La Comisión Europea propuso hoy adelantar a España 2.300 millones de euros de ayudas del presupuesto comunitario en los años 2009 y 2010 para ayudar a mantener empleos en las empresas afectadas por la crisis económica y a recolocar a las personas que han perdido su puesto de trabajo.
De forma extraordinaria, durante este periodo Bruselas financiará el 100% de los proyectos que se pongan en marcha a cargo del Fondo Social Europeo, y dispensará al Gobierno y a las comunidades autónomas de la obligación de aportar entre el 50% y el 15% de las ayudas, según los casos, que se aplica normalmente.

Con esta iniciativa no se modificará el reparto de los fondos ya acordado para España, que recibirá un total de 8.000 millones de euros en el periodo 2007-2013. Tampoco hay dinero extra. Pero sí que se acelerará la puesta en marcha de los proyectos aliviando la carga de Gobierno y comunidades autónomas en el peor momento de la crisis.

Para el conjunto de los países de la UE, Bruselas propone adelantar 19.000 millones de ayudas del presupuesto comunitario en los años 2009 y 2010.

De hecho, se trata de ayudar a aquellos países que tienen problemas para utilizar los fondos europeos porque, debido a la crisis, no disponen de dinero para cofinanciar los proyectos.

España tiene previsto utilizar la financiación del Fondo Social Europeo para formación, impulso del espíritu empresarial, aumento de la presencia de mujeres en el mercado laboral y su inserción profesional y elevar la baja productividad de la economía con proyectos de I+D y formación continua.

La otra medida estrella que propone Bruselas consiste en reasignar 100 millones de euros del presupuesto actual de la UE para crear un instrumento financiero cuya función será proporcionar microcréditos a quienes normalmente tendrían dificultades para acceder a los fondos necesarios a fin de crear una empresa o una microempresa. Este dinero, combinado con la financiación procedente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), movilizará recursos por valor de 500 millones de euros.

Estos microcréditos apoyarán a las personas en riesgo de no obtener fondos para la creación de una empresa, tales como las personas que han perdido recientemente su trabajo, y reforzarán el empleo en las microempresas que deben hacer frente a la crisis crediticia.

El Ejecutivo comunitario pretende que los jefes de Estado y de Gobierno den un respaldo político a estas medidas en la cumbre que celebrarán los días 18 y 19 de mayo.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, afirmó que el impacto de la crisis en el empleo es su "principal preocupación". "En esta semana de elecciones, sería un grave error para Europa dar la espalda a este problema", resaltó, al tiempo que admitía que la mayor parte de las competencias para combatir el paro son nacionales y que la UE sólo puede ayudar.

"Europa adoptó rápidamente medidas para responder a la crisis económica. Cuando se escriban los libros de historia, creo que se verá que esto salvó millones de empleos", resaltó Barroso. Pero agregó que "no puede haber una recuperación económica basada en el hundimiento social, del mismo modo que no puede haber progreso social en un desierto económico".

PRIORIDAD A LOS JÓVENES

El Ejecutivo comunitario reclama además a los países de la UE que asuman el compromiso de proporcionar como mínimo cinco millones de plazas de aprendizaje en toda la UE para los jóvenes que se enfrentan al desempleo, y el establecimiento de objetivos para proporcionar rápidamente a los jóvenes en paro oportunidades de formación o trabajo.

Los Gobiernos deben comprometerse a ofrecer rápidamente una oportunidad de formación o trabajo a cada persona en paro: en el plazo de un mes para los jóvenes menores de 20 años, de dos meses para los menores de 25 años y de tres meses para los mayores de 25 años.

EL Ejecutivo comunitario también pide a las empresas que apuesten por reducir el puesto de trabajo en lugar de eliminar puestos de trabajo viables, y que aprovechen para formar mejor a los trabajadores recurriendo a las ayudas europeas.

Asimismo, sugiere reducir los costes laborales no salariales, y dar incentivos a la contratación y la promoción de oportunidades de trabajo para las personas con bajo nivel de cualificación en servicios de cuidados y a domicilio.