La Cámara Alta ha dado luz verde al control del déficit público en la Constitución a través de la reforma propuesta por PSOE y PP con 233 votos a favor (PSOE, PP y UPN) y 3 en contra. Con la introducción de esta regla fiscal, el Congreso de los Diputados reformará del artículo 135 de la Constitución para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, que impedirá, mediante ley orgánica, un déficit superior al 0,4%del PIB a partir de 2020 para el conjunto de las administraciones públicas.

"Tomar la reforma como mágica no es real pero descalificarla antes de que funcione tampoco", ha recordado el senador popular Pío García Escudero justo antes de la votación.

El resultado de la votación era el previsto al haber sido ya aprobada en el Congreso de los Diputados la semana pasada de manera abrumadora con los votos de los dos partidos mayoritarios.

Hasta ahora, la Carta Magna sólo ha experimentado, desde su promulgación en 1978, una reforma por el procedimiento de urgencia cuando en 1992 fue adaptada al Tratado de Maastricht para que pudieran votar los extranjeros en elecciones locales.

Mientras en el exterior la reforma constitucional ha sido bien recibida en círculos políticos --sobre todo, en Alemania-- al producirse en un momento de fuerte crisis de confianza en los mercados financieros, en España ha sido criticada desde muchos sectores de la sociedad al no ser sometida una consulta ciudadana.

El martes, miles de personas protestaron contra la reforma constitucional en una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios.

El mes pasado, el diferencial del país estuvo peligrosamente cerca de los niveles que provocaron el rescate de Grecia y otros países europeos, y se recuperó sólo después de una campaña sostenida de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo.

El déficit español es motivo de preocupación en Europa ante el temor de que pudiera necesitar un rescate al estilo de Grecia. El país se ha comprometido a rebajar el déficit del sector público al 3 por ciento del producto interior bruto para finales de 2013, en línea con las directrices europeas.