Varios partidos han registrado iniciativas en el Congreso para garantizar la asistencia presencial en la prestación de servicios, tanto del sector bancario como de la propia Administración, tras el éxito de la campaña 'Soy mayor, no idiota', lanzada por un jubilado de 78 años, que recoge firmas para exigir sucursales físicas y atención presencial a los bancos.

Carlos San Juan, inició su campaña hace dos meses, pero fue a mediados de enero cuando adquirió protagonismo mediático. Ya ha recabado más de medio millón de firmas a través de 'change.org' y en las últimas dos semanas han sido varios los partidos que se han hecho eco de su reivindicaciones en el Congreso y los que han reclamado también que se garantice la asistencia personal para trámites administrativos.

El PSOE, por ejemplo, ha registrado una proposición no de ley destinada a aplicar el principio constitucional de no discriminación por razón de edad en el campo digital y atajar la llamada brecha digital.

En concreto, plantea ayudas de asistencia y medios presenciales alternativos para facilitar el acceso a servicios públicos digitales a quienes, por su edad o situación de vulnerabilidad social, no cuenten con competencias digitales o medios técnicos para acceder a estos servicios.

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En su iniciativa, recogida por Europa Press, los socialistas proponen también facilitar la formación digital de personas mayores en "espacios cívicos de proximidad y gratuitos".

También el otro partido intregrante del Gobierno, Unidas Podemos, ha registrado su propia proposición no de ley en esta materia, al igual que antes hizo Más País-Equo, aunque ambos más allá de la administración y extienden estas exigencias al sector privado, particularmente a las empresas de servicios esenciales.

Concretamente, Unidas Podemos apuesta por fijar unas exigencias mínimas para que bancos y compañías energéticas, de suministro de aguas o cualquier otra que preste servicios esenciales, habiliten atención presencial a la ciudadanía, con especial atención a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

De su lado, Más País-Equo propone aprovechar la futura Ley de servicios de atención al cliente para garantizar que ninguna persona sufra exclusión financiera. Para ello, plantea reconocer el acceso al dinero efectivo como servicio universal, obligando a la banca un mínimo de cajeros automáticos y oficinas.

Y también el PP ha hecho suya la reivindicación de Carlos San Juan y ha registrado hasta sendas iniciativas pidiendo que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para evitar "la exclusión financiera que se cierne sobre los españoles más vulnerables, por la amenaza digital en la prestación de servicios bancarios y el cierre de oficinas".