Bajo los términos discutidos durante la noche del domingo, el gobierno le daría más dinero a AIG, incluyendo 40.000 millones de dólares del programa de 700.000 millones para la compra de activos tóxicos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. También exigiría una menor tasa de interés que el préstamo original, mientras que libraría a AIG de la exposición a instrumentos financieros de alto riesgo que casi provocaron su colapso.
La ayuda de 150.000 millones de dólares consiste en un préstamo de 60.000 millones, una inversión de 40.000 millones de dólares en acciones preferentes y 50.000 millones en capital que se usará en gran medida para comprar y aislar activos atribulados en dos vehículos especiales de financiación.
Supone reconocer que lo anterior no era suficiente
El plan es una admisión tácita de que el plan de rescate original, de 85.000 millones, anunciado en septiembre, combinado con una línea de crédito adicional de 37.800 millones que se le abrió a la aseguradora el mes pasado, no han sido suficientes para estabilizar a AIG. El gigante asegurador emplea a miles de personas en todo el mundo e influye de diversas maneras en el mundo financiero y empresarial de la economía global.
Estos cambios se dan después de una ola de críticas por parte de grandes accionistas al plan de rescate original que habría exigido que AIG vendiera rápidamente activos en un mercado en declive, mientras se habría visto obligada que pagar altas tasas de interés por sus préstamos.
Este plan también fracasó en resolver adecuadamente el principal desafío que enfrenta la aseguradora: una hemorragia de miles de millones de dólares en seguros contra la cesación de pagos y otros instrumentos financieros, a la vez que ofrecía colateral a contrapartes preocupadas. El presidente ejecutivo de AIG, Edward Liddy, nombrado a mediados de septiembre con el apoyo del gobierno, ha luchado para solucionar los problemas de la aseguradora bajo los términos del plan de rescate original.
Se transfieren al Estado más riesgos
La estructura revisada está diseñada para mejorar tanto la capacidad de AIG para vender activos por un precio decente como la habilidad del contribuyente para recuperar el dinero que ya se inyectó en la aseguradora. También transfiere al Estado muchos de los riesgos que antes eran absorbidos por AIG, potencialmente exponiendo al gobierno a pérdidas futuras de miles de millones de dólares.
Bajo los términos del acuerdo que se finalizaba en la noche del domingo, el gobierno sustituiría su préstamo original a dos años de 85.000 millones de dólares por uno de 60.000 millones a cinco años. Las tasas de interés del préstamo serían reducidas de 8,5%, más la tasa de referencia Libor a tres meses, a 3% más la Libor.
Además, el gobierno usaría el plan del Tesoro de 700.000 millones para la compra de activos tóxicos para inyectar 40.000 millones en AIG a cambio de acciones preferenciales. Estos títulos pagarían una tasa anual de interés de 10%. La participación del gobierno en AIG se mantendría en 79,9% tras los cambios.
