El Consejo de Ministros aprobará hoy el paquete de medidas fiscales y económicas anunciadas para reactivar la economía española y hacer frente a la desaceleración, que pondrá en manos de familias y empresas 10.000 millones de euros. El Gobierno aprovechará su primera reunión ordinaria de esta legislatura para lanzar este 'plan de choque', con el que busca incentivar la actividad económica, fomentar el consumo privado y mejorar la financiación de las empresas, especialmente de las compañías del sector de la construcción, debido a la crisis de liquidez que domina los mercados financieros.
Aunque aún se mantiene en el 3,1% la previsión oficial de crecimiento de la economía española para este año, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha admitido en numerosas ocasiones que este crecimiento será menor y que los riesgos son "a la baja", e incluso ha retrasado hasta 2011 el año en el que el PIB podría retornar a tasas superiores al 3%. Para este primer trimestre, ya ha reconocido que el crecimiento será "bastante inferior" al registrado en la última parte de 2007 (3,5%). Ante este panorama, la propuesta 'estrella' del paquete económico que aprobará hoy el Ejecutivo es la deducción de 400 euros en el IRPF para asalariados, pensionistas y autónomos, que pondrá en el bolsillo de estos contribuyentes unos 6.000 millones de euros. La intención del Ministerio de Economía y Hacienda es que esta medida entre en vigor en junio de este año, de tal manera que en las nóminas de julio asalariados y pensionistas recibirán 200 euros más como consecuencia de las menores retenciones, y el resto se repartirá a partes iguales entre las nóminas de agosto y diciembre. Entre las medidas anunciadas figura también la intención de Hacienda de adelantar las devoluciones del IVA a los empresarios, lo que les permitirá recuperar el impuesto soportado con más celeridad, dado que ahora deben esperar un año. REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, MENOR CARGA FISCAL. Para impulsar el sector de la construcción, se aprobará también un conjunto de medidas que serán debatidas en una próxima Conferencia Sectorial de Vivienda. En concreto, se reducirá la carga fiscal de la rehabilitación de vivienda, se acelerará la licitación de obra pública y se promocionará la rehabilitación de edificios y el aumento de eficiencia energética. Asimismo, se ampliará el aval público para los bonos de titulización que tengan como subyacente créditos para adquisición de viviendas de protección oficial, se pondrá en marcha un plan especial de recolocación de parados en el sector de la construcción y un refuerzo de la cobertura de desempleo para trabajadores en situación de mayor necesidad, y se facilitará la ampliación del plazo de la hipoteca sin coste para las familias con especial dificultad. Todas estas medidas, según adelantó Solbes, tendrán un coste aproximado de unos 4.000 millones de euros, que unidos a los 6.000 millones de la deducción de 400 euros, suman un coste total de 10.000 millones de euros, prácticamente la mitad del superávit público obtenido en 2007. El Gobierno ha defendido siempre la conveniencia de utilizar el superávit en momentos de 'vacas flacas'.