Los operadores de telecomunicaciones tendrán que subsanar, asumiendo el coste de la actuación, el 90% de las interferencias que pueda haber entre las estaciones base de 5G situadas en la banda de 700 MHz y la recepción de televisión en los hogares en un plazo de tres días hábiles.
Según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el plazo de actuación contará a partir de la notificación por parte de los usuarios afectados y regirá siempre y cuando se facilite acceso al sistema de recepción por parte de los ciudadanos o su representante.
En actuaciones generales, el plazo es de cinco días hábiles y el Gobierno permitirá a los operadores solicitar audiencia con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para ampliarlo en momentos de alta demanda.
En un informe publicado el pasado martes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sugirió dos días de plazo, así como una campaña publicitaria en televisión que no se ha incorporado tampoco a la orden.
La medida afecta a Orange, Vodafone y Telefónica, las tres operadoras con licencias de espectro en la banda de 700 MHz, la más cerca a los servicios televisivos (que antes se prestaban en esa banda y fueron desplazados a bandas más bajas por el primer y segundo dividendo digital).
Para solucionar las interferencias que se han producido en algunas pruebas, el Gobierno y las empresas de recepción televisiva facilitarán datos de los emplazamientos de cara a que las operadoras puedan comprobar antes de activar la estación base si hay comunidades sujetas a recibir interferencias.
De no producirse estas comprobaciones, la Administración se reserva el derecho de ordenar el cese de emisiones de la estación base en cuestión.
En caso de que aún así se produzcan interrupciones de servicio, los ciudadanos tendrán un plazo de seis meses desde la estación base para hacer reclamaciones, periodo tras el cual el operador no estará obligado a resolverlas.
CENTROS ATENCIÓN Y AYUNTAMIENTOS
Así, la orden también obliga a los operadores a crear un centro de usuario conjunto que informe a los ciudadanos sobre esta posible problemática con atención telefónica gratuita y correo electrónico.
Además, también tendrán que llevar a cabo acciones de formación y divulgación en los ayuntamientos que lleven a la creación de una oficina técnica donde se informará a las entidades locales de los planes de encendido y las actuaciones que se lleven a cabo en cada municipio.
Los operadores tendrán un mes para entregar a la Secretaría de Estado su proyecto para cumplir con estas normativas y la persona que lo gestionará en nombre de las empresas implicadas.
