El inicio de este proceso certifica que la operación tiene dimensión comunitaria, y como tal es la Comisión Europea la encargada de analizar consecuencias sobre la competencia, así como de aprobar, vetar o condicionar la operación. De este modo, Bruselas deberá analizar si la fusión obstaculiza la competencia en el mercado europeo, atendiendo al dictámen negativo que recibió del gobierno italiano por considerar que la presencia de ACS en el capital de Abertis constituye un 'conflicto de intereses'.