Que el sector de los medios de comunicación es de los más castigados por la actual situación económica del país no es una sorpresa, como tampoco lo es la cuantiosa deuda, que supera en total los 5.000 millones de euros, “sólo reducible de manera ostensible mediante una fusión”, apuntó Elena Martín, gestora de inversiones de Unicorp Patrimonio
, a la que el gigante PRISA está teniendo que hacer frente, y la cual se vio reflejada en los resultados publicados por el grupo de comunicación el pasado jueves 22 de octubre, cuando anunció un descenso de su beneficio neto del 78% entre enero y septiembre.
Cuando hace prácticamente tres años el grupo presidido por la familia Polanco lanzó una OPA sobre el 100% de su filial Sogecable, que ya controlaba y que buscaba consolidar todos los negocios de la compañía en una sola empresa, pocos podían pensar que aquella operación, aparentemente inocua, iba a convertirse en el detonante de la descomposición del mayor grupo de comunicación español. Ahora, después de verse obligado a dar entrada a socios ajenos en el capital y gestión de su negocio de producción audiovisual (Media Capital), radio (Unión Radio) y educación y editorial (Santillana), así como a buscarlos para su plataforma de televisión de pago, Digital +, PRISA ha tenido que prorrogar hasta en tres ocasiones –marzo de 2010 es la fecha límite- el préstamo de 1.950 millones de euros que pidió a un sindicato de bancos para llevar a cabo dicha OPA, y que a día de hoy es la principal losa de la compañía.
Sin embargo, y pese a estar obligados a entenderse, las entidades no han renegociado la deuda sin condiciones y PRISA se ha tenido que comprometer a alcanzar ciertos niveles de fondos propios, ratios de deuda sobre EBITDA y nivel de liquidez que, de incumplirse, llevaría aparejada la ejecución de la deuda y de las sociedades con que se garantiza. Lo que es seguro es que la compañía necesita un giro drástico ya que a ojos de los analistas el rumbo no es bueno. “Prisa no nos gusta desde hace tiempo, no nos gusta su política, no nos gusta cómo está afrontando la crisis y no nos gusta la dirección que está llevando”, matizó Gonzalo Cantarela, director de GC Gestión Privada.
Otro de los sectores azotados por la crisis ha sido el inmobiliario, después de que la explosión de la famosa “burbuja” echara por tierra el rascacielos de millones que movía. Así, desde Sacyr Vallehermoso, que ahora camina algo más tranquila al haber recortado su deuda en un 20% entre finales del 2008 y el cierre del primer semestre de este año, hasta Reyal Urbis o Inmobiliaria Colonial, varias han sido las compañías que han tenido que enfrentarse al bis a bis con sus bancos para acordar nuevas condiciones de financiación. De hecho, la dos últimas, se encuentran esta misma semana en plenas negociaciones.
En el caso de Reyal Urbis fue el pasado martes cuando Lazard –banco especialista en refinanciación- consiguiera su objetivo: Los bancos acreedores están dispuestos a discutir el plan de salvación de la inmobiliaria hasta finales de año. Para saldar la deuda, que asciende a casi 5.000 millones de euros, la compañía deberá determinar los activos con más posibilidades de venta, además de congelar todo tipo de operaciones e inversión. Por su parte, el futuro de Inmobiliaria Colonial está en manos de ING, ya que es el banco holandés quien se resiste a firmar la propuesta de refinanciación de la deuda -6.400 millones de euros- al no convencerle las garantías que respaldarán al crédito por conceder a la empresa presidida por Juan José Bruguera. No obstante, el acuerdo parece cuestión de tiempo ya que el grueso de entidades (Caylon, Goldman Sachs, BBVA o Caja Madrid) ya han dado el visto bueno al plan, que se divide en tres puntos: por un lado, la segregación en una sociedad de las reservas de suelo de Colonial -que a junio de 2009 ascendían a 1,7 millones de m²-, por otro lado, de Riofisa, la filial especializada en el desarrollo de centros comerciales, y, por último, una quita de alrededor de 1.000 millones de euros.
Renegociación de la deuda: qué es y fases que la componen
La renegociación de la deuda está a la orden del día, tanto en la práctica como en la teoría. Fue desde el punto de vista intelectual desde donde el pasado jueves 15 de octubre de 2009, se trató el asunto en una de las conferencias de la décima edición de CapCorp -conferencia anual en España para los profesionales del sector de Capital Riesgo y Fusiones & Adquisiciones-.
Concretamente, en la conferencia “Refinanciación y Reestructuración de la deuda: Las nuevas reglas del juego”, fue dónde Pablo Cervera, managing director de Atlas Capital Close Brothers definió la refinanciación como “una solución para todos, un mal necesario en el que bancos y empresarios quieren completar el proceso con éxito; las empresas para conseguir la viabilidad financiera necesaria para sus compañías y, los bancos para poder cobrar sus deudas a corto plazo”. Para que el acuerdo se logre desde Atlas Capital trabajan dividiendo el proceso de reestructuración en tres partes: una fase previa de organización y de preparación de todo lo necesario para poner en marcha las negociaciones, seguida de una fase de comunicación y negociación con bancos y, finalmente, un proceso de cierre.
En este sentido, tanto Pablo Cervera como Iván Marina, managing director de Lincoln International coinciden en la “gran importancia de la fase previa de organización”, donde es vital conocer el pull bancario, saber quiénes son las entidades con las que se va a producir la negociación y llevar a cabo la misma de manera conjunta con el fin de acortar plazos (este tipo de procesos suele prolongarse de 3 a 6 meses) y reducir costes. Además los expertos señalan lo fundamental de “plantear una nueva estrategia empresarial para garantizar la viabilidad de la compañía”.
Marco legislativo
Para que el proceso de renegociación de la deuda se lleve a cabo de la manera que se acaba de explicar era necesaria una reforma legal, también tratada en la conferencia de CapCorp 2009, en este caso por Rossanna D´Onza, socia del Área de Derecho Bancario y Financiero de Backer&Mckeinze.
Así, el 1 de abril de 2009 entró en vigor el Real Decreto Ley 3/2009, que permite evitar el concurso de acreedores de manera legal ya que hasta la promulgación de dicha ley todo deudor que no pudiera hacer frente a sus pagos regularmente estaba obligado, en un plazo de dos meses (ahora ampliado hasta los tres meses), a solicitar voluntariamente el concurso de acreedores.
Una vez transcurrido el plazo, si ha logrado acuerdos suficientes de aplazamiento de pago, el deudor deberá poner en conocimiento del Juzgado que ha desparecido su estado de insolvencia y, si no ha conseguido esto, deberá solicitar el concurso de acreedores ante el mismo Juzgado.
