Ya no se discute el modus operandi de una resolución desde arriba de esta crisis. Está más o menos claro para la mayor parte de los analistas competentes que los países que adolecen de abultados déficits fiscales y exteriores no tienen otra opción que encauzar sus finanzas públicas, lo que al mismo tiempo permitirá a Alemania acoger de buen tono una mayor integración fiscal, bancaria y política, que sería la siguiente etapa para la salvación del proyecto europeo.


Ahora bien, más allá de decepciones y retrasos, ¿cómo negar que Irlanda, Portugal e incluso Grecia, y por supuesto Italia y España están haciendo grandes esfuerzos para recuperar el equilibrio? Entonces, ¿dónde está el escollo? Fundamentalmente en el alcance de la misión. La ineficacia de las inyecciones de liquidez del BCE para reactivar la economía real demuestra claramente el atolladero en el que se encuentra la financiación bancaria en la zona del euro. El crédito al sector privado ha empezado a contraerse, sumándose a las presiones deflacionistas de una economía global ralentizada. Esta tendencia complica considerablemente el ejercicio de desendeudamiento de los estados, que no logran convencer a los mercados de que la trayectoria de su deuda pública podría cambiar seriamente en este contexto.

Sin embargo, es obvio que la fuerza de choque del Mecanismo Europeo de Estabilidad —tal como está previsto actualmente, es decir, sin «licencia bancaria»— no es suficiente para contrarrestar estas presiones deflacionistas. Los países de la Unión Europea están indefensos ante ello. Tan solo el Banco Central Europeo podría, a día de hoy, intervenir de forma convincente y detener esta espiral deflacionista. Cuando la presión sea lo suficientemente intensa.