la presidencia de George Washington, consolidó la deuda americana y estableció las bases del sistema financiero y del modelo impositivo federal en EEUU-, sus partidarios, a los que se acercan con menos reticencias el bloque centro-europeo, reacio hasta ahora, a cualquier plan de configurar un Tesoro europeo y un eurobono que relegue la primacía del bund alemán en los mercados, inciden en la oportunidad histórica de avanzar, en esta dirección, hacia la integración y homologación de la zona del euro. “Es lo que no pocos economistas consideran un paso hacia delante; una estrategia encaminada a algún tipo de confederación fiscal”, alerta Paul Donovan, economista jefe en UBS Global Wealth Management.
“Si Europa ha creado una unión monetaria que funciona, debes exigir que la divisa común opere con criterios homogéneos, circunstancia que no ocurre precisamente en estos momentos”, aclara. En alusión a que en la UE todavía son los presupuestos nacionales la primera línea de actuación en el área económica, lo que propicia innumerables episodios de estrés. Que se han agudizado con las secuelas de la recesión. El salto en los gastos de protección a trabajadores y empresas, combinado con la caída de ingresos por una actividad en depresión total, ha disparado los déficits a dobles dígitos en su relación con el tamaño de sus economías. Y a socios del euro como Italia a registrar un nivel de endeudamiento del 160% del PIB.
Italia y España serán los máximos beneficiarios de las ayudas de la llamada Next Generation EU, el arsenal de fondos europeos acordado la pasada primavera y que desglosa los recursos a largo plazo de inversiones y gastos de la Unión. Al que Hungría y Polonia han intentado bloquear para evitar la condicionalidad de las ayudas a la adhesión de estos países las normas democráticas de los tratados comunitarios. Más de la mitad de estas dotaciones se dirigen a la modernización de la economía, la mitigación del cambio climático, la transformación digital y al incremento de las capacidades y servicios de los sistemas sanitarios de los socios. Puestos en el frontispicio por los efectos de la crisis del coronavirus. Su configuración es, de facto, un prototipo de centralización fiscal. Con mutualización de deuda. Un proyecto de gastos compartidos que implica un avance hacia una economía con mayor grado de homologación e integración. “Los socios de la UE van a poder financiarse a tipos de interés bajos, y deberían seguir haciéndolo en estas condiciones, mientras se asienta el ciclo de negocios post-Covid”, explica Guntram Wolff, director de Bruegel Institute. “El fondo de recuperación europeo es extremadamente determinante para espolear el potencial de crecimiento de la UE”, enfatiza. IniCredit cree que, para los países del euro, estos recursos añadirán dos décimas de expansión al PIB comunitario en 2021, y cinco décimas cada uno de los tres ejercicios siguientes”. Aunque este combustible adicional será superior entre las naciones meridionales; especialmente, Italia y España, arguye. Para Maeva Cousin, David Powell y Jamie Rush, analistas de Bloomberg Economist, “la economía del euro, asolada por la segunda ola de contagio y las medidas de confinamiento empezará 2021 al ralentí, por debajo de las tasas previstas por el mercado, por lo que el BCE se ha visto en la obligación de extender su programa de estímulo PEPP y sus peticiones de esfuerzos presupuestarios a los gobiernos al menos hasta final del próximo ejercicio”. En otro medio billón de euros, hasta los 1,85 billones, a emplear hasta marzo de 2022.
El doble concilio acordado por los líderes europeos en el Consejo y por el consejo de gobierno del BCE es otra constatación de que la zona del euro abordará en un futuro más o menos reciente su integración presupuestaria. “La política fiscal es un salvavidas, preserva la economía, aunque por ahora la prioridad máxima sea los estímulos”, asegura Pernille Bomholdt, economista de Citigroup: “Con el apoyo de los fondos europeos habrá más certidumbre sobre la coyuntura de la zona del euro”.
Sostenibilidad: primera parada del tránsito
La piedra angular de las inversiones europeas en el horizonte hasta 2027 serán verdes. Un reto que nace con el plácet del FMI. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, recuerda en su blog oficial que el cambio climático y el Covid-19 tienen un denominador común. Ambos fenómenos son, al mismo tiempo, “tragedias humanas y catástrofes económicas”. La crisis sanitaria ya se ha cobrado más de un millón de vidas y ha dejado a cientos de miles de personas sin trabajo, con unas pérdidas productivas que sobrepasarán los 28 billones de dólares en el próximo lustro. El tamaño de las economías de EEUU y Japón juntas. El cambio climático afectará también a miles de personas y a sus condiciones de vida. Ambas debacles son más devastadoras entre las zonas con población más vulnerable. En países con infra-preparación y miopía estratégica para abordar sus daños. Pero en los dos casos, la solución también es compartida: “acometer avances hacia una coordinada y sólida inversión en proyectos verdes”. En un momento en el que el mundo está en mitad de un esfuerzo masivo por restaurar las economías y devolver a los trabajadores a sus empleos. Con instrumentos fiscales que han sobrepasado, hasta ahora, los 12 billones de dólares entre las potencias de rentas altas. Georgieva apela al multilateralismo -si los países del G-20 se hubieran inclinado por actuar solos durante el tsunami financiero de 2008, hubieran tenido que gastar dos terceras partes más de sus recursos para reconducir la coyuntura- y a la importancia de iniciativas sincronizadas de actuación conjunta. E invertir en tecnología capaz de sellar las plantas de carbón y acelerar la economía verde. Con planes de repoblación forestal, de rehabilitación de ciudades inteligentes con tecnología de alta conectividad, y de transición a la eficiencia energética. Que incluyan fondos de remodelación de redes de infraestructuras y de servicios públicos de transporte, en los que primen las energías renovables.
La UE ya ha emprendido esta acción a gran escala. Con 550.000 millones de euros en proyectos de neutralidad energética en los próximos años. Estela que han seguido países como Indonesia y Egipto, que acaban de activar bonos verdes, recuerda la directora gerente del Fondo. Pero aún deben involucrarse agentes económicos. Empresas, instituciones multilaterales, inversores o las fundaciones filantrópicas. Porque organismos como la OCDE detectas todavía un desequilibrio hacia las energías fósiles en la demanda energética global. Y postula una iniciativa paralela a las estrategias gubernamentales. “Sólo con un plan de inversión verde financiado a cargo de deuda y combinado con un encarecimiento de la energía producida por carbón aportaría 12 millones de puestos de trabajo netos hasta 2027”.
Un reciente informe sobre eficiencia energética de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), de este mes de diciembre, recuerda que los esfuerzos en esta dirección, desde 2015, han ido en descenso. Y que el Covid-19 ha vuelto a poner este objetivo en clave de urgencia. Sus datos dicen que, en 2019, la intensidad energética creció un 1,6% en todo el planeta y que este año, pese a la recesión global, lo hará en otro 0,8%. Registros que no favorecen precisamente los objetivos de sostenibilidad. Los operadores deberán obtener más de un 40% de reducción de sus energías de gases de efecto invernadero en los próximos veinte años para acceder al escenario idóneo de la IAE. “Hay que poner al mundo en los raíles que conduzcan a alcanzar las metas establecidas contra el cambio climática de los Acuerdos de París y poner la locomotora de proyectos verdes a pleno rendimiento”. Porque las inversiones en energías eficientes de edificios, equipamientos y vehículos limpios van a descender en 2020 ante la incertidumbre que la Gran Pandemia causa sobre las decisiones de consumo y de capital. Y en la industria el receso de planes por la recesión y los bajos precios de los combustibles fósiles han recortado sus recursos hacia las energías no contaminantes entre un 10% y un 40%, según los sectores. En general, los fondos empresariales destinados a eficiencia energética caerán un 9% este ejercicio. Ante la debacle de negocios como el turístico y el de las líneas aéreas y la contracción de la demanda de energía. Sin más esfuerzos de inversión en tecnología eficiente -asevera el estudio de situación de 2020- se modificarán las carteras de capitales más propensas a los criterios ESG y se relegarán planes estratégicos verdes de compañías en todo el mundo. “La incertidumbre sobre los ingresos de las compañías es uno de los factores que están retrasando decisiones de inversión en alta tecnología y digitalización dirigida a la eficiencia energética”. Un error mayúsculo, dice la IEA, porque las acciones hacia la neutralidad, hacia las emisiones netas cero de CO”, solo en el bienio 2021-23, generarían más de 1,8 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Casi las dos terceras partes de ellos, en el sector de la construcción, el 16% en la industria y el 20% en el transporte. Y el 80% de los nuevos contratos laborales en Europa. A tenor de sus recursos futuros a la sostenibilidad.
La digitalización, como motor del cambio
Los mercados digitales, -explica James Mancini, de la División de Competencia de la OCDE- serán un factor esencial -al igual que las autoridades gubernamentales- para contener “los abusos de posición dominante” en determinados sectores, especialmente el tecnológico y para “facilitar el tránsito hacia modelos de negocios telemáticos”. Motivo por el que pide “iniciativas concertadas entre las diferentes jurisdicciones regulatorias” que eviten desincentivos a la innovación. Ahora que el Covid ha acelerado la digitalización en las empresas. “Entre 20 y 25 veces más rápido”, a tener del contenido de una encuesta de la consultora McKinsey entre ejecutivos empresariales de todo el mundo que -asegura el sondeo- han desarrollado aplicaciones online y telemáticas en 12 actividades distintas de sus negocios de promedio durante la epidemia. Y Europa -explica- está en condiciones de dirigir estos esfuerzos en innovación hacia la plena descarbonización del continente. Hasta el punto de poder alcanzar su objetivo de emisiones netas cero en 25 años; es decir, un lustro antes del 2050. Con las energías solar y eólica como predominantes. Aunque, en general, con el resto de fuentes renovables.
Paolo D’Aprile encabeza a otro grupo de expertos de McKinsey que analiza más de 600 negocios en 75 subsectores productivos de diez regiones europeas y el impacto de estrategias efectivas de reducción de emisiones en el terreno socio-económico y laboral. El resultado es un decálogo de éxito. Porque Europa está en condiciones de alcanzar la neutralidad energética a coste neto cero. “Reducir los gases de efecto invernadero aumentará los gastos en algunos sectores, pero supondrá un ahorro de facturas en otros y ambos se repercutirán a los consumidores que, sin embargo, serían mínimos en los hogares de ingresos medios y bajos”, explica el estudio. En otra de sus predicciones habla de que la transición energética concederá rentabilidades y más de 5 millones de puestos de trabajo. De hecho, sus cálculos dicen que crearán 11 millones, aunque se destruirán 6 hasta 2050. Con más de 18 millones de empleos de las actuales plantillas que se conservarán con programas de formación profesional destinados al avance de esta transición a las energías limpias. Los sectores productivos tendrán que reducir emisiones en paralelo al logro de sus objetivos secuenciales a largo plazo. La industria energética debería ser la primera en la supresión de las emisiones, en la primera mitad de la década de los cuarenta, a partir de amplios planes de inversión tecnológica, ya disponible y adecuada. También el transporte, en 2045, a la que le seguiría la construcción en el lustro final, mientras la industria y la agricultura serían los segmentos productivos a los que tendría que concederse la fecha límite de 2050. El informe dice que más de la mitad de la reducción de emisiones se podrían certificar mediante una temprana adopción de tecnología madura actual. Alrededor de otro 25%, a través de proyectos piloto de digitalización, enfocados mayoritariamente a la captura y almacenamiento de carbono, y un 15% de la fase actual de I+D+i tecnológico. Acelerar todos y cada uno de estos tres procesos resultará crucial.
El resultado de estas premisas de ejecución será una reconfiguración del sistema energético y el uso de las fuentes de energía. Para 2050, el consumo de petróleo, gas y carbón descenderá más de un 90%, mientras la demanda eléctrica se duplicará y las renovables generarán más del 90% de su producción desde el 35% actual. En torno a 30 miliamperios-hora (MhA) serán utilizados para biomasa. La descarbonización europea reducirá costes si la política medioambiental se hace de forma coordenada. Con facilidades de tránsito entre socios. Para lo cual, se necesita invertir casi 1 billón de euros anuales y aumentos de los gastos de capital. Alrededor de 800.000 millones anuales, una cuarta parte de los recursos de la UE. Así como otros 180.000 millones enfocados a la tecnología empresarial. Sumas que podrían ahorrarse en las décadas intermedias mediante gastos operativos. Par lo que se precisa la intervención estimuladora de las autoridades oficiales. Porque la mitad de esas inversiones revertirán en beneficios. Hasta cerrar la brecha financiera desplegada por la Unión, bajo la gestión de los gobiernos nacionales, cifrada en 4,9 billones de euros. Además, la seguridad y la competitividad energética repuntaría. Si Europa se convierte con celeridad en un territorio energéticamente independiente y avanzado tecnológicamente, será capaz de retener talento profesional, dotar de mayor dimensión a sus empresas, aumentará su liderazgo global e internacionalizará importantes segmentos productivos. El epitafio de este planteamiento de McKinsey deja una lectura prioritaria. “Todos los stakeholders -inversores y agentes económicos- deben implicarse en este esfuerzo, que pasa por acelerar el capital en el terreno de la innovación y la adaptación de los negocios para reducir las emisiones de CO2 en la próxima década, concentrar los esfuerzos de recortes durante los años treinta y completar con la planificación de I+D+i actuales la transición hacia la neutralidad antes de 2050”.
La hoja de ruta española
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una reciente comparecencia en el Congreso en la Comisión presupuestaria en la que justificó el cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas públicas del próximo ejercicio, que calificó de “prudentes”, habló de los efectos de una “evolución más negativa de la pandemia” o de “un posible retraso en la disponibilidad de la vacuna”, así como de un incremento de las tensiones geopolíticas y comerciales” para adelantar “la posibilidad de un impacto estructural sobre el tejido productivo o el empleo que lastre la recuperación y las posibles dificultades a la hora de ejecutar los fondos europeos de manera ágil y completa”. En su intervención, Calviño explicó que “tras una caída intensa de la actividad en 2020, el año próximo experimentaremos una recuperación también muy vigorosa, en el entorno del 7%, con lo que comenzaría a recuperarse el terreno perdido”. Un dinamismo “inercial” que podría incrementarse entre 2 y 3 puntos porcentuales por la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -dijo- que contempla inversiones públicas movilizadas por fondos europeos “ya recogidos en el proyecto de Presupuestos”. Así que, “más allá del impacto a corto plazo, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nos permitirá elevar el crecimiento potencial de nuestra economía por encima del 2%, crear en torno a 800.000 puestos de trabajo y movilizar una inversión privada de en torno a 500.000 millones de euros”.
Calviño también explicó la estrategia de gasto de los 5.122 millones de euros, casi el triple que el presupuesto prorrogado de 2018, de su departamento, donde se incluyen 3.650 millones de euros procedentes del mecanismo Next Generation EU. Dirigidos a fomentar la digitalización de nuestro tejido productivo y nuestra sociedad, desplegando la agenda España Digital 2025, que presentamos el pasado 23 de julio, y a mantener la participación de España en las instituciones financieras multilaterales -849 millones- para “mantener y reforzar la capacidad de influencia de España en la gobernanza económica mundial”. Más de 1.000 millones de euros se destinarán al impulso de las competencias digitales mediante programas clave como los de apoyo de las competencias digitales básicas para la ciudadanía digital; otros 331 millones, a la formación en nuestras pymes, 150 millones de euros para la recualificación de los trabajadores en desempleo, con medidas específicas para cada uno de los colectivos vulnerables y 26 millones a impulsar el proceso de digitalización en la educación superior, en la educación universitaria. Además, desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se destinará al emprendimiento y la digitalización del tejido empresarial, otros 219 millones del Plan de Impulso a la Digitalización de las Pymes. A los que hay que sumar 315 millones para proyectos tractores de digitalización en sectores clave como el agroalimentario, el de salud digital, el turismo inteligente, la movilidad sostenible o el comercio electrónico. Así como 330 millones de euros para poner en marcha la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
La vicepresidenta también pasó revista a las actuaciones presupuestarias que se promoverán desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, cuya dotación se ha multiplicado por tres. Se pueden resumir en tres líneas fundamentales, aclaró. En primer lugar, el Plan para la conectividad de las personas, empresas y territorios, que dispondrá de 583 millones de euros en el ejercicio 2021 con el objetivo de que el 100% de la población española disponga, en 2025, de la conectividad digital de 100 megabits por segundo, contribuyendo así a avanzar en cohesión social y territorial. Con objeto de lograr “la conectividad digital”, esencial “en la vertebración territorial del conjunto de la población española”, a través de inversiones colectivas. En segundo lugar, el impulso al despliegue del 5G que, con 300 millones de euros, se centrará en impulsar el despliegue de esta tecnología “allí donde los operadores privados tardan más en llegar, desarrollar infraestructuras en el ámbito de los corredores viales y ferroviarios, con especial atención a las vías secundarias, que son las que suelen quedar más desatendidas por la UE, y promover el uso del 5G en los proyectos tractores de digitalización sectorial. El tercer ámbito de actuación será la promoción del valor de nuestro país como plataforma europea de negocio, inversiones y trabajo en el ámbito audiovisual y del videojuego, con una dotación para ello de 109 millones de euros.
Pero, quizás, lo más significativo de la explicación de Calviño fue el llamamiento a los cambios estructurales y de patrón de crecimiento que hizo en sede parlamentaria la vicepresidenta: “La movilización de 39.000 millones de euros de inversiones públicas, en su mayor parte financiadas con fondos europeos, nos ofrecen una oportunidad histórica para afrontar transformaciones que todos reconocemos, que la inmensa mayoría de la población española considera urgentes e ineludibles y que ahora tenemos la oportunidad de poner en marcha en un tiempo récord, apoyándonos para ello en la colaboración público-privada”.
España recibirá 140.000 millones de los fondos de recuperación europeos. Algo más de la mitad -72.700- de ayudas directas. A falta de comprobar la capacidad de gestión de estos recursos por parte del Ejecutivo español -y del poder de absorción de la economía-, para lo que Moncloa ha reducido drásticamente las trabas burocráticas y las exigencias de sus normas de contratos del Estado y de las Administraciones autonómicas y locales, el balón de oxígeno para la estructura productiva de la cuarta economía del euro y sus empresas es más que notable. La inyección de liquidez supone el 11% del PIB hispano y se irá suministrando, sobre todo, entre 2021 y 2023. En los dos primeros ejercicios de este trienio llegará el 70% de la dosis monetaria y en el último, el 30% restante. Un acicate sin parangón para catapultar el despegue post-covid, reconocen los expertos. En el que la patronal, CEOE o la Cámara España han involucrado a las empresas. A las que se suman las entidades financieras. Con mecanismos de asesoramiento para que gestionen con solvencia el mapa de licitaciones que crearán los fondos europeos. Una estrategia nacional que demandará preferencias de industrias y sectores y para la que las compañías deberán estar preparadas, porque los proyectos serán específicos y concretos. La captación de recursos obliga a las firmas a personificar sus planes de negocio y a las patronales sectoriales, a conseguir que los concursos se decanten por sus segmentos de actividad.
El elenco de posibilidades de negocio es inmenso. Porque, en principio, ninguno queda excluido del abanico monetario europeo. Pero las firmas renovables y los sectores y empresas con poder de reconversión energética en marcha tendrán más ventajas competitivas. Las multinacionales españolas han sido capaces de producir 30 gigavatios de energía eólica en proyectos exteriores. Y compañías como Navantia, asolada por profundas caídas en sus pedidos de construcción de barcos, han emprendido una estrategia verde. La demanda de embarcaciones mercantiles con energías limpias ha empezado a engordar su cartera de contratos. Solaria ha protagonizado uno de los movimientos más vigorosos desde su ingreso en el Ibex-35 hace algo más de un mes. Al tiempo que Iberdrola desplazaba en verano a Inditex como la empresa española con una mayor capitalización bursátil y Repsol se convertía en una de las petroleras más codiciadas por fondos de inversión y mejor valorada por el mercado por su estrategia de emisiones netas cero en 2050, anunciada en diciembre de 2019, unos meses antes de la epidemia del Covid-19.
Un debate abierto sobre la transformación económica
La conveniencia o no de modificar el patrón de crecimiento español ha estado en el diagnóstico político y económico desde hace años. Con anterioridad, incluso, de la crisis financiera de 2008. Pero nunca, como ahora, con la Gran Pandemia, ha emergido con tanta nitidez. El notable peso de sectores como la construcción, el segmento inmobiliario y el turismo -afirman los defensores de la necesidad de un viraje estructural en el tejido productivo hispano- hace prioritario que se avance en la economía verde y digital. Para consolidar las industrias tradicionales como rúbricas complementarias al dinamismo. Sus detractores, en cambio, apuestan por cambios profundos dentro de una amplia agenda de reformas estructurales, que liberalicen sectores, flexibilice las relaciones laborales y vigoricen el crecimiento. Aunque hay puntos de consenso. Entre otros, la necesaria consolidación presupuestaria, que devuelva la estabilidad contable a unas cuentas del Estado supeditadas a cuantiosos y prolongados recursos de protección a trabajadores, ayudas a pymes y avales crediticios. Desafío que debería incluir un debate riguroso sobre el sistema fiscal y, en consecuencia, cálculos analíticos y rigurosos sobre la capacidad de gastos e ingresos que España precisa para financiar un previamente definido estado del bienestar, con el elenco de los servicios sociales asumidos por sus distintas administraciones públicas.
Gregorio Izquierdo, director del departamento de Economía de CEOE, asegura que la economía de la UE, “más allá de afrontar los retos del escenario internacional post-Covid, presenta en su conjunto problemas de crecimiento potencial”. Obstáculos que se ven agravados por la escasa convergencia nominal y real de los distintos países, por las dificultades de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y también -explica- por la incapacidad de presentar un mayor compromiso, por parte de algunos Estados miembros, de acelerar las necesarias reformas estructurales de los mercados de productos y de trabajo, “garantías todas éstas de una mayor integración del mercado único y de una mayor movilidad del capital humano y financiero”. A su juicio, la política comunitaria en el actual escenario propone a sus socios la transición hacia un modelo económico más sostenible e integrador, que aliente la adopción de forma generalizada de tecnologías digitales y limpias. Esta sostenibilidad competitiva requiere transparencia y un mercado único más fuerte para competir con otras áreas económicas. En este sentido, a través de la Estrategia Anual de Desarrollo Sostenible se ha conseguido integrar estos objetivos dentro del Semestre Europeo. “Existe una necesidad de promover y alentar estas inversiones en áreas de transición ecológica, energética y digital dado el cambio que está operando en el conjunto de preferencias sociales, recursos que para su pleno rendimiento requieren de la adopción y de la profundización de ambiciosas reformas estructurales”. Porque, tal y como establece la propia UE, “no se trata de desplazar al sector privado del protagonismo de este cambio económico, sino de complementar y dirigir a la iniciativa privada allá donde sea necesario, esto es, donde las deficiencias sistémicas o del mercado, dañado por la actual pandemia, hagan imposible que este por si solo se recupere y alcance los objetivos estratégicos que se han fijado”. Este es el espíritu que recogía el ya materializado Plan de Inversiones Europeo “Plan Juncker”, cuyo testigo ha sido recogido por el programa Next Generation UE.
Izquierdo reconoce que los fondos de reconstrucción europeos “constituyen una oportunidad histórica, por lo que debemos intentar que lleguen a aquellas actividades con mayor potencial de recuperación y tienen un mayor efecto arrastre, con la finalidad de que el uso de los recursos procedentes de Europa sea eficiente”. De ahí que sea obligado invertir en proyectos viables, con visión de largo plazo y orientados en sus principales hitos por una visión empresarial. La clave, por tanto, para maximizar la eficiencia económica del uso de los recursos procedentes del Fondo de Recuperación radica en la inversión privada y, en concreto, en la inversión empresarial. Estos fondos deben ir acompañados con un marco institucional y regulatorio estable y predecible, garantizando la seguridad jurídica, la libertad de empresa, la propiedad privada, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la calidad regulatoria. Además, “resulta imprescindible además la implementación de un programa de reformas estructurales que faciliten una mayor flexibilidad y adaptabilidad empresarial ante los profundos cambios que han operado y se producirán en el entorno, mejorando los niveles de productividad y de eficiencia de la economía”. Por último -dice el responsable del área Económica de CEOE- “hay que destacar la importancia de diseñar convenientemente un sistema de gobernanza que permita una eficiente programación, así como la asignación, ejecución, supervisión y evaluación de los recursos financieros provenientes de la UE”. El plan debería contemplar un necesario conjunto de medidas económicas urgentes como continuación de las aplicadas durante el estado de alarma. Principalmente, financiación avalada, ERTE’s y diferimientos de tributos, con el propósito de preservar, fortalecer y recuperar el tejido empresarial en el actual contexto de crisis.
Asimismo, asegura que la transformación del patrón de crecimiento hispano hacia una economía climáticamente neutra “requerirá inversiones considerables durante un periodo prolongado; en especial, en los sectores de energías renovables, de infraestructuras energéticas, de eficiencia energética y de transporte sostenible. De igual forma, la competitividad y eficiencia empresarial en los próximos años va a depender, en gran medida, de su adecuada transformación digital, adaptada tanto a su organización como a sus actividades. Izquierdo también saca a relucir, en este punto, la actividad de la industria en sentido amplio; es decir, incluyendo a la construcción y la energía que originan, en buena parte, la competitividad a largo plazo de la economía por su efecto arrastre hacia el resto de las actividades económicas. Pero también la calidad del empleo que genera en términos de estabilidad, salario y cualificación, su mayor intensidad innovadora y su vocación exterior. Por ello, el plan debería apoyar todas aquellas áreas que tienen afección directa sobre la industria y sus factores de competitividad. “Es complicado saber con un elevado grado de detalle que actividades concretas pueden ser las más pujantes en el medio y largo plazo. Lo cierto es que aquellos sectores cuya actividad nuclear se encuentra más relacionada con las grandes palancas que se han descrito: digitalización, sostenibilidad, innovación; tienen una oportunidad de desarrollo y crecimiento única”. Sin embargo -explica- “no hay que olvidar que estas transformaciones tienen un carácter transversal, por lo que, con independencia del sector concreto en el que se encuentren, aquellas empresas que sean capaces de abordar estos procesos con éxito serán sin duda fuente de valor y crecimiento dentro de sus sectores, y para nuestra economía.
Pero la economía española debe atender otros derroteros. En primer lugar, sería imprescindible realizar un correcto diagnóstico de nuestro punto de partida, así como de los puntos fuertes y débiles. Porque la actual crisis sanitaria y económica, por su naturaleza, ha generado un impacto asimétrico muy intenso, sobre nuestra estructura productiva y empresarial. En su opinión, “la incipiente recuperación está siendo igualmente muy heterogénea por sectores de actividad, y sujeta a un importante grado de incertidumbre, ya que depende parcialmente de factores que exceden el ámbito económico y las perspectivas para el año que viene están sujetas a múltiples incertidumbres asociadas con la evolución de la pandemia”. Con sectores muy afectados, como los servicios, relacionados fundamentalmente con la actividad turística, como son la hostelería, restauración, actividades recreativas y culturales, así como las actividades de transporte. De ahí que, en consecuencia, “la economía española está siendo una de las más afectadas por una crisis que ha agravado las debilidades que ya veníamos arrastrando, como son los elevados niveles de endeudamiento y déficit público”, que en 2020 alcanzarán máximos históricos e, igualmente, el elevado endeudamiento exterior, pese a los recurrentes superávits registrados en los últimos años. La alta tasa de economía sumergida, muy superior al promedio de la UE; el elevado nivel de desempleo; el reducido dinamismo de la productividad y; el envejecimiento poblacional, se constituyen igualmente como retos que debe afrontar nuestra economía a corto, medio y largo plazo.
Para el directivo de CEOE, no obstante, debemos ser conscientes de nuestras fortalezas, que las tenemos, y de las oportunidades que nos brinda el entorno y la dotación de estos fondos. España cuenta con empresas líderes a nivel internacional en muchos sectores, con una mejor posición financiera del sector privado que en la anterior recesión, así como con una elevada dotación de infraestructuras, una mejora de la competitividad exterior que en tiempos pasados. Otro de los grandes avales que merece la pena reseñar es la solidez de nuestro sistema financiero, merced al proceso de saneamiento realizado a raíz de la crisis del año 2008. Este esfuerzo permite que desarrollen un papel esencial en la actual crisis, dado que es el mecanismo de transmisión a la economía real de las facilidades financieras aprobadas por el Gobierno.
En cuanto a la sostenibilidad presupuestaria, las autoridades económicas “deben fomentar un entorno macroeconómico estable y sostenible como condición necesaria, aunque no suficiente, para atraer flujos de capital que refuercen el crecimiento económico en el medio y largo plazo”. En este sentido, Izquierdo incide en que la estabilidad macroeconómica no es posible si no hay sostenibilidad presupuestaria. Ante el actual contexto, las mejores señales que se pueden lanzar hacia los mercados es la garantía de la sostenibilidad de las cuentas públicas, a través de una mejora de la eficiencia del gasto y en ningún caso, mediante subidas de impuestos. “En aras de reducir unos de los principales desequilibrios que presenta la economía española, se debería dar prioridad a nuestra elevadísima tasa de desempleo, así como a los cambios estructurales que plantea la transición ecológica y digital”. Y, en este sentido, Izquierdo afirma que “es preciso seguir las recomendaciones del Semestre Europeo 2020 en cuestión de reformas estructurales encaminadas a modernizar y flexibilizar nuestra economía, permitiendo mejorar su crecimiento potencial a través del aumento de la productividad mediante una mejor conexión entre sistema educativo y necesidades de nuestro sistema productivo”. Las empresas, muy en particular las de menor dimensión, “sufren de una falta de personal cualificado debido al creciente desajuste entre las nuevas necesidades de producción y las cualificaciones de los trabajadores”. Además, las compañías están condicionadas por los efectos del envejecimiento de la fuerza laboral y por una demanda volátil de mano de obra. Para el responsable de Economía de la CEOE, “una amplia mayoría de las mismas requieren de más altas y mejores cualificaciones profesionales, basadas en un buen equilibrio entre las competencias generales, técnicas y transversales”. Capacidades que “se obtienen mejor a través de la formación y capacitación profesional, la formación en el puesto de trabajo y el aprendizaje que puedan proporcionar estas empresas”. Un mayor apoyo para la formación en el puesto de trabajo reduciría el desajuste que existente de capacidades y aseguraría una mayor empleabilidad para los trabajadores, asegura.
De igual forma -aduce- “se ha de impulsar la formación a lo largo de la vida y adecuar las políticas de empleo a las necesidades de empresas y trabajadores, mejorando la prospección, la orientación, la formación, la intermediación y la inserción a través de la colaboración público-privada”. Junto a lo anterior, es preciso mejorar la coordinación de las políticas activas y pasivas, así como con los servicios sociales y las comunidades autónomas, además de la modernización de los servicios públicos de empleo. Y en el ámbito de la educación es imprescindible que estos cambios hagan frente al déficit de capital humano y tecnológico que lastra el crecimiento de la productividad, reduciendo la diferencia entre los resultados educativos de las Comunidades Autónomas, atajando el abandono escolar, reforzando la formación del profesorado y el apoyo individualizado a estudiantes.
Cristina Hebrero, Socia responsable de People&Change, KPMG España, admite que “el mundo del trabajo está en plena disrupción”. El Covid-19 ha acelerado la automatización de las tareas rutinarias y pese a que algunos piensan que la Inteligencia Artificial eliminará su puesto laboral, la previsión es que no será así y que se crearán más puestos nuevos que los que se destruirán, aunque puede que a un ritmo más lento”. La digitalización, pues, está cambiando la naturaleza del trabajo, extinguiendo las tareas más rutinarias y permitiendo que los empleados se centren en las actividades de mayor valor. Sin embargo, “esta modificación en la naturaleza del trabajo implica una profunda transformación de las capacidades y conocimientos de las personas. Y requiere impulsar iniciativas a gran escala de upskilling y reskilling de talento, tanto de jóvenes como de adultos, tal y como advierte el estudio de KPMG The Future of HR New Reality el 35% de los empleados necesitará reskilling en los próximos 2 años, para desarrollar habilidades no sólo digitales sino también de soft-skills como la relación interpersonal, creatividad, liderazgo o pensamiento estratégico
La cuarta revolución industrial -asegura la directiva de KPMG España- “va a continuar cambiando el mundo y los estilos de vida y de trabajo, por lo que tanto la formación académica como el reciclaje profesional deberán orientarse a las nuevas necesidades de skills. En su opinión, los gobiernos, las instituciones académicas, los agentes sociales y las empresas deben trabajar y cooperar juntos en programas de colaboración público-privada que espoleen la transformación, identificando las nuevas skills que demandan los puestos del futuro y poniendo en marcha todas las iniciativas de aprendizaje y formación necesarias de forma masiva; de manera que se puedan materializar los beneficios de la automatización y la inteligencia artificial en términos de mejoras de productividad y crecimiento. Un ejemplo de estas iniciativas es la que el World Economic Forum (WEF) lanzó este año denominada Reskilling Revolution destinada a unir los esfuerzos y a compartir las mejores prácticas formativas para proporcionar una mejor educación, reskilling y empleabilidad a millones de personas en el horizonte 2030. “La nueva formación académica debe orientarse a desarrollar hot skills, tanto soft (creatividad, liderazgo, inteligencia emocional, pensamiento crítico, resolución de problemas, capacidad de aprendizaje, resiliencia, tolerancia al estrés o flexibilidad) como hard skills (cloud computing, big data, e-commerce, robótica, e inteligencia artificial, ciberseguridad, data & analytics, entre otras”. E incorporar estrategias de aprendizaje e-learning a través de plataformas de contenidos online, así como iniciativas y programas que permitan aprender de manera permanente, en el día a día y a través de dispositivos móviles e iniciativas de micro-learning. Porque “solo una inversión en aprendizaje y formación que sea holística, continua, de calidad y orientada a las skills del futuro, a través de iniciativas y de programas multisectoriales de colaboración público-privada para dar impulso al reskilling y upskilling, permitirá que la sociedad esté realmente preparada para el nuevo mundo del trabajo.
Teresa Coelho, Socia responsable de People de KPMG España, apunta que “si los perfiles más demandados en la actualidad tienen como denominador común la capacidad de manejarse en entornos digitales conocidos o novedosos (hard skills) y la de combinarlos con la actitud correcta (soft skills), se deduce que el reclutamiento profesional y laboral está en plena transformación”. Aunque, en realidad -matiza Coelho- los soft skills no son nuevos criterios, siempre han existido. Sólo que se han alineado a las competencias y a la capacidad de manejarse en entornos digitales. Las nuevas herramientas de analítica de datos sí son, en cambio, nuevas capacidades que cada vez más se vuelven transversales para todos los perfiles cuando antes eran criterios de selección aplicables a perfiles más tecnológicos. Dicho esto, no es que sean los únicos criterios. Se siguen valorando los relativos al conocimiento especifico que requiere la función (sea este del tipo que sea), así como la experiencia en un determinado sector o la capacidad de gestionar equipos en función de la posición que se busque.
A juicio de Coelho, “las herramientas tecnológicas de evaluación son, sin lugar a duda, una ayuda y pueden contribuir en la identificación de talento más adecuado y que se ajusta mejor al perfil requerido”. Sin embargo, siempre habrá capacidades que han de evaluarse y medirse de otra manera. O, al menos, que se deba profundizar en ciertos aspectos de esa evaluación previa. Por otro lado, “es importante que no nos dejemos ilusionar con las nuevas ventajas de los algoritmos que filtran CVs y perfiles en redes sociales, porque hay competencias que no se capturan en un curriculum, y skills desarrollados de los que solo nos enteramos en una conversación laboral”. Por tanto, las nuevas herramientas que nos ayudan a identificar el perfil son unos instrumentos importantes de agilización del trabajo, pero no deben de ser usadas en exclusiva, se vuelve un elemento posiblemente necesario y facilitador, si bien no exclusivo o suficiente para la toma de decisiones.
Para la responsable de esta firma de servicios profesionales, “las nuevas formas de atraer, de seleccionar y de contratar se han visto transformadas por la situación actual al entorno virtual. Los eventos de atracción ya no son presenciales, lo que supone que, a la hora de transformarlos a virtual “tengamos que adaptarlos también en duración, dinámica de los eventos y contenidos y nos ha permitido avanzar en poner mayor foco en la experiencia que generamos y los intereses de los candidatos y en el conocimiento que podemos aportarles a través de estas acciones”, o que la convierte “en una relación bidireccional de win-win para candidato y empleador”. Desde KPMG, “hemos potenciado más las herramientas de evaluación gamificada, que permiten a los aspirantes hacerlas desde cualquier lugar, en el momento que le sea más conveniente y en cualquier dispositivo”. Las entrevistas de trabajo se realizan en formato virtual y todo el proceso de on-boarding ha tenido que ser transformado para poder incorporar personas incluso sin requerir la necesidad de pasar en ningún momento por la oficina privilegiando siempre la seguridad y la salud de nuestros profesionales”.
Para Fernando Fernández, profesor de IE Business School, las prioridades europeas son legítimas y apropiadas, “pero deberíamos ser muy cuidadosos en su aplicación”. Y evitar dos problemas reales que el discurso dominante pretende ignorar. Por un lado, que se interprete como nuevo proteccionismo, una vuelta a la Europa fortaleza disfrazada de connotaciones ambientales, (un peligro cierto con el Carbon Adjustment Tax) y, en segundo término, que se reste competitividad a la industria europea por un exceso de confianza generalizado en la capacidad real de imponer los estándares y las regulaciones internacionales. El soft power europeo efectivo es muy limitado -recalca Fernández- y su atractivo internacional menguante. “No creo en la nueva normalidad, en el nuevo milenarismo”, aclara. En su opinión, “el ciclo de negocios post-covid será como el anterior, triunfarán los que tengan una propuesta de valor atractiva y rentable, sin subsidios ni ventajas regulatorias ni fiscales, los que mejor satisfagan las preferencias del consumidor a un precio competitivo”.
Para el profesor del IE Business School, el plan de modernización de la economía española “es esencialmente una declaración de principios, carente de toda concreción y realismo”- Una mera declaración de buenas intenciones; “algo así como una carta a los Reyes Magos, sin objetivos concretos ni verificables, sin metas medibles ni evaluables”. Y también con serios problemas de gobernanza. La centralización de todo el poder de decisión en Presidencia de Gobierno plantea dudas sobre su ejecución, eficiencia y politización y da argumentos a los que piensan que solo busca fidelizar empresas y empresarios, clientelizar a la sociedad española. Dudas -dice- sobre su ejecución, “pues si ya el track record español en conseguir los fondos europeos disponibles deja mucho que desear, con una tasa de éxito en el entorno del 30% como media” y al retirar del proceso a los dos ministerios con experiencia, lo que “no invita al optimismo”. Pero también dudas en cuanto a su eficiencia, pues “la ausencia de un comité de expertos independientes ajeno al gobierno no permite confiar en un riguroso análisis sobre el coste-beneficio social de los proyectos”, con la mirada puesta en el objetivo de aumentar el crecimiento potencial de la economía española. Así como otras dudas adicionales -o, más bien, terribles certezas- sobre su politización y la conversión del PRR en un instrumento de longevidad del gobierno, un Plan E bis. “Con estos mimbres no hay garantías de que el plan contemple las reformas necesarias para aumentar el crecimiento potencial de la economía española y la creación de empleo sostenible sin subvenciones”. O, dicho de otro modo: reformas conocidas, suficientemente diagnosticadas y cuantificadas y que se puede encontrar en los Informes anuales de la Comisión Europea, la OCDE o el FMI.
Para Fernández, el plan “parece diseñado con criterios de un keynesianismo primitivo”, con el objetivo de minimizar la caída del PIB producto de la pandemia y evitar el rebrote temporal del desempleo. Se trata pues de “repartir demanda efectiva por doquier, para que llegue al máximo número de beneficiarios”. Loable, pero vano intento, incide. Por lo que se perderá una vez más la oportunidad de hacer más productiva y competitiva la economía española. Un asunto, este último, que requeriría reformas estructurales en diversos ámbitos: en promover el aumento del tamaño empresarial, sostenibilidad del sistema de pensiones mediante el fomento de un pilar privado, una liberalización del mercado de trabajo mediante la eliminación de las rigideces a la contratación, el despido y la movilidad, funcional y geográfica, o la apertura real del mercado interior y el fomento de la unidad de mercado limitando las tentaciones proteccionistas de las CCAA. Además de cambios en las Administraciones Públicas para garantizar su sostenibilidad y, sobre todo, su eficiencia al servicio del sector privado evitando corporativismos y, por último, una reforma educativa que prime la competencia y el esfuerzo para generar el máximo talento. “Es difícil ser optimista porque no se está hablando de esto, sino solo de capturar al Estado, de asegurar la recepción de cuantiosas sumas de dinero por poderosos grupos de interés”.
Respecto a la reforma educativa -asevera Fernández-, “creo que el error está precisamente en intentar ser muy específico en la definición de objetivos, materias o competencias personales y profesionales”. Si algo tengo claro en esta nueva economía es que los empleos serán pasajeros, y las cualificaciones profesionales, también, añade. “Sabemos que aumentará la temporalidad, la movilidad y la diversidad; que primarán formas de autoempleo, de trabajo a distancia y de competencia con nuevas máquinas y procesos, algoritmos, inteligentes que sustituirán ya no el trabajo físico sino también el cualificado, el trabajo inteligente”. Y no sólo el más repetitivo. Por eso, “me parece inútil discutir de curricula concretos, planes de estudio y profesiones cerradas”. El futuro está más bien en la cultura de la exigencia, del esfuerzo y del aprendizaje continuo; en la movilidad y versatilidad. Por eso “me parece tan nefasta la llamada ley Celaá”, porque hace justamente todo lo contrario a lo que demandan las circunstancias y ha generado de nuevo todo tipo de debates equivocados, innecesarios, decimonónicos.
José Carlos Díez, socio de LUAfund y profesor de economía de la Universidad de Alcalá, enfatiza que Europa “ha asumido su retraso tecnológico con respecto a EEUU y sobre todo a China”. La crisis los líderes europeos la han convertido en oportunidad. El Next Generation y el Green Deal se han contado como planes de recuperación, pero realmente lo son de política tecnológica y esperemos que también de política industrial para modernizar el parque empresarial europeo y que recupere su competitividad”. Digitalización, Inteligencia Artificial, sostenibilidad y economía circular “son los sectores donde se juega la guerra económica mundial y el futuro del empleo y de los salarios”. Para Díez, la melodía del cambio de patrón de crecimiento en Europa y España con recursos billonarios, “suena bien, pero hay que pasar del relato a la acción”. La gobernanza aprobada es, a su juicio, compleja ya que la clave del éxito será la coordinación con comunidades y con ayuntamientos y sobre todo con el sector privado. Por lo que “España debe priorizar los sectores donde tiene ventaja competitiva”. En Agro tech, en travel tech y en innovación turística, movilidad, aprovechando la dinámica industria del automóvil, drones, satélites y aeroespacial, entre otros”. Y, sobre todo, priorizar a los empresarios innovadores sobre los sectores. Como el segmento textil, que sufrió una profunda crisis en los ochenta”, que no fue óbice para que, en esos mismos tiempos, Amancio Ortega y Rosalía Mera engendraran y desarrollaran desde Galicia al líder mundial. “Los innovadores son las personas, no las empresas ni los sectores”, recuerda.
En opinión del socio de LUAfund, “ahora, la prioridad es salir de la crisis”. A lo largo de 2021, la Comisión Europea no exigirá cumplir el Pacto de Estabilidad y el BCE seguirá comprando deuda pública”. Por supuesto, incluida la española. El ejercicio 2022 es muy probable que el BCE siga con su programa, aunque con seguridad la Comisión exigirá ya comenzar el ajuste fiscal, afirma en referencia al momento en el que España debe iniciar la consolidación presupuestaria. “Este tipo de crisis tan violentas son cada ochenta años y en España llevamos dos en una década”. El agujero de déficit y sobre todo la deuda es enorme y tardaremos una década en pagar esta crisis. “Habrá que subir impuestos y recortar gastos estructurales”. La clave -señala- es hacer sin poner en riesgo la recuperación del empleo, como sucedió en 2012 durante el rescate.
El profesor de la Universidad de Alcalá resalta que “estamos en la era del conocimiento”, por lo que “la formación y el capital humano determinará la renta por habitante y los salarios de los países”. Los escolares deben aprender lógica y el lenguaje de las máquinas, además del propio idioma, el inglés y las matemáticas. “Gastamos más dinero en pensiones cada año y recortamos en educación y los niños de las escuelas públicas tienen una amplia y creciente brecha digital con los de la concertada y la privada”. Limitar la concertada nos hará más pobres a todos. Porque la clave es invertir más en la pública y cerrar la brecha. Mientras los adultos “debemos entrar en dinámicas de formación continua, el cambio tecnológico es muy intenso”. El mayor desafío es el 40% de españoles en edad de trabajar que no fueron a la universidad ni a formación profesional. “La pobreza, el paro y la precariedad se cebará con ellos”. Pero, al mismo tiempo, “se merecen una segunda oportunidad y el sistema educativo se la debe”. El Estado debe diseñar las políticas, aunque “hay que involucrar en el reto a todo el sistema; al público y al privado”. La empresa es, pues, enorme, pero los españoles ya hemos superado retos de esta magnitud y volveremos a superar este ineludible desafío colectivo”, asegura.
