El Gobierno hizo públicas la semana pasada las líneas maestras de las más de 200 páginas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para lograr movilizar y gestionar los 140.000 millones de euros que la UE ha otorgado a España dentro de los 750.000 millones de euros de su Next Generation EU y que Moncloa deberá remitir a Bruselas antes de finales de abril. Previa autorización del Congreso.
A la espera de superar el escrutinio del Ejecutivo comunitario que va a ligar el despliegue de los fondos a la activación y aprobación de una agenda reformista cuyas directrices se concentrarán en la corrección de los déficits productivos, los cuellos de botella que obstruyen el crecimiento y la creación de empleo y en las anomalías financieras y fiscales que entorpecen la consolidación presupuestaria a medio plazo. Y que, en el caso español, se traduce en cambios legislativos que contribuyan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, a una nueva regulación laboral que acabe con la temporalidad y, como al resto de socios de la UE, a impulsar medidas de digitalización y neutralidad energética.
En esta primera remesa los planes nacionales desgranan los cauces por los que circularán las entregas monetarias europeas para el actual trienio. La mitad del cheque al portador que España recibirá, esencialmente, a través de transferencias. De estos 70.000 millones, uno de cada cuatro euros, si la economía española recibe el plácet de Bruselas, irán destinados al fomento del coche eléctrico y la rehabilitación de viviendas, inmuebles y espacios urbanos y rurales.
La mayor partida se la llevará, según el plan de Moncloa, la estrategia de movilidad sostenible, con la electrificación de vías públicas, la instalación de puntos de recarga y el apoyo a los coches eléctricos, que absorberá 13.200 millones de euros. Mientras que el programa para rehabilitar viviendas, que incluye mejoras de accesibilidad y sostenibilidad energética, será el beneficiario de otros 6.820 millones de euros.
El equipo económico español despieza, además, otras ocho áreas que obtendrán la vitola de preferenciales para recabar los 50.000 recursos europeos del trienio 2021-2023: la modernización de las administraciones públicas (4.315 millones de euros), la digitalización de las pymes (4.060 millones), el impulso del 5G (casi 4.000 millones), política industrial y estrategia de economía circular (3.780 millones), el plan de competencias digitales (3.590 millones), la modernización del sector turístico (3.400 millones), el desarrollo del sistema nacional de ciencia e innovación (3.380 millones) y el despliegue e integración de las energías renovables (3.165 millones).
El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, enumeraron, además, las reformas prioritarias, entre las que citaron, en distintos actos oficiales, la del sistema energético, la de la enseñanza y la Formación Profesional, medidas para fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas y una nueva política de modernización de la industria.
Así como tres cambios legislativos sensibles: en materia tributaria, para el que se ha creado un comité de expertos encargado de proporcionar una reordenación y reorientación del mapa impositivo, en el sistema de pensiones.
Estos cambios incluyen modificaciones financieras notables y nuevas normas de incentivación para retrasar la jubilación o la creación de planes de retiro colectivos en empresas, a autónomos y para empleados públicos y la “adecuación” del mercado laboral a una estructura contractual que prime el trabajo fijo y rebaje los altos niveles de temporalidad hasta reducirla a tres tipos: estable, temporal y de formación.
En este apartado, avanza cambios en la negociación colectiva, asunto que está en la mesa de negociación de los agentes sociales: sindicatos y patronales.
En sus 212 páginas, el texto del Ejecutivo, que recibió luz verde de la Comisión Interministerial de Recuperación y Resiliencia, antes de su aprobación en Consejo de Ministros, aporta también una serie de predicciones económicas sobre los efectos que tendría la llegada y canalización de los 140.000 millones de euros a España, de los que 72.000 son ayudas directas.
Las proyecciones del equipo de la vicepresidenta segunda calculan que con estas inyecciones monetarias el ritmo de crecimiento de la economía aumente un 2% adicional al año durante la ejecución del plan y se creen 800.000 puestos de trabajo. De cumplirse las predicciones, en 2024, el PIB hispano será capaz de superar en casi 10 puntos su nivel previo al inicio de la epidemia.
Las perspectivas de futuro de los directivos españoles
Las empresas observan el efecto dinamizador sobre la economía de los fondos de recuperación europeos. Pero desvelan matices y puntos de preocupación. Tal y como se constata en el estudio Perspectivas España 2021 realizado conjuntamente por KPMG y la patronal CEOE. En el que han participado 1.400 empresarios y directivos de más de 25 sectores y de todas las comunidades autónomas. Las respuestas de este sondeo de opinión, realizadas entre noviembre de 2020 y el mes de enero de 2021, pertenecen, en un 43% a presidentes de compañías, directores generales o consejeros, y un 49%, a directivos.
El 34% de las compañías tiene más de 1.000 empleados y un 39% de ellas factura más de 200 millones al año. Las dos terceras partes -el 66%- dicen, por ejemplo, no esperar el retorno a sus niveles de ingresos previos a la Covid-19 hasta 2022. Si bien el 39% de las empresas confía en que la coyuntura mejore en 2021, cinco puntos más que en julio del año pasado. Para este ejercicio, el 69% de los empresarios prevé aumentar o mantener sus plantillas (29 y 38%, respectivamente). Mientras el 44% de las empresas califica su situación actual como “sensible”, aunque espera eludir la crisis aplicando medidas, y un 5% la tilda de “preocupante” y, por ende, considera que su supervivencia está en riesgo. Siete de cada diez de ellas siguen calificando la situación económica española de mala o muy mala.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, asegura que “nos enfrentamos a un ejercicio que va a ser decisivo para nuestro futuro económico y de modelo de país”. Por su parte, el presidente de KPMG España, Hilario Albarracín, precisó que “las empresas esperan recuperar progresivamente sus ventas a lo largo del año, aunque son conscientes de que 2021 todavía presenta muchas incógnitas y será, previsiblemente, un ejercicio de transición”.
La mayoría asume la convivencia con el coronavirus al menos durante doce meses y, pese a ello, esperan aumentar su facturación a lo largo del ejercicio, sabiendo que no será hasta, al menos, el año 2022, cuando se restauren las ventas previas a la pandemia”.
En 2020, el 50% de las compañías se vio obligada a ajustar sus plantillas, así como el 47% sus inversiones y el 45% los costes de producción. Aunque en 2021 las perspectivas de generación de empleo mejoran. Entre casi tres de cada diez compañías. Por sectores, el de tecnología es el que presenta un mayor porcentaje de empresas que aumentarán su plantilla, un 66%, mientras que el 59% de las empresas turísticas reducirá su fuerza laboral, seguidas de banca, un 57%, y restauración, un 53%. Este año -revela la encuesta- la inversión, en términos netos, permanecerá estable, ya que un 33% anticipa que la mantendrá igual, un 36% la aumentará y un 32% señala que la reducirá.
Las tecnológicas, el sector público y la gestión de activos son los segmentos en los que la inversión se incrementará con mayor vitalidad este ejercicio: en un 66%, un 56% y un 53%, respectivamente. De entre los perfiles profesionales más demandados para este año, los tres primeros tendrán mucho que ver con la digitalización: gestores de la transformación digital, 62%; expertos en ciberseguridad, 46%, y especialistas en tecnologías emergentes como inteligencia artificial, un 42%.
En cuanto a la financiación, un 52% de los encuestados señala que quiere obtenerla con objeto de sufragar su crecimiento orgánico, un 25% para refinanciar deuda y el 22% para poder abordar operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A). En 2020, un 52% realizó reestructuraciones operativas y un 39% financiaciones o refinanciaciones de deuda. En los 12 próximos meses un 36% tiene pensado ponerlas en marcha.
El estudio demoscópico entre el sector privado español pone de manifiesto que la pandemia ha sacado a relucir la necesidad de transformar el modelo productivo con el fin de hacerlo más resiliente frente a eventos disruptivos. Los fondos europeos desempeñarán un papel esencial en esta tarea, impulsando una economía digital y verde, y respondiendo a las demandas de la sociedad.
El 46% de los encuestados quiere optar a estos fondos, un 18% lo descarta y el 36% restante todavía no sabe si los solicitará. Mientras un 63% de quienes ignoran si disponen de proyectos elegibles esgrimen como principal razón el desconocimiento de requisitos concretos del plan español.
La modernización y digitalización industrial, la transición energética justa e inclusiva y, a cierta distancia, las infraestructuras y los ecosistemas resilientes son los factores que despiertan un mayor interés entre los encuestados que se plantean optar a estos fondos. Casi la mitad de los encuestados, un 49%, consideran que la debilidad de la demanda interna y el alza de impuestos son las dos principales amenazas a las que la economía española deberá hacer frente en los próximos doce meses.
A continuación, se sitúa la incertidumbre política, que señala el 46%, y los posibles rebrotes del virus, que selecciona el 39%. Cuando se les pregunta por los riesgos que afectan a su negocio, el 58% de los encuestados incluye los riesgos de demanda, un 47% marca los regulatorios y un 35% los operacionales. Los riesgos asociados a la digitalización, como los ciberataques, con un 28%, los tecnológicos, con un 20%, y los de talento, con un 18%, se sitúan en una posición destacada.
También conceden prioridad máxima a la transformación digital. La digitalización es el mayor reto para el 68% de las empresas encuestadas ante la nueva realidad, siendo la transformación tecnológica una de sus tres prioridades estratégicas para el 62%. Las herramientas tecnológicas serán el principal destino de inversión en 2021.
