El Gobierno no tiene previsto eliminar la operativa bursátil de las posiciones bajistas pese a las exigencias al respecto de los bancos españoles, que se están viendo afectados por esta práctica en un momento especialmente complicado de caídas generalizadas en bolsa, informaron fuentes del Ministerio de Economía. El departamento que dirige Pedro Solbes afirma haber escuchado las demandas de la banca sobre las llamadas 'ventas a corto', pero no se plantea suprimirlas.
Estas mismas fuentes recordaron que en septiembre del año pasado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estableció la obligación de comunicar las posiciones cortas sobre acciones de entidades financieras que superaran el 0,25% del capital.

Un portavoz del organismo que preside Julio Segura afirmó ayer que la respuesta a la suspensión a las ventas a corto "debería ser única a nivel europeo", por lo que no introducirá ninguna variación en su postura. Además, el supervisor argumenta que existen diversas opiniones sobre si estas órdenes afectan sustancialmente a los mercados o no.

El sector ha reclamado al supervisor que suprima de forma temporal las ventas a corto, al menos hasta que se normalicen los mercados, y subrayaron que no es un problema que afecte tan sólo a la banca, sino que tiene "un efecto dominó" sobre toda la cadena de la economía española, explicaron fuentes financieras. En este marco, bufetes "de prestigio", al menos en Cataluña y Galicia, están estudiando emprender acciones legales "de forma inminente" contra la CNMV, la Asociación Española de Banca (AEB) y el Banco de España por su "inoperancia" ante esta situación, avanzaron a Europa Press las mismas fuentes. "Hay pruebas fehacientes claramente comprobables de que hay dejadez de funciones", indicaron las citadas fuentes, que recordaron que la labor del supervisor "es la transparencia y la legítima defensa de los intereses del pequeño accionista".

Asimismo, las fuentes consultadas denunciaron que el supervisor se limite a incorporar a su página 'web' las comunicaciones obligatorias de posiciones cortas, sin comprobar previamente quién está detrás de las sociedades declarantes o a qué régimen jurídico y fiscal están sometidas, apuntando la posibilidad de que operen desde paraísos fiscales. "La pasividad de la CNMV, el Banco de España, así como también de la AEB están poniendo en peligro y haciendo correr un riesgo enorme de repercusiones impredecibles al conjunto de los ciudadanos españoles", indicaron.