El Consejo de Ministros dio hoy 'luz verde' al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), constituido para reforzar la solvencia de las entidades y facilitar las fusiones de cara a mejorar su eficiencia y garantizar su viabilidad futura.


La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy su aprobación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde destacó que, a pesar de que el sistema financiero español tiene una "probada solvencia", algunas entidades podrían "tener dificultades en los próximos meses".

De la Vega indicó que con este fondo el Gobierno pretende facilitar la reestructuración bancaria, "manteniendo la confianza en el sistema financiero e incrementando su fortaleza". "Vamos a seguir generando confianza y dando apoyo", manifestó. Asimismo, resaltó que persigue un doble objetivo, gestionar los procesos de reestructuración de las entidades de crédito, entre las que incluyó bancos, cajas y cooperativas de crédito, y contribuir a reforzar sus recursos propios en procesos de integración para que ninguna entidad tenga problemas.

Por su parte, la ministra de Economía, Elena Salgado, hizo hincapié en que las entidades sistémicas no tienen ningún problema, pero que algunas otras podrían tenerlos "en los próximos meses" debido a la interacción de la persistencia de problemas de liquidez y financiación con el deterioro relativo de sus activos, el aumento de la morosidad y la disminución del negocio.

El fondo podría aprobarse en un pleno extraordinario el próximo 8 de julio, donde también podría abordarse el techo de gasto. La ministra confió en que el fondo se apruebe con el "máximo consenso".

"EN EL MOMENTO ADECUADO".

Salgado también recordó que el Ministerio llevaba trabajando "bastante tiempo" en la elaboración de este proyecto en colaboración con el Banco de España, que es un proyecto "muy complejo" y que se aprueba es un momento adecuado para iniciar las reestructuración, ya que España no ha aportado grandes cantidades de dinero a ayudar a la banca, como han hechos otros países.

"Estamos en una situación inmejorable en cuanto a las ayudas que pueden prestar para reforzar el sistema financiero de cara al futuro", subrayó la ministra, quien incidió en que el Gobierno va a garantizar que las entidades puedan cumplir su papel en una economía de mercado, que es dar créditos a las familias y empresas.

Asimismo, resaltó que en ningún caso el retraso en la aprobación del FROB ha perjudicado a la banca española, sino que esta medida pone "en valor la solidez del sistema financiero español y su modelo de supervisión".

En este sentido, recordó que en el último consejo europeo y en el último Ecofin se adoptaron "muchos de los criterios que ha venido utilizando el Banco de España y que han producido que la situación de España comparativamente de las entidades financieras españolas sea mejor".

El FROB tendrá una dotación inicial de 9.000 millones, aportado en dos terceras partes por el Gobierno (6.000 millones) a cuenta de los fondos no utilizados del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), y en un tercio por los FGD (2.250 millones). Sin embargo, tiene una capacidad para endeudarse de hasta 90.000 millones

Salgado explicó que el proceso de reestructuración que se contempla tiene tres fases, la búsqueda de una solución privada por parte de las propias entidades de crédito, proceso que no está regulado en Real Decreto-Ley; la adopción de medidas para enfrentar debilidades que puedan afectar a su viabilidad con participación de los Fondos de Garantía de Depósitos y los procesos de reestructuración con intervención del FROB.

En este sentido, resaltó que cuando existan debilidades en la situación de una entidad que pudieran poner en riesgo su viabilidad y determinaran la conveniencia de acometer una reestructuración, deberá presentarse, a iniciativa de la entidad o de oficio por el Banco de España, y en el plazo de un mes, un plan de viabilidad para superar la situación.

El plan tendrá que ser aprobado por el Banco de España, que podrá modificarlo en lo que fuera necesario y contemplará posibles actuaciones, como reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusión o absorción o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo. 

BAJO CONTROL PARLAMENTARIO.

Asimismo, resaltó que el plan no está diseñado pensando en unas entidades específicas, como las cajas de ahorros, sino en el conjunto del sistema financiero, y que el objetivo es procurar la utilización más eficiente de los recursos públicos.

Salgado también resaltó el control que seguirá el fondo, que estará controlado por el Banco de España, ya que se remitirán informes al Ministerio de Economía, el secretario de Estado de Economía comparecerá con carácter trimestral en la Comisión de Economía del Congreso y el subgobernador del Banco de España acudirá al Parlamento en los treinta días siguientes a la intervención de una entidad.

"Se dará la máxima transparencia en la información y en el control de la utilización de los fondos públicos", apostilló.