Si tenemos en cuenta que desaparecería el paraguas protector de la Eurozona y que ya actualmente Cataluña tiene cerrado el mercado y su deuda a nivel de bono basura, el empeoramiento de la situación tras la independencia sería drástico, con un incremento de su prima de riesgo que podría estimarse por encima de los 1.500 puntos básicos.


La primera decisión a tomar por Cataluña es mantener dicha deuda denominada en euros o bien reconvertirla unilateralmente a la nueva divisa.
Esto último equivale a efectos tanto de legalidad internacional como prácticos de mercado en llevar a cabo un impago o reestructuración unilateral de la deuda. Una situación que ningún estado desea en tanto que, salvo abundancia de recursos naturales, pasa a convertirse en un apestado internacional que se enfrentaría al cierre total y absoluto del mercado de capitales. No parece la decisión más probable, dado que el aumento del coste de financiación del nuevo estado hasta lo insostenible se contagiaría también a las empresas catalanas, las cuales deberían soportar además el coste de la deuda contraída en euros con bancos y proveedores extranjeros. Parece claro que un movimiento unilateral de este tipo cerraría no solamente la puerta a la posibilidad de recurso a la Unión Europea, sino que tampoco cabría la petición de rescate e intervención por parte del Fondo Monetario Internacional.

Descartada por lo tanto la posibilidad de un impago unilateral, el nuevo gobierno catalán podría optar por llevar a cabo políticas de fuerte ajuste interno para tratar de repagar dicha deuda y lograr ingresos mediante un recorte drástico de gasto y la generación de ingresos procedentes del comercio exterior y recuperar, con los años, el acceso a los mercados de capital. Debido a la necesidad de potenciar la exportación y atraer capital exterior, de manera adicional a los recortes, cabe esperar una devaluación masiva, inflación galopante, desabastecimiento y brecha social desapareciendo la clase media, en un escenario similar al de república post soviética. La dificultad de las empresas catalanas para hacer frente a sus compromisos exteriores llevaría a muchas a la quiebra o su traslado, siendo Andorra la jurisdicción inmediatamente más beneficiada de dicha situación.

El euro pasaría a ser una divisa extranjera y un nuevo Banco Central de Catalunya emitiría moneda propia, devaluada en el entorno del 75%%. Ante la previsible decisión de convertir todos los depósitos denominados en euros a la nueva moneda, cuyo primer efecto sería el de situación de pánico entre la población que se precipitaría a retirar sus ahorros del sistema bancario secesionista, con el fin de evitar la quiebra del mismo (algo probable), el gobierno establecería un fuertes restricciones al libre movimiento de capitales. Los ciudadanos harían lo más inteligente en esa situación: retirar todo el efectivo posible electrónicamente o en una maleta y llevarlo a buen recaudo a un país próximo (Andorra, España, Francia), sorteando los previsibles controles fronterizos, al menos durante un periodo de transición, operando en una economía paralela en la cual el euro circularía y sería cambiado en el mercado negro y aceptado en las transacciones diarias, tal y como sucedía en la Argentina del corralito.

No parece razonable pensar que el nuevo gobierno catalán pueda declarar su independencia y seguir siendo miembro de pleno derecho de la Unión Europea. No serían de aplicación en Catalunya el Tratado de Maastricht, el Tratado de Lisboa y el Tratado de Roma, lo que pondría fin a la libre circulación de personas y capitales catalanes en Europa. La independencia sería una violación clara y sin ambigüedades de la Constitución europea, con todo lo que ello implica. Cualquier proceso de solicitud de nueva admisión implicaría años con la habitual negociación y cumplimiento de determinados requisitos, adicionalmente a la aprobación por unanimidad de los miembros.

Parece clara la idea de que una moneda devaluada en el nuevo estado independiente permitiría impulsar las exportaciones mediante la ventaja competitiva que ello representa, pero no se tiene en cuenta que el resto de la Unión Europea constituye actualmente el principal socio comercial de Cataluña, por lo que parece muy plausible que la Euro Zona impusiera un arancel a las importaciones catalanas en similar cuantía a la devaluación de su moneda, lo que hundiría las exportaciones catalanas y provocaría la huida de sus empresas a otras jurisdicciones comunitarias. En este caso la Comisión Europea alude explícitamente a esta cuestión. Al salir de la Unión Europea se perdería también todo acuerdo comercial. Todo lo anterior llevaría en un primer momento a caídas en el comercio exterior superiores al 50%, deprimiendo todavía más la situación económica del nuevo estado.

Atendiendo a las cifras anteriores, en un ejercicio de simulación en el que se considere un escenario de secesión unilateral sin conflicto civil o bélico de podemos estimar que el coste estrictamente económico de la separación ascendería aproximadamente a 250.000 millones de euros, esto es aproximadamente el 125% del PIB catalán.

No deja de ser un punto de referencia sobre una cuestión cuyas consecuencias serían en una primera aproximación, y al margen de otro tipo de consideraciones más viscerales, absolutamente negativas desde el punto de vista económico.