Nota del editor: Fisher Investments no tiene preferencia por ningún partido o líder político en ningún país. En general, pensamos que los sesgos políticos son perjudiciales para los inversores e inducen a errores de inversión. Analizamos la política internacional exclusivamente por su posible impacto en la economía y el mercado.
Algunos países europeos celebrarán elecciones generales durante 2019 –y al Parlamento Europeo–. La proximidad de la convocatoria provoca en la prensa económica encendidos debates en torno al populismo, la fragmentación parlamentaria y el riesgo de que la agitación política afecte a los mercados financieros europeos. El primero en votar será España, el 28 de abril. A medida que se aproxime la cita electoral, la incertidumbre podría aumentar, si bien pensamos que debería disiparse rápidamente, ya que, en nuestra opinión, es probable que los resultados prolonguen el statu quo actual, el estancamiento político continúe y ello refuerce a los mercados bursátiles.
En España se han alternado diferentes gobiernos en minoría, inactivos y bloqueados desde las elecciones generales de diciembre de 2015. El resultado en esa ocasión, nada concluyente, forzó la siguiente convocatoria de junio de 2016, a la que le sucedió un periodo de nueve meses sin gobierno. Al final, el entonces presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el Partido Popular (PP), de centro-derecha, formaron un ejecutivo sin contar con la mayoría de los escaños del Congreso –170 de un total de 350–, conque no consiguieron tramitar muchas iniciativas. En junio de 2018 y tras un escándalo de corrupción que involucró al PP, en la Moncloa se instaló un gobierno de centro-izquierda socialista (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, en una situación de minoría aún más precaria que la anterior que le obligaba a recabar el apoyo de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos para mantenerse en el poder. Una vez más, la parálisis ha sido la responsable de la falta de éxitos políticos. Tanto es así que ni siquiera se logró aprobar el presupuesto por la negativa de los separatistas, que esgrimieron el argumento del juicio a los dirigentes del referéndum de independencia ilegal de 2016. Con el colapso del Gobierno, a Sánchez no le quedaba más remedio que anticipar la convocatoria de elecciones.
Hasta la fecha, las encuestas han dado a entender que ningún partido político conseguirá la mayoría absoluta ni será capaz de formar un gobierno de coalición sólido; datos en cualquier caso que apuntan a una persistencia del estancamiento político. PP y PSOE, los dos partidos mayoritarios, liderarían los resultados con el 25,4% y el 22,8% de los votos, respectivamente. Los partidos más pequeños, Ciudadanos (CS) –de centro– y Podemos –de izquierdas–, obtendrían el 18,1% y el 14,3%, respectivamente. Por lo tanto, ni sumando los porcentajes de los dos partidos principales con los de sus afines ideológicos, ninguno de los dos bloques quedaría cerca de una mayoría con capacidad de gobierno. PSOE y Podemos, que comparten puntos de vista en muchos ámbitos, suman un 39,7%; por su parte, PP y CS quedarían ligeramente por encima con el 40,9%. Este aparente dilema se resolvería con el concurso de Vox –partido populista euroescéptico de extrema derecha– en un posible acuerdo de las fuerzas de la derecha, por más que, a nuestro juicio, ese desenlace resulte complicado de gestionar. Las ideas de Vox seguramente no coincidan tanto con las de sus potenciales socios, así que la parálisis legislativa estaría prácticamente garantizada. Por otro lado, tampoco es seguro que esta coalición tripartita obtenga la mayoría: a varias semanas vista de la votación los tres partidos solo suman un 50,6% agregado en las encuestas.
El bloqueo también parece la consecuencia más plausible en caso de que otros partidos logren consensos. Un posible gobierno socialista seguiría necesitando los votos independentistas, a pesar de que Sánchez no haya dado su brazo a torcer y el juicio a los líderes secesionistas continúe su curso. Por consiguiente, pensamos que la constitución de un gobierno se demorará irremediablemente y culminará en una coalición inestable u otro tipo de acuerdo en minoría.
Impacto de la política en la economía y en los mercados
En cuanto al impacto de la parálisis política, la economía española ha crecido durante esos periodos. Desde el primer trimestre de 2016, poco después del comienzo de la fragmentación política, el PIB ha promediado en España un avance anual del 2,7%, mientras que en la eurozona lo ha hecho un 2,0% en el mismo periodo. Una buena parte de la recuperación se debe, en nuestra opinión, a la reforma laboral aprobada en España tras la recesión, mediante la cual se liberalizó el mercado de trabajo y permitió a las empresas optimizar su actividad. Es probable que el estancamiento político impida a los políticos derogar dicha reforma.
Desde nuestro punto de vista, la parálisis política suele limitar el riesgo de que se aprueben grandes reformas y mantiene las condiciones en las que se desenvuelven las empresas, ayudándolas a planificar su actividad de cara al futuro. Mientras que muchos electores parecen preferir gobiernos activos y políticas supuestamente favorables al progreso económico, consideramos que los cambios legislativos profundos que afectan a las empresas suelen generar ganadores y perdedores y potencian la incertidumbre; de ahí que nuestro parecer al respecto sea que dicha actividad reguladora supone más bien un freno a la inversión privada y desencadena vientos en contra para el crecimiento. Asimismo, dado que las empresas han de adaptarse al entorno cambiante, pensamos que la nueva legislación a menudo provoca mayores gastos y, en consecuencia, lastra los beneficios. Por lo tanto, insistimos en que el estancamiento político es positivo para los mercados bursátiles, así que las empresas deberían estar de enhorabuena ante tal perspectiva. Seguramente ese será el escenario que se abrirá en España a partir de las elecciones generales del 28-A.
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