Los contribuyentes que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y de sus pagos a la Seguridad Social no podrán acogerse a las ayudas directas para la adquisición de automóviles contempladas en el Plan 2000E, informaron a Europa Press en fuentes oficiales. Entre la documentación que se exigirá a los conductores para recibir las ayudas, que se situarán en un mínimo de 1.500 euros por operación, figura una declaración del beneficiario de encontrarse al corriente de sus obligaciones "ante la Hacienda Pública y la Seguridad Social".
El resto de la documentación exigida incluye una copia de la factura, la ficha técnica del vehículo a adquirir, el certificado de destrucción del coche entregado para el achatarramiento u otros documentos que se consideren necesarios para el control de las operaciones.

RECTA FINAL DE LAS AYUDAS.

Por otro lado, los concesionarios de automóviles que más colaboren con el Plan 2000E tendrán preferencia en la utilización del programa en su recta final, esto es, cuando se consuma el 80% del presupuesto de cien millones de euros consignado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y queden por agotar 20 millones de euros para las ayudas.

Así, cuando la entidad colaboradora designada por Industria para la gestión del programa de ayudas directas detecte que se han agotado el 80% de los fondos públicos presupuestados y sólo quede un 20% de los mismos, se procederá a efectuar un prorrateo entre los agentes de ventas que hayan utilizado el plan, proporcional a su uso.

Por consiguiente, cuando queden 20 millones de euros de presupuesto porque el resto se haya consumido, "se prorrateará entre cada agente de venta un porcentaje equivalente a los fondos públicos que cada uno haya aplicado hasta la fecha". Además, la entidad colaboradora deberá comunicar a cada agente de ventas los fondos que le quedan disponibles para aplicar las ayudas públicas hasta la finalización del Plan 2000E.

DOS DESCUENTOS.

En otro orden de cosas, el descuento de 1.000 euros por operación que efectuarán los fabricantes e importadores se aplicará sobre el precio franco-fábrica del vehículo. Sobre el importe resultante, se aplicarán los impuestos previstos (IVA e impuesto de matriculación) y de este precio final se detraerán los 500 euros de ayuda que aporta el Gobierno central y, en su caso, la bonificación que efectúen las comunidades autónomas.

Los concesionarios tendrán que adelantar las ayudas públicas, que serán reembolsadas a los agentes de ventas cada quince días por una entidad colaboradora designada por Industria. Esta entidad presentará mensualmente ante el Ministerio un informe con las operaciones realizadas por cada agente, los fondos aplicados en cada operación y la documentación justificativa de la transacción y de los pagos.