La semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó la puesta en marcha del nuevo impuesto de solidaridad dirigido a las grandes fortunas, aquella scon más de 3 millones de euros, que será deducible del impuesto del patrimonio y que afectará a unos 23.000 contribuyentes, esto es, un 0,1% del total.
El nuevo impuesto entrará en vigor el próximo mes de enero y estará vigente durante los años 2023 y 2024 con un potencial de recaudación para el estado de 1500 millones de euros.
Un gravamen que tendrá tres tramos: un tipo del 1,7% para patrimonios entre 3 y 5 millones d euros, del 2,1% para patrimonios entre los 5 y los 10 millones de euros y del 3,5% para aquellos contribuyentes con patrimonio de más de 10 millones de euros.
La medida diseñada por Montero está especialmente dirigida a evitar el contagio en la eliminación del impuesto de patrimonio entre Comunidades Autónomas. Un tributo que va especialmente contra Madrid, que tiene bonificado el Impuesto de Patrimonio, Andalucía -que ya ha comunicado que lo suprimirá el próximo año- y otras autonomías gobernadas por el Partido Popular como la de Galicia que plantea mejorar las actuales condiciones de tributación, aumentando hasta el 50% la bonificación actual.
Además, el gobierno elevará en un punto, hasta el 27% de las rentas del capital superiores a los 200.000 euros en el IRPF y, para plusvalías superiores a los 300.000 euros, el tipo se elevará hasta el 28%. Una medida con la espera recaudar 204 millones y que afectará a 17.814 contribuyentes.
En el IRPF no se tocan tramos, pero se aplicarán beneficios fiscales a las rentas bajas. Esto consiste en aumentos por la reducción de rendimientos de trabajo a los trabajadores con rentas de 18.000 a 21.000 euros.
"Esta reforma fiscal, mucho más ambiciosa de lo que inicialmente estaba previsto por la parte socialista del Gobierno, es la mejor noticia para tener servicios públicos mejor financiados. Lo público es lo que nos hace iguales en derechos y, por tanto, verdaderamente libres", ha asegurado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra aunque ha advertido que no dejarán de trabajar “en una reforma fiscal estructural que nos homologue a otros países de Europa y equilibre definitivamente la balanza fiscal para que los ricos paguen lo que les corresponde".
