Se cumplen ahora ciento cincuenta años desde que Henry Varnum Poor creó la que sería la primera agencia de calificación de riesgos, Standard & Poor’s. Le siguieron John Moody que creó Moody’s en 1909, usando letras para evaluar el riesgo de las compañías, y John Knowles Fitch en 1913, con la creación de Fitch. Las tres compañías vieron la luz en Nueva York, siendo por tanto un invento americano, que surgió para dar respuesta a la necesidad que tenían los inversores de conocer la situación de las entidades en las que invertían.
Por tanto, si los analistas de estas agencias no estudiaran los emisores públicos o privados, difícilmente se podría tomar una decisión fundamentada sobre la capacidad de devolución de la deuda emitida, y lo que es más importante, se perdería una información vital para la formación de los precios en los mercados primarios y secundarios de deuda y de acciones.

Sin embargo, las agencias no dejan de ser empresas privadas, que cobran por sus servicios a las entidades que desean un “rating”, o lo que es lo mismo, tener “rating” no es obligatorio, pero los mercados no valoran a una entidad que no lo tenga, con lo cual, sería casi imposible emitir bonos o acciones sin tener la calificación de una de las tres grandes agencias. Ello supone de facto la existencia de un oligopolio de calificación crediticia, y el hecho de que finalmente todo emisor público o privado que se precie, consiga simultáneamente el “rating” de las tres agencias.

Por tanto, el negocio de la calificación crediticia es uno de esos pocos que tienen la venta asegurada, y en el que además sus clientes “miman” a su proveedor, tratando de evitar que les baje el “rating” o diga que “hay perspectiva negativa”. Por tanto, conceptualmente hay un conflicto implícito, ya que las agencias viven de lo que les pagan sus clientes y éstos les pagan por tener una “buena” calificación.

Siempre es difícil ser objetivo cuando se juzga a los demás, y de hecho, hay veces en las que se llega a situaciones insostenibles de credibilidad. Una de ellas se dio en el año 2007, cuando grandes compañías americanas como AIG, o diferentes emisiones de productos estructurados, tenían la máxima calificación crediticia (AAA), y lo que ocurría es que estaban en quiebra. Es evidente que en estos casos, el “poder del cliente” influyó especialmente en la calificación de las agencias. Las agencias se escudan en que utilizan la información financiera auditada, por lo que si hay un culpable ese es el auditor por no haber hecho bien su trabajo. Por tanto, no sólo tienen la venta asegurada, sino además un seguro a todo riesgo.

Con la reciente crisis de la deuda soberana europea, se ha vuelto a poner de manifiesto una cierta discriminación entre los otrora llamados países “periféricos” (España, Portugal, Grecia, Italia) y los países que antes tenían “moneda fuerte” (Gran Bretaña, Alemania, Francia), además de Estados Unidos. Tanto el mercado, como las agencias se están cebando con los primeros, mientras que los otros, a pesar de tener una deuda elevada, resisten mejor los embates de la actual crisis. Sin embargo, es preciso ser objetivo, y evaluar no sólo el nivel de deuda, sino la velocidad de crecimiento de la misma, y el tejido productivo de cada país en cuestión. En este sentido, el evaluador de la agencia debe tener en cuenta no sólo la situación actual, sino la expectativa de cara a los próximos años, y ahí sí, los “periféricos” no lo tienen muy bien.

Hay voces que claman por la creación de una agencia europea de calificación como alternativa al oligopolio americano, pero no nos engañemos, la solución no es la nacionalidad del capital social de la agencia, sino la independencia de los analistas que valoran las entidades. Si hay algo que no necesitan los mercados son evaluaciones dispares del mismo riesgo. Eso sólo generaría desconfianza y afectaría muy negativamente a los inversores.

En resumen, la deuda soberana va a ser el gran tema de los próximos meses, y si se me permite decirlo, si “alguien” tuviera que aprender Economía no en dos, sino en tres tardes, la conclusión de la tercera clase sería: “No se pueden pagar subsidios ilimitados emitiendo deuda pública, porque la consecuencia es que te bajan el “rating”, y luego, el servicio de la deuda crece geométricamente, y a su vez genera más déficit”. Desgraciadamente, esa tercera sesión de tarde nunca llegó a producirse.