Los administradores concursales cobran el 53,46% de los honorarios a que tendrían derecho en los concursos de menos de 400.000 euros, un porcentaje que aumenta a mayor dimensión, con un máximo del 69,25% del cobro sobre la remuneración que debieran obtener, según un estudio encargado por la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac).

El informe, realizado por el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco (UPV), revela que, con respecto a la remuneración neta del administrador concursal y a la remuneración por horas, se llega a cifras en negativo para los concursos de menor tamaño en todas sus fases y los medianos en su fase de liquidación.

Así, en la fase común, se pierde más de 560 euros para pasivos inferiores a 400.000 euros, se gana 1.028 euros para pasivos entre 400.000 y 1,25 millones de euros y se obtiene 14.704 euros para pasivos superiores a 1,25 millones de euros.

"Estos números preocupan especialmente si tenemos en cuenta que los concursos de acreedores de pequeñas y medianas empresas constituyen alrededor de un 90% del total. No podemos seguir trabajando gratis y el nuevo proyecto de Ley Concursal sólo consigue acentuar el problema de los honorarios de los profesionales de la insolvencia", ha destacado el presidente de Aspac, Diego Comendador.

En cuanto al tiempo de dedicación, el estudio destaca que a mayor dimensión del mismo se precisan más horas, pero no existe una proporcionalidad en el incremento. En la fase común, se utilizan 150 horas para los concursos de menor dimensión, 229 horas para los concursos de una dimensión intermedia y 345 horas para los concursos de mayor dimensión.

De esta manera, los administradores concursales realizan una media de 40 horas de formación anuales, el doble de lo mínimo recomendable, mientras que su experiencia es muy elevada, en promedio más de 25 años y más de 40 concursos realizados en los 10 últimos años.

Por ello, Comendador ha destacado que es "una prioridad" la búsqueda de la excelencia y la especialización del sector y, por ello, llevan años exigiendo la elaboración de un Estatuto para los profesionales de la insolvencia que sea una garantía tanto para los administradores como para los propios procesos y para los deudores y acreedores.