El PNV ha puesto en cuestión que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, encargue un nuevo diagnóstico de la situación de exclusión financiera en España cuando el Gobierno ya ha patrocinado otro recientemente, el realizado por la plataforma de entidades sociales EAPN España.
Concretamente, tal y como recuerda en un escrito registrado en el Congreso su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, este informe contó con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra.
Sagastizabal ha planteado una batería de preguntas al Gobierno en las que inquiere la razón por la que es necesario un nuevo informe que Calviño ha decidido encargar al Observatorio para la Inclusión Financiera, qué plazo tiene para el mismo y si la banca va a plantear nuevas medidas para garantizar que existan personas que se queden fuera de estos servicios.
Estas son algunas de las medidas acordadas tras la reunión el pasado 20 de enero entre la vicepresidenta Calviño, las patronales de la banca, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito y el Banco de España.
Las citadas patronales bancarias, señala Sagastizabal, se han comprometido a revisar su Protocolo Estratégico para reforzar el comrpomiso social y sostenible de la banca, por lo que la diputada del PNV pregunta si han especificado cuáles son los puntos a modificar.
En su iniciativa, la responsable económica de los nacionalistas vascos en el Congreso destaca la campaña 'Soy mayor, no idiota' que denuncia la desaparición de servicios presenciales en la banca y las dificultades que sufren los mayores, al carecer muchos de la formación digital adecuada para poder acceder a operaciones básicas.
Sin embargo, alerta que la exclusión financiera no sólo afecta a personas mayores, sino también a otros colectivos, como el migrante o a personas con menos recursos por falta de ingresos o precariedad laboral.
